LA
DIMISIÓN del director general de la Inspección de la Agencia Tributaria, Luis
Jones, permite visualizar lo que ya era un secreto a voces: la injerencia del
Gobierno en un organismo que, por su propia naturaleza, debería ser
exquisitamente neutral. Jones ha justificado su marcha por «las notables
diferencias en diversos asuntos» con el propio director de la Agencia, unas
divergencias que han acabado resolviéndose «en contra» del «criterio»
profesional. Aunque no lo cita expresamente, todo indica que las interferencias
en la labor de los técnicos y la política de ceses y nombramientos están detrás
de su decisión.
Los continuos cambios de personal han llevado a la Agencia
Tributaria a vivir en un permanente sobresalto y han puesto en pie de guerra a
los funcionarios. Hace dos semanas, la Organización Profesional de Inspectores
de Hacienda fue clara al reclamar que los cargos técnicos sean ocupados por
profesionales que hayan ganado la plaza por concurso, para evitar de esta forma
designaciones partidistas. Pero es que esta misma semana, otro colectivo, el de
técnicos de Hacienda, a través de su sindicato mayoritario, Gestha, ha acusado
al organismo de «desobedecer» las instrucciones del juez Castro, que instruye
el caso Nóos, con el objetivo de salvar a la Infanta Cristina de un delito
fiscal en el Impuesto de Sociedades.
En poco tiempo han dejado su cargo en la Agencia Tributaria
personas con altas responsabilidades. Lo hizo la directora, Beatriz Viana, como
consecuencia de la extraña y nunca bien aclarada atribución a Doña Cristina de
una docena de operaciones inmobiliarias. Hace diez días, eran el jefe de
Control Tributario de la Delegación de Grandes Contribuyentes y su adjunta
quienes se marchaban tras pedir una sanción a la cementera Cemex por la simulación
de pérdidas para disminuir el pago de tributos. El Gobierno era contrario a esa
sanción. A esos cambios en las alturas se suman otros. El PSOE ha denunciado
que en Hacienda se han producido «300 ceses en dos años».
El deterioro de la imagen de la Agencia Tributaria por la
sensación de injerencias políticas ha sido una constante. Comenzó con el
escándalo de la presunta amnistía fiscal a Bárcenas -una operación con la que
el ex tesorero del PP dijo haber regularizado diez millones de cuentas suizas,
extremo que después desmintió Hacienda, sin que aún se haya pronunciado la
Justicia- y no ha parado hasta hoy. Hace unos días, EL MUNDO destapó la orden
dada por el director de la Agencia, Santiago Menéndez, por la que se arroga la
designación de los peritos judiciales en las causas por delitos fiscales y
blanqueo. Se trata de un nueva vuelta de tuerca para controlar este tipo de
procesos.
La percepción de caos y manipulación ha llegado a tal extremo
que obliga a Montoro a dar la cara. El ministro, que tanto ha alardeado de
conocer las declaraciones de Hacienda de los demás, dejando entrever su control
político sobre el organismo -en febrero lanzó en el Senado una acusación contra
«nuestros famosos actores» y después animó a los diputados a pagar «todos»,
recalcó, «fielmente los impuestos»- tiene que explicar ahora qué está
sucediendo en la Agencia Tributaria y cómo pretende restaurar su maltrecha
imagen.
Enlace articulo original: http://www.elmundo.es/opinion/2013/12/04/529fa4f963fd3dc8058b4588.html
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