viernes, 16 de enero de 2015

La Fiscalía pide 42 años y medio de cárcel para Bárcenas por el 'caso Gürtel'

  • Considera que el ex tesorero popular cometió hasta seis delitos distintos
  • Se trata de cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental
  • Además, apropiación indebida y tentativa de estafa procesal
  • Pide tres años para Álvaro Lapuerta y ocho para Ángel Sanchis
MANUEL MARRACO  Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que condene a 42 años y medio de prisión a Luis Bárcenas, al tiempo que solicita la comparecencia en el juicio como testigo de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.
El Ministerio Público considera que el ex tesorero popular cometió hasta seis delitos distintos: cohecho, fraude fiscal, blanqueo de capitales (ocho delitos de este tipo), falsedad documental, apropiación indebida y tentativa de estafa procesal.
La Fiscalía pide también penas de cárcel para los otros dos ex tesoreros del PP imputados: tres años para Álvaro Lapuerta por apropiación indebida y ocho años para Ángel Sanchis por blanqueo, falsedad documental y fraude fiscal.
La pena más alta solicitada por el Ministerio Público es para el presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, que se enfrentará a más de 110 años de cárcel.
Además, solicita que el Partido Popular y la ex ministra de Sanidad Ana Mato respondan como partícipes a título lucrativo de los delitos investigados. A Mato le reclama la cantidad de 28.467,53 euros, que corresponde a los "regalos y servicios turísticos de los que fue personalmente beneficiaria". En esa cantidad se incluye el 50% de los regalos de los que fueron beneficiarios sus hijos. La trama habría sufragado al PP con 328.440 euros: 216.576 en Majadahonda y 111.864 en Pozuelo.
La Fiscalía ha presentado esta mañana su escrito de acusación en elcaso Gürtel, en el que hay 42 imputados.
El escrito expone la petición de penas de cárcel y el relato de hechos que hace la Fiscalía en la separada denominada Época I, en la que se investigan hechos cometidos por la trama Gürtel entre 1999 y 2005.
Los principales imputados en el caso son los considerados cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, quienes presuntamente lideraron un entramado societario con la participación, entre otros, de tres ex tesoreros del PP: Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchis, según expuso el juez instructor, Pablo Ruz.
También están imputados los ex alcaldes Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, el ex senador Jesús Merino, el ex concejal de EsteponaRicardo Galeote, el ex consejero madrileño Alberto López Viejo, así como funcionarios y empresarios.
Enlace al artículo original:  http://www.elmundo.es/espana/2015/01/16/54b8e7cf22601dad698b4572.html

miércoles, 14 de enero de 2015

El Supremo admite una demanda de paternidad contra Don Juan Carlos

  • Ha admitido la demanda de la ciudadana belga Ingrid Sartiau
  • Ha rechazado, sin embargo, tramitar la planteada por el catalán Alberto Solá Jiménez
  • Sartiau ha solicitado una prueba de paternidad
  • Don Juan Carlos tiene ahora 20 días para contestar la demanda
  • Zarzuela expresa respeto a la independencia judicial tras la demanda
Los dos demandantes, Albert Solá e Ingrid Sartiau, en una imagen reciente. EL MUNDO

MARÍA PERAL Madrid

El Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo ha decido admitir a trámite la demanda de paternidad dirigida contra el anterior jefe del Estado, el Rey Juan Carlos, por la ciudadana belga Ingrid Sartiau. En cambio ha rechazado tramitar la demanda planteada por el catalánAlberto Solá Jiménez.
La Sala no ha acogido el criterio del fiscal, según el cual ninguno de los escritos aporta un mínimo principio de prueba sobre, al menos, la existencia de relaciones entre el demandado y las personas que se identifican como madres biológicas por los demandantes.
La existencia de ese principio de prueba es una exigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme a la cual "en ningún caso se admitirá la demanda sobre determinación o impugnación de la filiación si con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos en que se funde".
Las dos demandas llegaron a la Sala Civil a mediados del pasado año, después de que el Parlamento aprobara una reforma legal que mantiene el fuero de Don Juan Carlos ante el Supremo tras abdicar la Corona.
La Ley Orgánica 4/2014 incluyó una disposición transitoria según la cual los tribunales que estuvieran conociendo de los procedimientos iniciados con anterioridad al aforamiento del Rey que haya abdicado "suspenderán su tramitación en el estado en que se encuentren" y remitirán las actuaciones "inmediatamente" a la Sala competente del Tribunal Supremo.
La Audiencia Provincial de Madrid elevó al Supremo los recursos que tenía pendientes de decidir contra las decisiones de los Juzgados de Primera Instancia que, tanto en el caso de Solá como en el de Sartiau, consideraron que la inviolabilidad del entonces jefe del Estado "implica la imposibilidad no sólo de exigir responsabilidad penal, sino también la de dirigir contra el Monarca acciones ante la jurisdicción civil".
Tras la admisión de la demanda de paternidad formulada por la ciudadana belga Ingrid Sartiau, el Rey Don Juan Carlos será emplazado a personarse en el pleito por medio de abogado y procurador y tendrá 20 días para contestar la demanda.
La ley prevé la celebración de una vista, que puede ser a puerta cerrada si la Sala lo decide así por la necesidad de proteger la vida privada, como es práctica habitual en estos procedimientos.
En el momento de presentar la demanda, Sartiau ya solicitó como prueba anticipada la recogida de una muestra de ADN a Don Juan Carlos. Sobre la realización de esta prueba, que la demandante puede reiterar ahora una vez aceptada a trámite la demanda, tendrán que decidir los jueces, aunque el ex jefe del Estado tendría la opción de anticiparse y prestarse voluntariamente a aclarar si es padre o no de Sartiau mediante la prueba de ADN, cuyo resultado es prácticamente infalible.
Sartiau no ha pedido en su demanda el interrogatorio de Don Juan Carlos, que no tendría que estar presente en la vista salvo que ahora se solicite-y la Sala lo admita- su interrogatorio.
Fuentes de la Sala estimaron que el pleito está resuelto, a más tardar, antes del próximo verano.
La Casa Real ha expresado a través de un portavoz su "respeto a la independencia del Poder Judicial" tras conocer la decisión de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

