Fernando Cancio.
El Ministerio de Defensa sigue en la línea de reducir
gastos y racionalizar sus infraestructuras. Si hace un mes el secretario de
Estado de Defensa, Pedro Argüelles, presentaba la reconducción de los programas
de armamento para adelgazar la factura en 3.850 millones, ayer hacía lo propio
con las instalaciones militares. Las conclusiones de la Propuesta de
Racionalización y Utilización Eficiente del Patrimonio Inmobiliario de Defensa
(Prepidef), que presentó en el Senado, muestran que el Ministerio cree que prácticamente
la mitad de sus propiedades son «innecesarias» (entre 444 y 521 de las 1.046
existentes). Unas propiedades que abarcan desde las bases militares a locales,
solares o caminos de paso. Esa inutilidad la demuestran dos datos: de las 608
instalaciones sin personal que hay en la actualidad (radares, antenas...), el
50% está en desuso; y que el 80% del personal de las Fuerzas Armadas se
concentra en el 20% de los inmuebles.
Por este motivo, Argüelles intervino en la Comisión de
Defensa para explicar un ambicioso plan que se divide en fases: dos de ellas ya
concretadas y otra en estudio. Por un lado, durante los siete meses de
elaboración del Prepidef se detectaron 358 instalaciones sin uso, susceptibles
de ser desafectadas al no ser necesarias actuaciones en ellas, por lo que
pueden ser ya puestas a disposición del Instituto de Vivienda, Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa (Invied) para su venta o subasta.
Junto a éstas, la propuesta ha identificado la
necesidad de llevar a cabo 80 actuaciones en otras 203 instalaciones, que
incluirían el cierre total de 163 de ellas. Las mencionadas actuaciones
–cierres totales, parciales, cesiones o adecuaciones para la recepción de otras
actividades– se dividirían a su vez en dos fases. En la primera, entre 2014 y
2017, se verán afectadas 109 propiedades, de las que 86 cerrarán. La
reorganización afectará sobre todo a las subdelegaciones territoriales de
Defensa, que se trasladarán a instalaciones del mismo municipio, aunque también
se contempla la cesión de hospitales como el de San Carlos en San Fernando.
Además, se llevará a cabo la reorganización en centros y residencias de Madrid.
Para llevarlo a cabo será necesaria la inversión de 40
millones para traslado de personal, material o adecuación de las instalaciones
receptoras, y se estima que el ahorro anual será de 15 millones. Eso sí, no se
incluyen los ingresos por la venta de los inmuebles ya que, como aseguró
Argüelles, «debido a la situación del mercado inmobiliario resulta prematuro
hacer previsiones».
A partir de ahí se iniciaría una segunda fase aún en
«estado de propuesta». Serían otras 94 las instalaciones afectadas y, de ellas,
se cerrarían 77, para lo que haría falta una inversión de 807 millones. El
ahorro anual derivado de las 31 actuaciones previstas ascendería a 37 millones.
La mayoría de propiedades incluidas en esta fase están relacionadas con la
Enseñanza o la Acción Social.
De momento, sólo contando con las primeras 358
instalaciones innecesarias y la primera fase del Prepidef, Defensa se desharía
de 444 propiedades (42,4% del total) y reorganizaría 23. Si se cumplen las
previsiones de la segunda fase la cifra ascendería a 521 inmuebles (49,8% del
total) y 40 reestructurados, lo que implicaría una inversión total de 847
millones para ahorrar al año 52.
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