martes, 30 de abril de 2013

El PSC quiere eliminar por ley las misas de los actos institucionales


Acusa al Govern de practicar «un nacionalcatolicismo vergonzoso»

Más, con el cardenal arzobispo de Barcelona, Lluis Martínez Sistach el pasado día 23 Efe

S. Doménech.  Barcelona.

El PSC se siente cómodo abriendo polémicas. La popularidad del primer secretario, Pere Navarro, ha subido muchos puntos desde que pidió la abdicación del Rey. No importó que le aguara a Alfredo Pérez Rubalcaba su intervención en el Debate del Estado de la Nación. Toda la familia socialista pasó a conocer al líder del PSC, que volvió a demostrar que puede ser un «enfant terrible» para sus compañeros cuando ordenó que los diputados del PSC se desmarcaran por primera vez en el Congreso de sus compañeros del PSOE en una votación.
Ahora, los socialistas vuelven a hacer un gesto para generar debate y en el que no están de acuerdo todos los socialistas. El PSC ha registrado en el Parlament una iniciativa para prohibir que los actos institucionales de la Generalitat y la Cámara catalana incluyan misas y otros actos religiosos, así como que una autoridad religiosa presida o copresida actos de estos organismos. En definitiva, los socialistas quieren, por ejemplo, que el Día de Sant Jordi la misa que ofrece el cardenal arzobispo de Barcelona previa a la bendición de rosas en el Palau de la Generalitat no forme parte de los actos institucionales. Les molesta que fuera el único acto y no hubiera una recepción institucional, explicó ayer el portavoz, Jaume Collboni.
La iniciativa es una proposición de ley para modificar la actual Ley de Presidencia. «El Govern practica un nacionalcatolicismo absolutamente vergonzoso, superado por la historia y por nuestro sistema democrático», apuntó Collboni, que añadió que «el Govern y el Parlament últimamente nos han convocado a misas católicas, que son absolutamente respetables, pero eso supone un gran atendado contra el carácter aconfesional del Estado y, por tanto, de la Generalitat».
En la iniciativa, el PSC recalca que la «creciente secularización, así como la convivencia de múltiples confesiones religiosas», hacen necesario garantizar el carácter aconfesional de todos los actos públicos y protocolarios del Govern y sus organismos dependientes.


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