viernes, 9 de enero de 2015

Imputado por humillar a las víctimas el director del programa de Iglesias

Captura de un momento del vídeo.

R. Coarasa.  Madrid.
El guionista y director de «Tuerka News», un espacio del programa «La Tuerka» –en el que también participa el líder de Podemos Pablo Iglesias– tendrá que declarar como imputado por un delito de humillación a las víctimas el próximo 15 de enero por un sktech en el que, según denunció Dignidad y Justicia (DyJ), el humorista equiparaba al PP con ETA. El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha decidido –tras recibir el vídeo con la parodia– que Facu Díaz comparezca en calidad de imputado para dar explicaciones sobre unas imágenes en las que, según la asociación que preside Daniel Portero, «en tono burlesco y de mofa» recurre a una escenografía «propia de los comunicados audiovisuales» de la banda terrorista para equiparar al PP con ETA.
El polémico sketch lo protagoniza un encapuchado del PP con el anagrama del partido «haciendo un comunicado consistente en cesar la actividad armada y entregar las armas», señala Dignidad y Justicia en su denuncia.
El vídeo que no llegaba
Gómez Bermúdez acordó abrir diligencias el 13 de noviembre del pasado año ante los indicios de «la posible existencia de una infracción pena». En esa resolución, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional (a quien le correspondió pronunciarse sobre la denuncia de DyJ por el turno de reparto) requirió al representante legal del programa «La Tuerka» para que le remitiese el vídeo de la parodia, emitida el 29 de octubre de 2014. Pero casi un mes después, el programa seguía sin atender la petición del magistrado, quien el pasado 9 de diciembre dio un plazo de 48 horas para que cumpliese con esa obligación, advirtiendo a sus responsables de que, en caso contrario, se les imputaría un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial, castigado en el Código Penal con una multa de tres a doce meses.
Finalmente, una vez recibido el vídeo, Gómez Bermúdez acordó el pasado miércoles llamar a declarar como imputado a Facundo Díaz Troncoso, «en calidad de guionista y director de “Tuerka News”», avisándole de que tiene que comparecer «asistido de letrado que le defienda o, en caso contrario, se le nombrará de oficio».
Dignidad y Justicia incidía en su denuncia en que en el video «se hace referencia a otros partidos políticos democráticos en cuyas filas hay familiares y víctimas» de ETA, «a los que se equipara con Batasuna o EH Bildu», formaciones políticas de las que forman parte, recuerda, «integradas por sujetos condenados por su pertenencia o colaboración» con la organización terrorista.
Para la asociación que preside Portero las imágenes suponen «una clara ofensa y humillación a las víctimas del terrorismo y sus familiares» que traspasan los límites de la libertad de expresión. Se trata, añade, de «una banalización de las acciones terroristas» y de los «más de 800 muertos y miles de heridos» causados «sin el más mínimo respeto a estas víctimas».
En un comunicado difundido por «La Tuerka», el humorista afirma que «si no hubiera estado vinculado a Pablo Iglesias de alguna manera» no habría sido imputado. En su cuenta de Twitter, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha mostrado su respaldo a Díaz retuiteando un comentario de «La Tuerka»: «Por la libertad de expresión y la democracia. Contra la censura y la represión. #YoconFacu».
Dignidad y Justicia asegura que en el vídeo el presentador se refiere «de manera torticera» a miembros del PP que han terminado en VOX o UPyD, «una clara alusión», denuncia, a víctimas del terrorismo como José Antonio Ortega Lara, Maite Pagazaurtundua y Ana María Vidal Abarca, mostrando con esa equiparación «un claro desprecio» hacia ellas y utilizando «su dolor con fines políticos a través de la ridiculización» de su sufrimiento.



