F. Velasco.
La Junta de Andalucía queda en una situación más que
comprometida, y no sólo a un nivel intermedio en su organigrama, en toda la
trama de los ERE irregulares. El informe elaborado por la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incluido en la parte del sumario sobre la
que se ha levantado el secreto, viene a concluir que en la implantación del
«sistema irregular de concesión de ayudas en la Junta de Andalucía» en los
expedientes de regulación de empleo hay tres «principales intervinientes en los
presuntos actos ilícitos» que se investigan.
Así, «en primer lugar» se situaría la propia
Administración pública, es decir, la Junta de Andalucía, «actuando
generalmente, a través de su Consejería de Empleo –el ex consejero Antonio
Fernández está imputado y permaneció en prisión de abril a agosto de 2012,
cuando recuperó la libertad tras el pago de 450.000 euros de fianza–, y, de una
manera más particular, mediante su Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social –el ex director Francisco J. Guerrero es uno de los principales
imputados–, que es la interviniente fundamental, pues constituye la fuente de
financiación».
A continuación, se situaría el «tándem
aseguradores-mediadoras», que formaban un binomio que posibilitaría «la salida
del dinero de la Administración". Y, en tercer lugar, «pero no por ello
menos importante», determinadas personas físicas y jurídicas «que catalizarían
toda esta actividad delictiva», entre las que las más «representativas» serían
Juan Lanzas y el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís.
En el informe policial se detalla el papel que juega
cada uno de esos «actores» y cómo se realizaban las distintas fases que
concluían con el pago de esas ayudas a empresas que iban a presentar el
correspondiente ERE, con la inclusión de «intrusos».
Y en ese entramado es donde la UCO apunta a un papel
relevante del Gobierno que preside José Antonio Griñán, aunque en ningún
momento se alude a él en el informe, para el desvío de dinero público a
finalidades distintas de las que realmente eran su objeto, ya que todo ello «no
sería posible sin la activa participación de la Junta de Andalucía, que debe
acceder a la realización de los ERE y a la concesión de la consiguiente
ayuda/subvención, amén de la utilización del procedimiento interno I descrito
para conceder y materializar las ayudas». Este punto, añade el dictamen
policial, cuenta con, «al menos, dos protagonistas esenciales, Antonio Rivas
(en todo lo referente a Sevilla y su capacidad de influencia dentro de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico) y Francisco J. Guerrero (como
Director general de Trabajo y Seguridad Social)».
Pero, además, existen sospechas de que esa implicación
se situaría en un nivel superior a la dirección que presidía Guerrero, aunque
no se concreta, ya que se continuó con el sistema pese a las advertencias de
que esas subvenciones no se asignaban de acuerdo a los procedimientos previstos
legalmente. «La permanencia de este sistema de concesión de ayudas, con todos
los inconvenientes que llevaba consigo –puestos de manifiesto de manera
explícita y de forma reiterada por la Intervención General, y, al menos,
implícitamente por el secretario general de Hacienda de la Junta–, parece
difícil sin la aquiescencia de autoridades con más altas responsabilidades» que
el mencionado director general.
El «circuito del dinero»
El pormenorizado informe de la UCO –más de 1.400
páginas–, resume el «sistema establecido y desarrollo de la presunta actividad
criminal» en cinco fases:
1. Debía producirse un ERE, aunque en «bastantes
ocasiones», la participación económica de la Junta y los beneficiarios «antes
incluso de que la empresa» iniciase el procedimiento.
2. Las mediadoras, tras retener cierta cantidad,
trasvasaba el remanente de esa sobrecomisión, principalmente a entidades sindicales,
a empresas vinculadas a Juan Lanza y al despacho de abogados Villasís.
3.- Este despacho recibía una parte del dinero y
actuaba como «caja pagadora», según las indicaciones de Guerrero.
4.- De los distintos entramados se retiraba el dinero
en efectivo.
5.-«Pagos directos a Guerrero» desde la mediadora
Vitalia.
Fases del «Blanqueo»
«Alejamiento o colación»: Consistía en «introducir en
el sistema financiero el dinero obtenido con la actividad ilícita».
«Encubrimiento o transformación»: En esta fase, el
dinero colocado en el sistema financiero era «sometido a diversas operaciones
para difuminar cualquier relación con el origen».
«Integración: es la última fase del «blanqueo de
capitales» y en ella, los fondos obtenidos con la actividad ilícita «vuelven a
su propietario/s y entran de nuevo en la economía real». Para realizar esa
«integración», o bien se invertía en negocios legítimos, se disponía en
efectivo, se adquirían inmuebles o bienes de lujo u objetos de arte.
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