- No le imputará blanqueo, lo que
favorece a la Infanta Cristina
- Pedirá contra Torres y él una
multa de 3,5 millones, aunque la fianza fue de 8,2
El duque de Palma, Iñaki Urdangarin. EL MUNDO
EDUARDO
INDA
ESTEBAN
URREIZTIETA > Madrid
El fiscal Anticorrupción acusará a Iñaki Urdangarin de seis delitos castigados con
hasta 23 años de cárcel, en el escrito que presentará en las próximas semanas
solicitando la apertura del juicio oral. La petición para el socio del duque de
Palma, Diego Torres, será de cinco delitos, penados con un
máximo de 19 años de reclusión.
Sí habrá igualdad en la multa que el fiscal pedirá que
abonen y que asciende a
3,5 millones de euros. Tal y como ha advertido el fiscal general del Estado, no
habrá petición de pena para la Infanta Cristina, y hay dudas de si también se
exonerará a la esposa de Torres, Ana Tejeiro
Éste es el planteamiento que tiene encima de la mesa el
Ministerio Público y que, salvo sorpresas como un acuerdo de conformidad,
saldrá adelante en el escrito de acusación que entregará al juez Castro después
de Navidad, previsiblemente una vez que se sepa si se imputa o no a la Infanta Cristina.
Horrach pedirá para los dos
protagonistas una multa conjunta de 2,5 millones de euros
La gran novedad es que Anticorrupción, cuyo fiscal
adscrito a la causa es Pedro Horrach, plantea inculpar de un delito más a
Urdangarin que a Torres. Finalmente, atribuirá seis infracciones penales al
duque de Palma: prevaricación, malversación, falsedad, fraude
y dos fiscales. A su antiguo socio e íntimo amigo le caerán prevaricación, malversación, falsedad, fraude y uno fiscal.
Es decir, cinco.
Eso sí, se librarán del blanqueo de
capitales porque la legislación en el momento de autos, entre
2004 y 2008, no castigaba con precisión el autoblanqueo. Esta postura facilitaría a la larga que la hija del Rey pueda librarse de
este tipo penal al no atribuírselo a sus máximos protagonistas.
En
el peor de los escenarios para él, es decir, tomando como referencia la parte
más alta de las penas, Urdangarin podría ser condenado con hasta 23 años de
prisión. A Torres sus actividades delictivas le supondrían alrededor de 19 de
reclusión. A Urdangarin se le castigaría por dos delitos contra la Hacienda
Pública en los ejercicios 2007 y 2008, ambos por superar la cuota de 120.000
euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Por su parte,
Diego Torres habría infringido el artículo 305 del Código Penal -el que castiga
los delitos fiscales- en 2007. La pareja se sirvió de sus empresas pantalla
para pagar fraudulentamente menos al Fisco acogiéndose al Impuesto de
Sociedades en lugar de tributar vía IRPF.
El fiscal sostiene que en las adjudicaciones a dedo a
Iñaki Urdangarin y Diego Torres, bajo la pantalla del Instituto Nóos, primó la
discrecionalidad más absoluta. Tanto en los contratos suscritos con la
Generalitat Valenciana de Francisco Camps y
el Ayuntamiento de Valencia comandado por Rita Barberá, como
con los que firmaron con el Govern de las Islas Baleares presidido por Jaume Matas.
La retahíla de irregularidades,
interminable
La
retahíla de irregularidades es interminable: los precios los fijaban el yerno
del Rey y su socio, no hubo transparencia, tampoco concurrencia, menos aún
fiscalización del gasto y, en algunos casos, todo era fruto de pactos verbales.
También
cuestiona el uso del convenio como figura legal de la que se sirvieron
Urdangarin y Torres -con la complicidad de Matas, Camps y Barberá- para evitar
someterse a un concurso público. El hecho de que se optase por este atajo legal
no basta para hacer desaparecer la ilicitud del gasto y la obligación
consiguiente de reintegrarlo en su totalidad. Item más: el Tribunal de Cuentas
ha defendido en varias sentencias que "no es suficiente el contrato para
entender justificado el gasto, los contratos deben tener una causa, lícita por
supuesto, y ésta ha de acreditarse".
A pesar de todo, se mantienen los
intentos de llegar a un acuerdo
Anticorrupción
entiende, por tanto, que no sólo el Govern de las Islas Baleares y la
Generalitat Valenciana, sino también el Ayuntamiento de Madrid -con los 144.000
euros que les dio la Oficina Olímpica de Madrid 2016-, deberían haber elegido
un mecanismo diferente al del convenio. Según la ley, esta figura queda
limitada a la colaboración entre instituciones, cuando las dos partes carezcan
de interés patrimonial o cuando no exista una contraposición de intereses. Es
obvio, a la luz de las pruebas que obran en la causa, que había interés
patrimonial, puesto que Urdangarin y Torres se metieron en sus bolsillos 2,6
millones de euros en Baleares y otros 3,5 en la Comunidad Valenciana.
El
dúo Urdangarin-Torres y los demás imputados deberán devolver, pues,
íntegramente las cantidades recibidas de los erarios autonómicos. La Fiscalía
considera que habría que imponerles una multa de 3.495.000 euros: algo más de
un millón de euros por el dinero distraído de Baleares y 2,3 millones por los
fondos públicos que se embolsaron en la Comunidad Valenciana. Llama la atención
la desproporción entre la multa que reclamará el fiscal y la fianza de
responsabilidad civil, aún vigente, que se impuso solidariamente a ambos: 8,2
millones.
El
resto, hasta completar los 6,1 millones de los que se apropiaron en total en
las dos administraciones, lo pagarán los políticos y funcionarios que
colaboraron en el saqueo. Jaume Matas, el dirigente popular que presidió
Baleares de 1996 a 1999 y de 2003 a 2007 y que será acusado de prevaricación,
malversación y fraude, también tendrá que poner parte de los fondos detraídos
ilegalmente. En concreto, se baraja una multa de unos 500.000 euros.
El presidente balear posee ya antecedentes: fue condenado por el Supremo a
nueve meses de cárcel por un delito de tráfico de influencias y por la
Audiencia de Palma a abonar 51.000 euros al Estado por cohecho.
Por último, la intención de la Fiscalía es dejar al margen a antiguos colaboradores del duque de Palma,
como el empresario Miguel Zorío.
Esta hoja de ruta de Anticorrupción quedará en papel
mojado si llegan a buen puerto las negociaciones que, pese a lo que mantiene el
fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, siguen
abiertas. Torres-Dulce fue tajante hace un mes cuando este diario destapó esta
posibilidad: "No hay abierta ni va a haber ninguna
negociación para cerrar un pacto en el denominado caso Nóos".
Enlace Articulo
original: http://www.elmundo.es/espana/2013/12/22/52b63f0422601db8418b4584.html
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