jueves, 8 de enero de 2015

El CNI expedienta a dos funcionarios por su relación con Nicolás

Eurico Campano

El CNI ha abierto un expediente a dos de sus funcionarios para determinar su relación con Fran Nicolás Gómez-Iglesias, que el día de su detención guardaba documentos auténticos del Centro.
El servicio español de espionaje quiere saber si los documentos que 'el pequeño Nicolás'guardaba, y que según ha publicado ya Confilegal y Gaceta.es ha podido confirmar de fuentes solventes son auténticos, le fueron facilitados al joven por los funcionarios en cuestión. Una vez determinada ésta cuestión, el CNI actuará en consecuencia.
Fran Nicolás Gómez Iglesias, ya se ha publicado hasta la saciedad en distintos medios, habría falsificado -presuntamente- documentos del Centro Nacional de Inteligencia, servicio del cual reconoció en Telecinco ser colaborador (un 'Charly', dijo concretamente). Unas falsificaciones(aunque parezca un sistema 'chapucero' nadie debe sorprenderse ya que no sería el primero al que se le ocurre) para las que Gómez Iglesias se sirvió, presuntamente, de un documento auténtico. Con ésta base, elaboró al menos tres dossieres falsos, sigue informando Confilegal. Los mismos que iría utilizando posteriormente para impresionar a políticos y empresarios. Recordemos que Gómez-Iglesias está acusado de falsedad documental, estafa y usurpación de funciones públicas. Ese documento original es el que suscita la curiosidad del CNI ya que los responsables del Centro sospechan que, lejos de haber sido extraído de Internet o logrado por cualquier otro rocambolesco medio, sería, sencillamente, auténtico.
¿Quién se lo dio?
El director del CNI, Félix Sanz Roldán, ya negó el 10 de diciembre que 'el niño' hubiera trabajado o tenido relación alguna con el CNI, aunque lo que no pudo -o no quiso negar- fue que Gómez-Iglesias hubiera visitado en alguna ocasión su sede central. Hablando en plata, 'estuvo en las Perdices', según relata a Gaceta.es una fuente más que solvente que mantiene cierta relación con 'La Casa'. Sanz Roldán añadió posteriormente que la visita se produjo junto con un empresario que quería invitar al General a participar en un foro de debate, un 'desayuno' de los que semanalmente organizan en varios hoteles madrileños distintos foros. Una posibilidad que no llegó a materializarse, siempre según Sanz Roldán, por cuestiones de agenda: 'Ahí terminó todo. Estuvo como otras 4.000 personas que visitan el CNI', explicó aquel mismo día el General responsable de la Inteligencia española.
El CNI -lo hizo en su nombre la Abogacía del Estadose querelló el 3 de diciembre contra 'el niño' por un delito de injurias. Precisamente por haber afirmado que colaboraba con éste organismo oficial.
Los documentos del CNI no han sido los únicos en ser presuntamente falsificados. Varios medios han hablado en reiteradas ocasiones de un informe -intervenido por la policía el pasado 14 de octubre, día de la detención de 'el niño'- de 49 páginas con el membrete de Presidencia del Gobierno y con el subtítulo Vicepresidencia del Gobierno y Ministerio de Presidencia. Un informe, éste sí, que el joven reconoció haber elaborado con material extraído de Internet.
'El niño' también ha reconocido haber utilizado un portadocumentos con el escudo de la Casa del ReyGómez-Iglesias dijo que se lo había facilitado Carlos García Revenga, exsecretario personal de las infantas. Un extremo éste difícil de comprobar, por lo que no puede asegurarse al cien por cien.
De nuevo ante el juez
El responsable del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, volverá a intentar tomar el próximo  viernes, 9 de enero, declaración como imputado a Francisco Nicolás Gómez-Iglesias por los mencionados delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de funciones públicas. El joven volverá a los juzgados después de que el pasado 19 de diciembre se negara a declarar al no estar levantado todo el secreto del sumario. Ahora, el juez entiende que tiene toda la documentación para defenderse de los delitos que se le imputan. 

miércoles, 7 de enero de 2015

Currículos falsos, exageraciones y mentiras pueblan las biografías de la clase política



Políticos españoles, en situaciones comprometidas.

En cualquier país europeo, una mentira o exageración de este tipo conllevaría el cese, renuncia forzada y muerte para la política del tramposo. En España se pasa página y tira para adelante.

