La economía sumergida equivale entre el 20 y el 30% del PIB
español.
- El fraude en España se sitúa entre
el 20 y el 23% del PIB, 60.000 millones
- El 44,5% de la población
considera el fraude el segundo mayor problema
- El 72% del fraude en el país
procede de grandes empresas y patrimonios
- Las pequeñas y medianas empresas responden por
el 17% de la evasión
- Autónomos y asalariados son responsables del
8% de los engaños fiscales
- A pesar de las sanciones, acabar con el fraude parece imposible
María
Hernández | Madrid
Paraísos
fiscales, sociedades interpuestas, testaferros, 'caja B'… En los últimos meses la sociedad española se ha familiarizado con estos términos. Todos giran en torno a un mismo
fin: eludir el control fiscal. En plena campaña de la Declaración de la Renta y en medio del fragor del
'caso Bárcenas' o el 'caso Nóos', los ciudadanos han puesto el foco
sobre el fraude. A pequeña o a gran escala, los 'trucos' para evitar los compromisos con el
'fisco' se multiplican, al tiempo que el ministerio de Hacienda trata de seguir
la pista a un dinero que se torna negro en las tuberías de la economía
sumergida.
A falta de
datos reales, las estimaciones apuntan a que el fraude en España se sitúa entre
el 20 y el 23% del Producto Interior Bruto (PIB) y equivale a unos 60.000
millones de euros. Estas cifras sitúan al país en mitad de la clasificación
de los países de la Unión Europea y en la parte de atrás de la lista de los
países más desarrollados.
Parte de
esta situación viene provocada porque "aquí no se aplican las políticas de
control que se desarrollan en esos países", explica José María Mollinedo,
secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). Pero existe
también un componente social, dada la "propensión a justificar el
fraude entre los españoles, que siempre ha sido bastante elevada",
asegura Julio Ransés Pérez Boga, presidente de la Organización Profesional de
Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).
Sin embargo,
la crisis está modificando también esta realidad. La sociedad cada vez
considera más reprobable que los ciudadanos se 'salten' sus compromisos con
Hacienda, hasta tal punto que se ha convertido en la segunda preocupación de
los españoles. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), un 44,5% de la población considera que la corrupción y el
fraude es el segundo mayor problema en el país, sólo por
detrás del paro.
"Cada
vez se mira peor que los ciudadanos no cumplan sus obligaciones fiscales",
explica Pérez Boga. No en vano, el fraude conlleva una disminución de los
ingresos a las arcas del Estado que puede repercutir en subidas de impuestos y
recortes en el gasto público.
Estructura del fraude
Según datos
de Gestha, casi el 72% del fraude en España procede de grandes compañías y
patrimonios. Las pymes, por su parte, son responsables del 17% mientras que a
autónomos y asalariados les corresponde el 8%.
Es más fácil detectar una conducta
fiscal ilícita en los asalariados porque toda su información está automatizada
A pesar de
que los asalariados son el grupo menos defraudador, se tiende a pensar que la
mayor parte de las actividades de control recaen sobre ellos. Desde IHE, Pérez
Boga lo desmiente. En el sector de los trabajadores por cuenta ajena es más
fácil detectar una conducta fiscal ilícita, ya que toda su información está
registrada y cualquier irregularidad salta de forma automática, de ahí que la
percepción de control sea mayor.
La clave reside
en la Declaración de la Renta. Este documento, por sí solo, no permite a
Hacienda concluir que el contribuyente tenga 'dinero negro', pero le sirve de
base para contrastar sus datos con otros registros que la Administración tiene
del ciudadano –impuestos de Matriculación, Patrimonio, tributo de Sucesiones,
etc.-.
Las alarmas
se activan si se detectan diferencias o falta de concordancia en este cruce
de datos. Las diferencias no siempre implican una conducta fraudulenta,
porque todo se supedita a que el contribuyente pueda justificar esas
discrepancias. El problema viene cuando no puede hacerlo, pues es indicio de un
probable fraude.
El caso de
los autónomos y profesionales liberales es diferente. Durante años, este grupo
ha sido uno de los puntos débiles del fraude fiscal debido al sistema de
módulos que se creó para facilitar su tributación. Los trabajadores de esta
categoría pagaban a Hacienda teniendo en cuenta variables objetivas según la
profesión –el número de empleados o el consumo de energía, por ejemplo- y no su
nivel de ingresos y gastos.
Este sistema
propició la eclosión de facturas falsas. El 'modulero' –como se llama
coloquialmente a quienes se acogen a este régimen- emite este tipo de facturas
a otras empresas, que pueden deducírselas del Impuesto de Sociedades y
aplicarse la deducción por IVA.
Hace ahora
un año, el Gobierno decidió atajar esta situación. Por un lado, prohibió el
acceso a este sistema a aquellos empresarios que facturen más del 50% a otros
empresarios o tengan un volumen de negocio superior a 50.000 euros al año. Así,
quedaron fuera colectivos como el de la carpintería, la confección, la
industria del mueble, la impresión, albañiles, fabricantes de ferreterías,
cerrajeros, pintores, escayolistas y empresas de transporte y mudanzas, que han
comenzado a pagar en función de sus beneficios reales.
