Los abogados de Doña Cristina argumentan en
cinco puntos la inexistencia de indicios que justifiquen la decisión del juez
Castro
F. Velasco. Palma.
Madrid- «Evitar imputaciones arbitrarias», «indicios
débiles, inconsistentes e insuficientes para una imputación», la existencia de
tres autos «reiterando la ausencia de indicios suficientes para sostener una
imputación», «ajustó su conducta de modo escrupuloso al estándar de actuación
conforme al "principio de confianza"» al dimitir de la junta
directiva del Instituto Nóos tras conocer las «primeras polémicas mediáticas»,
el hecho de que no se pude imputar a nadie para que «tenga que acreditar su
inocencia» o la necesidad de tener un «especial cuidado en el momento de valorar
los posibles indicios que hipotéticamente podrían llevar a la imputación», dado
que al tratarse de una persona vinculada con la más alta institución del
Estado, la Corona, puede resultar «imposible evitar que se convierta –la
imputación– en un juicio de condena provisional, multiplicado por el papel
social de los medios de comunicación». Éstos son algunos de los principales
argumentos que esgrime la defensa de la Infanta Doña Cristina en su recurso
contra la decisión del juez Castro de imputarle en el «caso Nóos».
En un escrito de 32 folios, los abogados Miquel Roca y
Jesús María Silva intentan desmontar de forma pormenorizada la resolución del
instructor del procedimiento, al concluir que hay seis motivos que
justificarían la revocación de esa decisión por parte de la Audiencia
Provincial de Palma de Mallorca. Además, rechazan que pueda tener «validez
inculpatoria alguna» la declaración del ex socio de Iñaki Urdangarín, el
también imputado Diego Torres, ya que ésta se encuentra «en contradicción con
las abundantes diligencias de prueba practicadas» en la instrucción. Además,
considera que con esta imputación se vulneran los principios de igualdad y al
principio acusatorio.
1-Inexistencia de indicios
incriminatorios
La defensa de Doña Cristina sostiene que el hecho de
que figurase como vocal del Instituto Nóos es «absolutamente insuficiente» para
imputarla. Sin embargo, el juez, a partir de ese dato, dicta el auto de
imputación en el que «pretende llevar a cabo una serie de inferencias
extraordinariamente abiertas e indeterminadas». Además, pone de manifiesto que
hay varias resoluciones judiciales –en concreto, tres autos– dictadas en 2012
«que han afirmado que los supuestos indicios suficientes para imputar» a la
Infanta «sencillamente, jamás han llegado a existir». Ello adquiere relevancia
porque desde la última de esas resoluciones, el pasado mes de julio, no se ha
aportado a la causa «ningún hecho que pueda interpretarse como indicio de
criminalidad válido» respecto a Doña Cristina.
2-Inexistencia de nuevos indicios para
su imputación
En este punto, la defensa intenta desmontar que la
declaración o los correos enviados por Diego Torres al juez puedan considerarse
indicios suficientes para modificar la situación de la Infanta. Uno de los
correos corresponde a un año, 2002, cuando en el Instituto Nóos no tenía
actividad; en el segundo, Doña Cristina no es ni remitente ni destinataria,
sólo es citada en el mismo; y el tercero lo recibió junto a otras 76 personas.
Por ello, critica la impugnación el argumento del juez
de que la declaración se lleve a cabo para despejar «las dudas» planteadas, ya
que, de mantenerse ese criterio, se produciría una inversión de la prueba y
«tenga que acreditar su inocencia».
Y en cuanto a la declaración de Torres, en la que
señalaba que Doña Cristina tenía en Nóos «el mismo conocimiento e intervención
que todos los demás», los abogados Roca y Silva sostienen que es insuficiente e
inválida para sostener y justificar la imputación. Para ello, esgrimen dos
motivos: esa declaración es «incompatible» con todas las diligencias
practicadas y que han venido a concluir justo lo contrario y que su papel el
Instituto era «meramente figurativo», y que se trata de una declaración de un
imputado «que no tiene obligación de decir verdad».
La conclusión es que no puede utilizarse esa
declaración para una imputación, «por basarse en la actuación procesal de una
parte que perjudica a terceros ajenos al proceso... se trata de una defensa que
se arroga facultades acusatorias», se afirma.
3-Inexistencia de infracción penal
El juez Castro esgrime que la Infanta pudo incurrir en
un delito de cooperación necesaria a los delitos supuestamente cometidos por su
marido y por Diego Torres. Es decir, que no hubiese retirado su nombre del
Instituto Nóos para evitar que su nombre fuese utilizado para las actividades
de esa sociedad. Sobre este punto, la defensa argumenta que, en todo caso, un
cónyuge no es «garante» para evitar u obstaculizar las actividades «que pudiera
realizar el otro». Respecto a que figurara su nombre en la junta directiva de
Nóos, los abogados de Doña Cristina ponen de manifiesto que el auto del juez no
valora el que dejase ese puesto en marzo de 2006, nada más conocerse las
posibles irregularidades.
4-No hay indicios de delito contra la
Hacienda
En este punto, el recurso incide en que no se le puede
imputar, en ningún grado, por este delito por el mero hecho de poseer el 50 por
ciento de las acciones de Aizoon, máxime cuando la instrucción ha acreditado
que la administración de esa sociedad la llevaba «en exclusiva» Iñaki
Urdangarín
5-Vulneración del principio acusatorio
La defensa critica que la imputación de la Infanta la
haya acordado de oficio el juez, aunque forme parte de sus facultades, cuando
tras el último rechazo a esa petición por parte de la acción popular, ninguna
de las acusaciones, ni privadas ni públicas, la hubiese solicitado.
Por ello, considera que es una actuación «más propia
del denodado y anticonstitucional sistema inquisitivo, que de aquél acorde con
las reglas del debido proceso que se deriva de lo dispuestos en el artículo 24
de la Constitución» española.
e y de un delito contra la Hacienda Pública en el
Impuesto de Sociedades en 2007 en el caso de la entidad aparentemente sin ánimo
de lucro.
Enlace articulo original: http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/1893840/espana/la-defensa-de-la-infanta-denuncia-una-imputaci
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