Uno de los más desoladores síntomas del empobrecimiento de la vida pública nacional lo constituye el desvergonzado hecho, tan común y repetido en todos los partidos, de que todo tipo de cargos, desde ministro a diputados o concejales mientan abiertamente al exponer públicamente sus biografías; conviertan su vida laboral o académica a retorcidas metamorfosis sucesivas o, simplemente carezcan de todo contraste, por no disponer de formación alguna o porque no hayan trabajado nunca en su vida que no sea, y empleo “trabajar” en sentido simbólico, en política.
En cualquier país europeo, una mentira o exageración de este tipo conllevaría el cese, renuncia forzada y muerte para la política del tramposo. En España se pasa página y tira para adelante.
De todos modos, dentro de las mentiras o exageraciones las hay de varios grados, e incluso algunas son graciosas. Hace años, tenía la costumbre, en tiempo electoral, de guardar el currículum de los diversos candidatos, y cuando alguno de éstos repetía en la siguiente convocatoria, comparaba la biografía inicial, con la sobrevenida, luego de ejercer algún cargo.
El cambio era prodigioso. Expondré dos ejemplos: Un ex alcalde de Vigo se presentó la primera vez como “administrativo” de una empresa de automoción industrial. Esa empresa había sido absorbida por una multinacional de los Estados Unidos. En la siguiente convocatoria, el administrativo se convirtió en“ejecutivo de una empresa americana”. Uno de los concejales del mismo partido, era, la primera vez “camarero” (oficio digno donde los haya); pero la segunda vez, dado que había desempeñado en empleo a bordo de un barco, pasó a ser de profesión “navegante”, o sea, el piloto del navío.
En la página web de la Xunta se pudo leer mucho tiempo la biografía de un conselleiro, excelente persona, por cierto. Su familia se encargaba de lanzar todos los años un tradicional globo de papel en una ciudad de Galicia y él, durante el servicio militar, en su condición de maestro había dado clases en una de nuestras plazas de soberanía en África a los soldados analfabetos. Más ahí el prodigio. Estos hechos se convirtieron en “su familia está vinculada a la industria aeronáutica [en todo caso sería aeroestática] y ha desempeñado misiones pedagógicas en África”.
En todos los partidos hay mentirosos, pero el PP gana a los demás en casos y despropósitos. En el partido de Rajoy, los paradigmas son el actual director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa y el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno. En el PSOE, Pepiño Blanco y Luis Roldán, pero hay otros muchos. Fernández de Mesa presume de ser “funcionario del Estado, por oposición, en excedencia forzosa”. Pero no precisa que su empleo es ayudante de jardinero en el puerto de Ferrol, donde lo colocó su padre. El director general de la Benemérita dice ser “Inspector Técnico del Departamento Marítimo de la multinacional inglesa International Marine Coatings Ltd”. Es decir, agente comercial de una empresa de pinturas para barcos.
Unos cursillos de unas horas se convierten en Diplomado en “Protección y Revestimientos del Acero” por International Paints en Bilbao en 1984”, en“Corrosión y su Prevención” por la Escuela de Ingenieros Técnicos Navales de Ferrol, de la Universidad de Santiago de Compostelaen 1988 y en“Contaminación y Protección del Medio Natural”, Universidad Politécnica de Madrid, Marzo 1988”.  Lo que colma el vaso de la desvergüenza es decirse “Diplomado en “Altos Estudios Militares” por el Centro Superior de Estudios de la Defensa, en Madrid 1991”. Son unos cursos de unas pocas horas para parlamentarios que convoca el CESEDEN, pero en modo alguno son una carrera o una enseñanza reglada.
Otro gran mentiroso es el sujeto que Rajoy quiere endilgar a los andaluces, Juan Manuel Moreno Bonilla: No ha trabajado en nada en su vida, sino que se ha ido pasando de un cargo a otro en la administración pública, con labia, pero con una dudosa formación. Cuando se han descubierto sus patrañas, publicadas en la web oficial del departamento al que pertenecía la Secretaría de Estado de Igualdad, se atribuyeron a “errores técnicos”
En dicha biografía se incluían como "máster" titulaciones que no lo son. Uno de estos inexistentes “Master” era el “Programa para el Liderazgo en la Administración Pública del IESE”, cuando son unos cursos intensivos que se realizan una tarde de lunes al mes entre los meses de octubre a julio. Desde los 19 años, Moreno ha vivido del presupuesto y hasta los 40 no obtuvo su primer título oficial de verdad, de forma harto extraña. Ha sido diputado en varias legislaturas sin ser realmente nada en la vida. Ahora es “graduado” en Protocolo y Organización de Eventos de la Universidad Camilo José Cela. En realidad, mediante un extraño sistema de pasarelas y convalidaciones, sorprendentemente tolerado, obtuvo en menos de un años, un título (él dice de licenciado, en realidad graduado) correspondiente a una carrera de cuatro,
Como tantos tramposos, Moreno recurre a la socorrida fórmula de “realizó estudios de” para ocultar su vacío formativo. Pero ha ido más lejos en la desvergüenza: Su primera ficha en el Congreso de los Diputados (Legislatura 2000-2004) le califica como "licenciado en Dirección y Administración de Empresas". Falso. Al descubrirse la trapacería afirmó que era un error técnico. En la siguiente presentación del diputado (Legislatura 2004-2008), ya no aparece la palabra "licenciado", sino que se cambia por "Estudios en Dirección y Administración de Empresas". No tuvo un título universitario hasta hace un año.
Pero este prodigioso individuo fue capaz de convertir en un master, una mera mención honorífica. Lo que en un principio aparecía en la web del Ministerio de Igualdad como "Máster de Oro del Real Forum de Alta Dirección". Y es que ese máster es, en realidad, un premio “sui géneris” que se otorga políticos y otras personas con alguna proyección pública en el ámbito económico, empresarial y cultural.