Además, el
Ejecutivo limitó el pago en efectivo a 2.500 euros, siempre que se
produzca entre empresas o entre particulares a empresas y autónomos.
Para
controlar que los miembros de este colectivo no maniobren fuera del circuito
fiscal legal, la Agencia Tributaria no sólo rastrea la existencia de facturas
falsas, sino que también aquí emplea el cruce de informaciones entre los
ingresos declarados y otros datos que posee la Administración. Además, se
presta especial atención a los signos externos de riqueza que puedan
manifestar los sujetos en cuestión, como por ejemplo que posean grandes
cantidades de dinero en el banco o que sean dueños de propiedades que no se
ajustan a su declaración.
Aún así, tal
y como apuntan desde IHE, destapar el fraude en este colectivo resulta más
complicado y exige una investigación más exhaustiva.
El fraude
que comenten las pequeñas y medianas empresas está "minusvalorado", a
juicio de Julio Ransés Pérez Boga. El presidente de IHE explica que no siempre
defraudan grandes cantidades de dinero, pero "generan mucho daño porque se
suman muchos pequeños fraudes".
Las pymes
están detrás de muchos de los fraudes más comunes que se registran en España:
no dar de alta a los trabajadores para ahorrar cotizaciones sociales o recibir
ayudas y subvenciones cobradas de forma indebida son sólo algunos de ellos. Sin
embargo, su mayor deuda con el ‘fisco’ se deriva de las declaraciones de
autoliquidación sin ingresos.
Muchas de
estas compañías se declaran en concurso de acreedores y alegan falta de fondos
para acometer las deudas pendientes. Para tratar de poner coto a estas
prácticas, el Ejecutivo también introdujo algunos cambios que permiten a
Hacienda distinguir entre las operaciones que se realizan antes y después de la
declaración del concurso para aumentar las posibilidades de cobrar las deudas
antes de que se declare una hipotética quiebra.
Las grandes
compañías y las mayores fortunas tienen el dudoso honor de ser las responsables
de la mayor parte del fraude en España, en torno a un 72%. Por este
motivo, gran parte de los esfuerzos de la Agencia Tributaria se centran en
tratar de combatirlo.
Las grandes fortunas llevan al
límite las prácticas fiscales y se aprovechan hasta el borde de la ilegalidad
de las ventajas fiscales
En los
últimos años se han intensificado las investigaciones en este sector. Pese a
ello, resulta una tarea complicada sacar a la luz posibles engaños. Tanto las
grandes compañías como los grandes patrimonios cuentan con servicios de asesoramiento
fiscal y legal altamente especializados que llevan al límite las prácticas
fiscales y se aprovechan hasta el borde de la ilegalidad de las ventajas
fiscales que ofrece el sistema. Las fusiones o la deslocalización de
operaciones a la hora de tributar son sólo algunas de las prácticas más
comunes, junto a otras como el empleo de empresas tapadera o las operaciones
internacionales opacas.
"Cuando
se les llama la atención por alguna práctica sospechosa o se les advierte de
ciertas discrepancias, suelen apelar a las interpretaciones de la norma",
explica el presidente de IHE. "Ellos dicen que no defraudan, sino que
planifican. Eso sí, llegado el momento de que tienen que pagar, siempre
pagan".
'Parece poco ético que las grandes
empresas no paguen impuestos allí donde facturan'
Entonces, ¿de
dónde procede el fraude en estos casos? Al margen de las prácticas ilícitas
que también se registran en este grupo, una parte del porcentaje fraudulento
que se les atribuye es, en realidad, una estimación de los ingresos fiscales
que estas personas y compañías podrían suponer para España pero que,
finalmente, van a parar a otros países que les ofrecen mayores ventajas
fiscales. Por ejemplo, grandes compañías establecen en España filiales cuya
matriz se encuentra en lugares como Irlanda, donde tributan menos porque su
régimen es mucho más generoso.
"Parece
poco ético que las grandes empresas no paguen impuestos allí donde facturan",
recoge el presidente de IHE. Pérez Boga apuesta por una mayor coordinación
europea e internacional para el intercambio de información e, incluso, por
modificar los acuerdos bilaterales de doble imposición que España mantiene en
vigor actualmente con 84 países de acuerdo con la información del Ministerio de
Hacienda.
Paraísos
fiscales
No se puede
hablar del fraude cometido por grandes empresas y grandes fortunas sin tener en
cuenta los paraísos fiscales. Los escándalos de corrupción que han salpicado la
actualidad en los últimos meses han desvelado que estos territorios constituyen
una de las vías preferidas por estos colectivos para llevar a cabo la evasión.
