La nueva presidenta andaluza, Susana Díaz (c), posa junto
a los expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Efe
larazon.es. Sevilla.
La juez que investiga los ERE fraudulentos ha imputado
en el caso a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves
y a los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera,
Manuel Recio y Francisco Vallejo.
Estas imputaciones, que elevan a 123 los acusados en
el caso de los ERE, se producen el mismo día en el que el nuevo Gobierno de la
Junta toma posesión y tres días después de que lo hiciera Susana Díaz como jefa
del Ejecutivo regional tras la marcha de Griñán.
La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya,
acuerda "comunicar la existencia del presente procedimiento, en calidad de
imputados a tenor del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal",
a las citadas personas, por su presunta colaboración para un "uso ilegal y
continuado de fondos públicos".
Sobrecomisiones
Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, estos
siete altos cargos permitieron cobrar sobrecomisiones a las mediadoras que
gestionaban los ERE o llevar a cabo, "a cambio de ciertos favores, las
modificaciones presupuestarias que permitieron, en términos indiciarios, desde
abril del año 2000 ese uso ilícito de fondos públicos a través de la
utilización palmariamente irregular de las transferencias de
financiación".
La Junta creó "la partida fraudulenta a través de
un trasvase de fondos de la partida presupuestaria adecuada para la concesión
de subvenciones, que ascendió a más de 93 millones de euros en menos de dos
años", añade el auto.
El convenio marco de julio de 2001 y las
transferencias de financiación instauradas a partir de 2002 tuvieron como
consecuencia "eludir el cumplimiento de la Ley de Subvenciones, que
sujetaba el procedimiento a estrictos trámites, y los controles de la
Intervención, provocando además millonarios desfases presupuestarios cada año
durante una década", añade Alaya.
«Consecuencias procesales extrañas»
La juez hace un análisis de las consecuencias de la
imputación de personas aforadas y reconoce que se trata de un proceso con
"consecuencias procesales extrañas" y que les deja en "una
condición harto peculiar".
Así, explica que como juez de instrucción "no
puede realizar con respecto a los aforados un juicio formal de imputación"
pero "sí puede y debe hacer dos cosas: la primera, darles traslado de las
actuaciones para que se personen si lo desean" y la segunda, "tras
agotar las diligencias de investigación que en su caso pudieran determinar
cierto grado de responsabilidad de los aforados, remitir testimonio de la causa
al tribunal superior competente".
Declaración voluntaria
Tal como hizo la Audiencia de Sevilla en un auto de
julio pasado que respaldó la actuación de Alaya, los aforados que hasta ahora
hayan tenido un "conocimiento mediático de la causa" pueden
personarse e incluso "solicitar su declaración voluntaria ante la Sala
Segunda del Tribunal Supremo sin esperar al suplicatorio de dicho tribunal ante
las Cámaras a las que hubieren pertenecido".
Alaya dice "ser consciente" de que en la
práctica en estos casos puede producirse un "efecto multiplicador de la
expectación e influencia negativa de los medios de comunicación sobre dichas
personas, pues primero pueden verse señaladas en la presente resolución como
imputados, más tarde y en su caso en la exposición razonada si hubiere lugar, y
finalmente como inculpados por el tribunal superior, si procediere".
No obstante, la juez considera que es momento de
comunicar la existencia del procedimiento a los aforados a la vista de "la
relevante documentación aportada, especialmente los informes de la Intervención
General, la documentación presupuestaria, la procedente de la Dirección General
de Trabajo" y las subvenciones a la Sierra Norte de Sevilla.
Los imputados son:
Manuel Chaves, como presidente de la
Junta entre 1990 y 2009
José Antonio Griñán, como consejero de
Economía y presidente de la Junta entre 2009 y 2013
Viera, como consejero de Empleo entre
2000 y 2004
Martínez Aguayo, como viceconsejera de
Economía y luego titular del departamento entre 2009 hasta hoy
Manuel Recio, como consejero de Empleo
entre 2010 y 2012
Francisco Vallejo, como titular de
Innovación entre 2004 y 2009
Antonio Ávila, como consejero de
Economía e Innovación desde 2010 a la actualidad.
Nuevo Gobierno andaluz
Precisamente la nueva presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, dejó ayer fuera de su nuevo Gobierno a todos los
exconsejeros del Ejecutivo de su predecesor José Antono Griñán relacionados con
la gestión económica de la Junta o que pudieran haber resultado implicados en
la trama de los ERE o el denominado «caso Invercaria».
Esta posibilidad se venía barajando desde hace tiempo
ya que las investigaciones de la juez Alaya se encaminaban en ese sentido,
sobre todo desde finales del pasado mes de julio.
Declaración de Manuel Gómez Martínez
Ya el pasado mes de julio el sindicato Manos Limpias pidió imputar a Griñán, Chaves y
Zarrías, sobre todo después de que el exinterventor general de la Junta,
Manuel Gómez Martínez dijera en su declaración judicial sobre los ERE que al
expresidente andaluz José Antonio Griñán, consejero de Economía y Hacienda de
la Junta entre 2004 y 2009, "los informes de auditoria no le importaban
nada" y que sus explicaciones sobre el caso reflejan su
"displicencia, pasividad in curia".
Griñán ha alegado todo este tiempo que las alertas no
le llegaron porque su entonces viceconsejera y ya exconsejera de Hacienda
Carmen Martínez Aguayo, no le trasladó estos informes. Además, la Consejería
que debía actuar, según la quebradiza defensa de Griñán, era Empleo y no
Hacienda.
El interventor general entre 2000 y 2010 destroza esta
empalizada tras la que se ha parapetado el máximo mandatario andaluz. Y lo hace
con un tono incisivo. Señala que «no le consta que el consejero –en referencia
a Griñán– conociera el detalle del informe adicional, pero es impensable que el
consejero de Hacienda no conociera que se había generado un déficit de 93
millones y posteriormente 95, provocado por uno solo, el director general de
trabajo. Era absolutamente notorio, sobre todo para el responsable de los
fondos de la Junta».
Antonio Diz-Lois, también imputado
Paralelamente, la juez ha imputado también hoy por
cuatro delitos a Antonio Diz-Lois, exjefe de servicio de la Dirección General
de Trabajo de la Junta de Andalucía, acusado de pagos ilícitos destinados a un
"flagrante incumplimiento de la normativa en materia de
subvenciones".
Diz-Lois ha comparecido ante la juez Mercedes Alaya,
ante la que se ha acogido a su derecho a no declarar y ha sido imputado de
presuntos delitos de prevaricación, malversación, omisión del deber de
perseguir delitos y delito societario.
El imputado, que controlaba los pagos investigados,
contribuyó con su participación en los "desfases millonarios que se
producían en cada ejercicio económico" en la Dirección General de Trabajo.
Ni el fiscal ni las acusaciones particulares han
pedido contra el imputado medidas personales ni de responsabilidad civil.
Según el auto de imputación, al que ha tenido acceso
Efe, las ayudas concedidas con conocimiento del imputado se produjeron
"con ausencia de publicidad, del cumplimiento de los criterios de
objetividad e igualdad, con ausencia de bases reguladoras y carencia de
fiscalización previa por la Intervención".
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