Un falso médico que pasaba por lo que no era
Otro trapacero del PP es Tomás Burgos Gallego, secretario de Estado de la Seguridad Social. Según el currículum que figura en la referencia oficial del Consejo de Ministros que lo nombró el 30 de diciembre de 2011, era “médico y experto en gestión sanitaria” Sin embargo, la biografía de Tomás Burgos que figuraba en la página web del Ministerio de Empleo y Seguridad decía que el máximo responsable de la Seguridad Social poseía “formación universitaria en Medicina por la Universidad de Valladolid”. Es decir, no era médico. Nunca acabó la carrera (a no ser que lo haya hecho ahora. Entre los que se lo creyeron, sin contrastarlo, figura el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, que en su diario digital Médicos y Pacientes, correspondiente al 11 de diciembre de 2011, publicaba un artículo titulado: “18 médicos en la nueva Cámara Baja del Parlamento”. El primero de la lista era Tomás Burgos, al que definía como “licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad de Valladolid”. En realidad, Burgos no estaba colegiado en ningún colegio médico de España.
La tentación de engordar los currículos con títulos que aparentan ser lo que no son, o que directamente son falsos, no es nueva. Ya lo hizo Luis Roldán, quien se atribuyó la condición de economista cuando fue nombrado director general de la Guardia Civil, en 1986. Y a partir de esa mentira se convirtió en un delincuente común y en un huido de la Justicia. Y este personaje estuvo a punto de ser nombrado ministro del Interior por Felipe González.
De Pepiño Blanco, del PSOE, hizo la mejor definición Joaquín Leguina, su compañero de partido, quien afirmó literalmente: “Es un mal ejemplo para los jóvenes”: “Tiene una mala educación porque sus padres, que no son millonarios precisamente, hacen un esfuerzo para que su hijo estudie derecho en Santiago de Compostela, entra en primero y no pasa de ahí porque se mete en las juventudes del partido. Es un mal ejemplo para la juventud porque no estudia, se dedica sólo al partido y llega a ministro de Fomento. No es un buen ejemplo que se pueda llegar muy alto sin dar ni golpe”.
Lo cierto es que sin haber trabajado nunca en nada, sin poseer carrera alguna, llegó a ministro de Fomento y ahora come la sopa boba como diputado europeo. Pero la lista de mentirosos es de todos los colores: Carmen Chacón no era doctora en Derecho cuando dijo serlo.  Bernat  Soria, otro ministro de Zapatero a quien se le atribuyó la falsa condición de decano de la Facultad de Medicina de Valencia.
“Tener estudios” da para mucho y aparenta lo que no se tiene
Lo de “tener estudios” da para mucho. La ficha en la página web del Parlamento Europeo de la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, la presentaba como “licenciada en Derecho y Ciencias Políticas”, dos carreras que no terminó. Valenciano aseguró luego que la atribución de estas titulaciones en su ficha de la Eurocámara -de la que formó parte entre 1999 y 2008- se debió a un error de traducción, pues ella solo declaró que tiene estudios en Derecho y Ciencias Políticas.”
Otro “error” se refiere al que fuera dirigente del PSOE y Lehendakari vasco, Patxi López. La agencia EFE publicó un currículum del mismo en el que se decía que era ingeniero industrial, lo que era falso. El presidente no llegó a terminar la carrera. En la web del PSE figuraba que “tiene estudios en Ingeniería Industrial”. Esta fórmula es la preferida por los dirigentes del PSOE.
La falta de formación o experiencia laboral es una constante en muchos de los políticos que llegan en España a los más elevados cargos, como ocurre con Susana Díaz, presidenta de Andalucía, que tardó diez años en finalizar su carrera de Derecho. José Luis Rodríguez Zapatero no se manejaba en otro idioma que el castellano y alcanzó la presidencia sin otro bagaje que la licenciatura en Derecho y apenas unos meses de experiencia como profesor ayudante de Derecho Constitucional. Y ahora es consejero de Estado.
José Montilla, breve presidente de la Generalitat de Cataluña, a sus 25 años, ya era primer teniente de alcalde y aunque inició Economía y Derecho en la Universidad de Barcelona nunca llegó a licenciarse en ninguna de las dos carreras. Tampoco tenía otra actividad conocida que no fuera la política.
El suma y sigue es interminable y recorre toda la geografía política: La vicepresidenta de Generalitat de Cataluña, Joana Ortega, según su biografía oficial, era licenciada en Psicología. Pero le faltaban dos asignaturas. Descubierta la falsificación pidió disculpas.  Menos mal, los errores siempre son de otros. Pilar Rahola, tertuliana y miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional -que asiste a Artur Mas- decía poseer dos doctorados, según la biografía en castellano de su propia página web, mientras que en la versión catalana señalaba ser "licenciada". Ella le replicó que era licenciada en Filología y doctora honoris causa "por la Universidad de Chile". En realidad lo era por la UNIACC, un pequeño centro privado no avalado por la Comisión Nacional de Acreditación chilena. Rahola ha figurado en su web como doctora en dos filologías en las versiones en castellano, inglés y francés, aunque en catalán siempre hablaba de licenciaturas. Tardó diez años en corregir “el error”
Lo que en España se admite como cosa habitual, acaba en otros países con prometedoras carreras políticas: El ministro de Defensa alemán, Karl Theodor zu Guttenberg se fue a la calle, con un grave baldón encima, cuando se descubrió que había plagiado diversos párrafos de su tesis doctoral. Al mismo tiempo Universidad de Bayreuth retiró el título de doctor concedido al inmoral ministro.



