De izda. a dcha., Julián
Muñoz, Baltasar Garzón, Jaume Matas, José Ortega Cano y José María del Nido.
Ibon Uría (EFE) > Madrid
El
último en solicitar la medida de gracia ha sido el polémico ex alcalde de
Marbella Julián Muñoz, que este viernes ha cursado la petición por motivos de
salud y que, tras su implicación en el caso
Malaya, cumple varias condenas por blanqueo de capitales y
corrupción.
También
en el mundo de la política, el pasado 11 de diciembre el ex presidente balear
Jaume Matas solicitó el perdón de su pena a nueve meses de cárcel, impuesta por
ejercer tráfico de influencias y presionar a un subordinado para que
entregara fondos públicos de forma ilegal a un periodista que le escribía
discursos.
Poco
después que Matas, el 27 de diciembre, fue el diestro José Ortega Cano el que
pidió el perdón a la sentencia de dos años y medio de cárcel que le fue
impuesta por un accidente de tráfico ocurrido en mayo de 2011 en la provincia
de Sevilla. Cuando provocó el siniestro, que se saldó con la muerte del
conductor del vehículo contrario, el torero conducía
con un nivel de alcohol que triplicaba el máximo permitido.
También
está a la espera del indulto el ex presidente del Sevilla C.F. y abogado José
María del Nido, condenado a siete años de cárcel porcobros irregulares en encargos
al Ayuntamiento de Marbella, precisamente en la etapa de Julián
Muñoz al frente de la Alcaldía.
Finalmente,
la solicitud de la medida de gracia para el ex juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón es más lejana en el tiempo, ya que el Gobierno comenzó a
tramitarla en junio de 2012 aunque está aún pendiente de resolverse. En su
caso, se solicita el perdón para la pena que le impuso en febrero de 2012 el
Tribunal Supremo por lasescuchas del caso Gürtel,
una condena a 11 años de inhabilitación que la Asociación de Magistrados
Europeos por la Democracia y las Libertades (Medel), impulsora de la petición de
indulto, considera desproporcionada.
El
indulto es una medida de gracia excepcional que concede el Rey, a propuesta del Ministerio de
Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y que
conlleva el perdón total o parcial de la pena, aunque no supone la cancelación
de los antecedentes penales.
Las peticiones suelen ir acompañadas de un informe de conducta
del penado y pueden ser avaladas tanto por el tribunal sentenciador como por la
Fiscalía, si bien ninguno de estos elementos es vinculante para la resolución
del expediente.
Aunque
el Gobierno, el ministerio público e incluso el propio tribunal que impone la
condena pueden iniciar los trámites para el indulto, lo más habitual es que sea
el propio condenado o sus familiares quienes cursen la petición. Desde 2004, el
número anual de indultos concedidos supera
los 300.
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