Se trata de
lugares que mantienen una fiscalidad muy baja o nula para los inversores
extranjeros que abran cuentas bancarias o establecen sociedades en ellos. Su
existencia no es nueva, ni tan siquiera reciente. Los grandes inversores llevan
utilizándolos desde hace décadas, en algunos casos de forma legal y en otros al
margen de la ley.
La crisis,
las fugas de capitales y las estrategias fiscales de grandes empresas y
fortunas han potenciado el uso de estos refugios para evadir impuestos en sus
países de origen y, en el peor de los casos, mantener en secreto el origen
ilícito del dinero que guardan en ellos.
Este es,
precisamente, el mayor atractivo de los paraísos fiscales. El secreto
bancario les autoriza para proteger la información sobre el origen del
dinero, sus propietarios o sus movimientos. Sólo los acuerdos que se establecen
de forma individual entre el territorio en cuestión y los países permiten
acceder a los datos. De lo contrario, quedan sellados.
"Los
paraísos rompen con toda la estructura tributaria. No se puede luchar contra
ellos", asegura Pérez Boga.
Actualmente,
España considera paraísos fiscales 41 territorios. Detectar prácticas
fiscalmente irregulares en ellos desde el país de origen resulta especialmente
complicado. Sólo un movimiento errático o un descuido involuntario pueden hacer
sospechar y dar paso a una investigación que destape un fraude con base en un
paraíso fiscal.
Una vez
concluidas las pesquisas pertinentes, cualquiera que sea el sector investigado,
las autoridades establecen el tipo de fraude cometido y aplican la sanción que
corresponde, atendiendo a la cantidad defraudada y a la disposición del
contribuyente.
La Ley
General Tributaria establece tres tipos de sanciones:
- Leves,
cuando la cantidad que no se ingresó es inferior o igual a 3.000 euros o,
siendo superior, no existe ocultación. La multa equivaldrá al 50% de la
cantidad que se dejó de pagar a Hacienda.
- Graves,
cuando el importe no ingresado supere los 3.000 euros y exista ocultación. El
afectado tendrá que pagar una cantidad proporcional entre el 50% y el 100% del
dinero que dejó de ingresar en las arcas tributarias.
- Muy
graves, cuando se emplean métodos fraudulentos. En estos casos, la multa se
situará entre el 100% y el 150% de la cantidad defraudada, además del importe
que se tendría que haber abonado.
Las sanciones dependen de la cantidad defraudada y la
actitud del contribuyente.
Cuando el
fraude supera los 120.000 euros pasa a ser considerado un delito fiscal y
se judicializa. Este tipo de delitos prescribe después de cinco años y podría
conllevar una pena de prisión de entre 1 y 5 años. Sin embargo, la reforma del
Código Penal en esta materia establece que las penas se "atenúen"
cuando los responsables de los delitos reconozcan su actuación y cubran
íntegramente la deuda o cuando, además de lo anterior, colaboren con las
autoridades en la "identificación o captura de otros responsables" en
un breve lapso de tiempo.
Para el
presidente de la IHE, estas sanciones carecen de sentido disuasorio para quien
tiene que pagarlas. "Lo verdaderamente disuasorio es ir a la
cárcel", asegura Pérez Boga, que también cree que las personas que
desarrollan grandes conductas defraudadoras prefieren pagar la sanción y
continuar cometiendo infracciones similares.
¿Se puede
evitar el fraude fiscal? Los esfuerzos de las administraciones públicas se
centran en controlarlo, pero erradicarlo es imposible, a juicio del
secretario general de Gestha. Sin embargo, José María Mollinedo sí cree que
puede reducirse "hasta en 10 puntos", pero para ello hacen falta
medios. Tanto el representante de los técnicos de Hacienda como el de los
inspectores coinciden en la escasez de recursos materiales y humanos para hacer
más efectiva la lucha contra el fraude en España.
El Gobierno
ha marcado como objetivo obtener unos ingresos de 9.130 millones de euros
en 2013 procedentes de la recaudación directa, teniendo en cuenta que el pasado
año la meta establecida se superó en un 10,1% hasta situarse en 11.517 millones
de euros.
Julio Ransés
Pérez Boga alega que llegará un punto en que los objetivos no se cumplan porque
no existen medios suficientes. "Hay un funcionario de la Hacienda Pública
por cada 1.928 ciudadanos españoles", una proporción, en su opinión, muy
elevada y alejada de la que mantienen otros países con menor tasa de fraude
fiscal, como Alemania (1 funcionario por cada 729 ciudadanos) o Francia (1
funcionario por cada 860 habitantes).
La partida
presupuestaria tampoco es la más alta. Frente al 0,29% de Berlín o el 0,39% de
París, España destinará este año un 0,13% de su PIB a combatir el fraude
fiscal, unos 1.328 millones de euros. Una cantidad quizá insuficiente para
hacer emerger parte de una economía paralela que se escapa entre los
interminables tentáculos del fraude.
Enlace
articulo original: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/14/economia/1365900896.html
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