lunes, 5 de enero de 2015

Podemos defrauda sindicalmente

  • Dos miembros de la ejecutiva de Podemos incumplen como delegados sindicales
  • Llevan más de dos años sin acudir a las reuniones de la junta de personal.
Auxiliadora Honorato (a la derecha de la imagen), durante una protesta contra la 'ley del enchufismo'


SILVIA MORENO  Sevilla

Dos integrantes de la cúpula nacional de Podemos, los funcionarios de la Junta de Andalucía Sergio Pascual y Auxiliadora Honorato, llevan más de dos años sin acudir a las reuniones de la junta de personal de los servicios centrales de la Junta de Andalucía, a las que deben asistir por su condición de delegados sindicales del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que lidera Diego Cañamero.
Pese a la larga ausencia de ambos, el SAT no ha ocupado el hueco que sus dos delegados sindicales han dejado en la junta de personal, por lo que la representación de este sindicato y los funcionarios que lo votaron brilla por su ausencia, ya que, de los 31 integrantes de este órgano, el SAT sólo cuenta con estas dos plazas.
Pascual y Honorato son estrechos colaboradores del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y forman parte de la ejecutiva nacional de este partido, el llamado Consejo de Coordinación, integrado únicamente por once personas, entre los que están, además de Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa. Esta ejecutiva no tiene ni un par de meses de vida, ya que se configuró el pasado 15 de noviembre.
Auxiliadora Honorato explicó a EL MUNDO que ni ella ni Sergio Pascual se han dado de baja como delegados sindicales del SAT, si bien aclaró que ella no ha asistido a muchas reuniones de la junta de personal porque ha encadenado diversas bajas laborales por incapacidad temporal y actualmente se encuentra de permiso maternal.
En una ONG en Venezuela
Sergio Pascual, por su parte, no trabaja en la Junta desde el 1 de enero de 2014, ya que se encuentra desde esa fecha en situación administrativa de servicios especiales. En 2013, estuvo varios meses en Venezuela trabajando con una ONG, según las fuentes consultadas por este diario.
Ambos dirigentes de Podemos son delegados sindicales del SAT desde mayo de 2011, cuando se celebraron elecciones sindicales en la Junta y recibieron los votos de sus compañeros funcionarios, sobre todo en el edificio administrativo de Torretriana en Sevilla, en el que ambos trabajaban entonces.
De hecho, esas elecciones de 2011 son las primeras en las que el SAT logró representación sindical en la Junta. Por pertenecer a la junta de personal, tanto Pascual como Honorato cuentan cada uno con 40 horas de liberación sindical al mes «dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo», según recoge el artículo 41 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Los funcionarios los votaron después de que ambos jugaran un papel muy activo en las intensas movilizaciones llevadas a cabo entre 2010 y 2011 contra la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz de la Junta, aprobada en febrero de 2011, con la oposición de buena parte de los empleados públicos andaluces, cuyas masivas manifestaciones dieron lugar a la famosa 'marea naranja', en alusión al color de las camisetas de protesta que lucían.
Esta norma es más conocida como ley del enchufismo porque supuso la entrada en la Administración andaluza de más de 20.000 trabajadores del entramado de fundaciones y empresas públicas de la Junta, también los enchufados.
La gaditana Auxiliadora Honorato, jurista y antropóloga, es la responsable de la Secretaría de Acción Institucional en la ejecutiva de Podemos. Honorato tiene como objetivo «potenciar la democratización de las instituciones y garantizar la transparencia», según la información difundida por esta formación.
Sergio Pascual, natural de Plasencia, ingeniero de comunicaciones y antropólogo social, además de funcionario de carrera de la Junta, es el encargado de la Secretaría de Organización de Podemos.
La junta de personal de los servicios centrales a la que pertenecen estos dos miembros de la ejecutiva de Podemos se constituyó el 27 de junio de 2011. Desde esa fecha hasta la actualidad se han celebrado 15 plenos: tres en el año 2011, cinco en 2012, cuatro en 2013 y dos en 2014, el último el pasado 7 de octubre.
Sergio Pascual sólo ha ido a cinco reuniones, la última de ellas el 5 de junio de 2012, por lo que suma dos años y medio sin acudir al pleno de la junta de personal. En el último año de servicios especiales estaba eximido, pero su hueco no ha sido cubierto por el SAT. Por su parte, Auxiliadora Honorato sólo ha asistido a cinco plenos, el último el 16 de abril de 2012, según fuentes de solvencia consultadas por este diario. Su ausencia, por tanto, es mayor, ya que lleva casi tres años -dos años y nueve meses- sin cumplir con las obligaciones adquiridas como delegada sindical.
"Yo no asisto porque es nimia la influencia"
Auxiliadora Honorato, secretaria de Acción Institucional de Podemos, admitió no acudir a la junta de personal a la que están convocados los delegados sindicales y a la que ella lleva sin asistir dos años y nueve meses porque tiene «una incidencia muy escasa».
Honorato explicó que la capacidad de influencia es «nimia». «Es un órgano casi por hacerle una concesión a las organizaciones sindicales, pero no tiene incidencia», apostilló, subrayando que la «capacidad de negociación» está en las mesas sectoriales, en las que el SAT no tiene presencia alguna.
Sobre si puede haber funcionarios que la votasen y se sientan traicionados por su ausencia a la junta, Honorato replicó que «cada uno puede sentir lo que quiera, pero lo mío coincidió con una cuestión personal y también explicamos a la gente que desde ese órgano no se podía hacer prácticamente nada».

domingo, 4 de enero de 2015

2015: banqueros al banquillo

MARISA RECUERO
 A la Audiencia Nacional le toca ahora aliviar el corrupto "cuello de botella" que moldearon los gestores de las antiguas cajas de ahorros y que "dejaron estar" las autoridades y supervisores de turno. Así de claro se expresa un letrado experto financiero, que prefiere mantener su anonimato por estar implicado en uno de los seis procedimientos judiciales abiertos en este tribunal en materia de corrupción financiera.
En poco menos de tres semanas, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se enfrenta al segundo juicio que se celebrará en España por delitos relacionados con las irregularidades que se cometieron en la gestión de las antiguas cajas de ahorros. El primero finalizó el 29 de mayo de 2014 con cuatro ex directivos de Caixa Penedèsacusados de concederse 31,6 millones de euros en planes de pensiones. Al ex director general, Ricard Pagés, se le impuso una pena de dos años de prisión y a los otros tres implicados -Manuel Troyano, Santiago José Abella y Juan Caellas-, un año.
Apropiación indebida
El próximo 22 de enero, el tribunal dispone de siete días para interrogar a dos ex directivos de la CAM acusados de delitos de apropiación indebida, administración desleal y otros delitos societarios cometidos por el cobro de dietas millonarias. Se trata de Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés. En el banquillo se sentarán también otras 22 personas que participaron a título lucrativo en estas irregularidades. El juicio quedará visto para sentencia el 16 de febrero.
El Ministerio Fiscal pide una pena de hasta siete años de cárcel para López Abad, que fuera director general de la caja. La acusación eleva esta cifra a los 19 años para el ex directivo Juan Ramón Avilés. No obstante, atendiendo al Código Penal y a los delitos que se le imputan, la pena máxima con la que podrían ser castigados ambos son 29 años -13 y 16, respectivamente-.
La Sala de lo Penal se enfrentará en 2015 a un mínimo de tres juicios relacionados con corrupción en las cajas. En total, 32 personas se sentarán en el banquillo de los acusados -10 ex directivos y 22 partícipes a título lucrativo-, tomando como referencia los casos en los que ya se dispone de un auto de apertura del juicio oral. En ocasiones, ese auto se refiere a piezas separadas dentro de una investigación.
Los presuntos corruptos serán juzgados por cinco delitos: administración desleal, apropiación indebida, estafa, delito societario y falseamiento de cuentas. El castigo a aplicar son penas de prisión que están entre seis meses y seis años. Dicho esto, en total, los 10 ex directivos se enfrentan, en conjunto, a una pena máxima de 151 años, exceptuando los 22 imputados en el caso CAM por participar a título lucrativo de los efectos de un delito. En este caso, su pena será resarcir el daño hasta la cuantía de su participación.
Los tres juicios fijados ya para este año arrancarán con la citada pieza separada dentro del caso CAM sobre Juan Ramón Avilés, para continuar con el caso CCM, donde se juzgará a su ex presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, y a su ex director general, Ildefonso Ortega Rodríguez-Arias, por un delito de falseamiento de cuentas y otro de administración desleal.
Administración desleal y estafa
El ciclo de juicios fijados lo cierra el caso Novacaixagalicia, por el que se sentarán en el banquillo seis ex directivos de las cajas gallegas. En concreto, Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza, Óscar Rodríguez Estrada, Francisco Javier García de Paredes y Ricardo Pradas.
Tomando como referencia las penas que aplica el Código Penal, sólo este grupo de directivos gallegos se puede enfrentar a una pena media de hasta 16 años de cárcel cada uno por ser presuntos actores de delitos de administración desleal, apropiación indebida y estafa.
En el 'caso de CCM', la Fiscalía pide dos años y seis meses de prisión para cada uno de los acusados, al considerar que los hechos son constitutivos de un único delito societario. En cambio, la acusación representada por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) advierte dos delitos -falseamiento de cuentas y administración desleal-, pidiendo penas de cinco años de cárcel para cada uno. No obstante, atendiendo a los castigos que contempla el Código Penal, el tribunal podría aplicar una pena máxima de hasta 10 años, respectivamente, por los dos delitos.
"El aspecto probatorio es esencial, aunque hay veces que es difícil acreditarlo", reconoce a este diario Luis Trigo Sierra, socio director del bufete de abogados Broseta, especializado en delitos económicos. Este letrado no pasa por alto, no obstante, que España dispone de "un sistema jurídico eficaz y que funciona», pese a tener que enfrentarse a «procedimientos muy complicados", como define el'caso Bankia'.
Precisamente, este caso supondría incrementar el número de acusados que se pueden sentar en el banquillo este año en 34 personas, ampliar a siete los delitos imputados -el caso Bankia investiga también un delito de alteración del precio de las cosas y otro relativo al mercado y a los consumidores- y aumentar la pena máxima total en prisión en 800 años. En concreto, 24 cada consejero, además de ocho entre Rodrigo Rato y Miguel Blesa por el asunto de las tarjetas B.
Preferentes y uso de tarjetas B
Es decir, 44 personas y hasta 951 años de cárcel entre CAM, CCM, Novacaixagalicia y Bankia. Sin embargo, la apertura del juicio oral podría prorrogarse hasta final de 2015, teniendo en cuenta que aún el procedimiento está abierto y que hay dos piezas separadas que se están investigando en paralelo. Se trata de la comercialización departicipaciones preferentes y del uso de tarjetas B, respectivamente.
Fuentes cercanas a la Fiscalía reconocieron a este diario que los juicios que podrían derivarse del caso Bankia serían dos. Primero, juzgar el falseamiento de cuentas y la salida a Bolsa de la entidad, y segundo, el uso de las llamadas tarjetas black. En cuanto a la comercialización de preferentes, las fuentes consultadas advirtieron de que no cabe abrir un juicio por la vía penal para esclarecer este asunto.
"El Frob ha sido cómplice de los antiguos administradores de las cajas durante varios años", señala sin tapujos Fernando Zunzunegui, socio del despacho Zunzunegui Abogados y consultor especializado en regulación financiera. "Los dejaron estar y no realizaron auditorías forenses [de las entidades]», advierte, reconociendo que «han sido las querellas criminales las que forzaron el cambio de criterio".
Precisamente, fue el 14 de febrero del año pasado cuando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, conocido por sus siglas Frob, decidió investigar a fondo determinadas operaciones de grupos bancarios nacionalizados consideradas irregulares. Esos análisis, llamados forensic, se pusieron en marcha casi dos años después de que la formación política UPyD presentará una querella contra 33 consejeros de BFA y Bankia.
"En lugar de usar este criterio, se procedió de forma distinta y se pensó en pasar página", en palabras de Zunzunegui, que no pasó por alto que los antiguos gestores aprovecharon para subirse el sueldo.

sábado, 3 de enero de 2015

Una concejal deja el PP en mitad de un pleno porque el partido “parece una secta”

La edil de Godella abandona el partido en directo por “ofensas y vejaciones” de sus compañeros
ELPLURAL.COM 
Paqui Arigüel, concejala del Partido Popular en Godella (Valencia), sorprendió a propios y extraños durante el pleno extraordinario del pasado 25 de diciembre, cuando pidió la palabra a la alcaldesa de Compromís, Eva Pilar Sanchis Bargues, para anunciar su dimisión, con un discurso en que justificó su decisión porque el PP “parece una secta” autoritaria “sin libertad de expresión” donde se calla a cambio de un sueldo.
“Este partido parece una secta. No puedo permanecer ni un día más en este grupo, donde falta lo más importante, que es la educación, el respeto y la libertad de expresión”, señala en el vídeo que recoge tercerainformacion.es

Ofensas y vejaciones

“Lo que me ha llevado a tomar esta decisión tan dura es la forma en que se me ha tratado por algunos miembros del Partido Popular, faltándome al respeto, incluso llegando a ofensas y determinadas actitudes vejatorias que por dignidad no puedo tolerar”, criticó Arigüel.


Acontecimientos internos

“Los últimos días han ocurrido unos acontecimientos en el grupo municipal popular muy graves provocados por un grupo de gente sin consideración alguna a los años que he permanecido en este partido trabajando”, denunció la edil.


Un orgullo

“Ha sido un orgullo ser concejala de este municipio durante casi cuatro años de legislatura”, manifestó Arigüel, que también quiso “agradecer al equipo de gobierno el trato tan amable que  me han dado siempre, con respeto y educación”.