Xavier Horcajo
Están desprestigiados. Nadie
explica sus fortunas. Los ciudadanos anhelan que los crujan por evasores, pero
policías, fiscales, jueces e inspectores de Hacienda dan lo peor de lo que son
capaces en la pelea legal que la sociedad española tiene con el clan Pujol.
Sobresalen las
ineficiencias de la Agencia Tributaria, de la UDEF, del
propio ministro del Interior,Jorge Fernández Díaz, de los rutilantes
jueces de la Audiencia Nacional… y ni un solo “testigo de cargo”. No tenemos a
nadie que afirme haber pagado a los Pujol para conseguir algo. Todo apunta a
que a nuestras instituciones les viene grande eso de acabar con el clan de los
Pujol, el que mantuvo a Cataluña en un puño durante 40 años.
El 25 de julio Jordi
Pujol i Soley, expresidente de la Generalitat reconoce ser un evasor fiscal
con tres décadas de antigüedad. Todos nos reímos o nos indignamos mucho.
Pujol sacaba los trapos sucios al sol forzado por la publicación de los números
de cuenta y saldos de su esposa y de cinco de sus hijos. Siete integrantes
de la familia ingresaban a Hacienda 1,7 millones de euros, que habían ocultado
en sus declaraciones anteriores que les salían a devolver.
Una semana después
algunos medios como El Mundo, ABC o El
Confidencial coincidían en hablar de “como mínimo 500 millones y de
manera indirecta, entre 1.500 y 1.800 millones”, una coincidencia asombrosa.
[Llevo 30 años denunciando las andanzas del clan Pujol y nunca había llegado a
tan precisas conclusiones].
El soplo era
“inducido”, sólo duró el mes de agosto. En septiembre tomó carta de naturaleza
una “Nota INFORMATIVA” apócrifa que se atribuye “por gestiones realizadas en
varias entidades en Andorra” los datos bancarios de la familia Pujol en el
Principado. Concretamente de 11 transferencias desde sus cuentas de la Banca
Privada de Andorra (BPA).
Aún más, “parte de
esas informaciones”, dice la “NOTA INFORMATIVA. Asunto Dinero Offshore
Familia Pujol. Fiabilidad: Muy Alta, datos recogidos de fuentes
fiables y solventes Fecha 1.7.14” que hay información suministrada por “los
propios responsables del BPA que ante el temor de poder perder la licencia para
ejercer en España, como banca privada a través de la marca Banca Madrid, han
optado por aceptar prestar colaboración con las autoridades judiciales y/o
fiscales españolas”. El 1 de julio de 2014 ningún autoridad judicial o fiscal
española había solicitado “prestar colaboración” por cauces legales a nadie en
Andorra. Otra cosa será “bastardeo” que es como se conoce en el argot sacar
información pagando o mediante robo y/o amenaza. Lo que hace los autores de la
“NOTA” es dar argumentos a los abogados de los Pujol para oponerse a que las
vías legales de información se cierre por la evidencia de la comisión de un
delito de robo de información en Andorra. ¡Bravo! Por la presunta “unidad de
inteligencia económica” filtradora.
La diferencia con
casos como el de Falciani o el del empleado de LGT que
aireó los fondos del padre de Artur Mas en Liechtenstein, es que ni el BPA ni
al Andbank andorranos han denunciado a ningún empleado o
exdirectivo. ¿Hubo una entrega ilegal de información? ¿Fueron tan torpes los
“espías” españoles para blindar al clan Pujol de datos de rogatorias
andorrana?.
Parece que alguien
ardía en deseos de atribuirse el mérito de la información de “El Mundo”,
7/7/2014 y antedatan la nota al 1/7/2014. Se descubre por un “lapsus” en la
nota hablan de “comisión rogatoria actualmente en proceso”, cuando el 1 de
julio, no había ninguna rogatoria en ningún juzgado de España contra los Pujol.
La primera salió del juzgado 5 de la Audiencia Nacional (Pablo Ruz) el 29 de
julio y sólo se refería a Jordi Pujol Ferrusola que no está entre los titulares
de fondos de la cuenta en cuestión del BPA. La comisión rogatoria del juzgado
31 de Barcelona que investiga a la familia Pujol por sus saldos en la BPA
Andorrana sale del juzgado de Zita Hernández Larrañaga, el 31 de julio
Nadie duda del efecto
legal de la publicación en “El Mundo” de los números de cuenta de los Pujol en
el BPA andorrano por 3,4 millones de euros. Pero el “soi dissant” pantallazo de
datos bancario tiene de auténtico lo que “un duro de chapa”. ¿O es que los
documentos de la banca andorrana hablan de sus clientes como “Marta” “Pere”,
“Marta F”, “Oleguer” o Mireia”? Ya veremos tras las investigaciones de
los juzgados andorranos no acaban deduciendo que las informaciones se
obtuvieron de forma ilícita y acaban obligando a la Agencia Tributaria de
España a rectificar por nulidad en la prueba. Sería para obligar a llevar “capirote”
vitalicio a los de la “Unidad de Inteligencia” pseudo-policial.
Los primeros compases
de la investigación corresponden a la magistrado juez Zita Hernández Larragaña,
con el otoño se hizo cargo del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona,
un sustituto, Miguel Ángel Tabarés Cabezón, para acabar en manos de la nueva
titular Beatriz Balfagón. Entre los tres jueces no pudieron evitar el “atraso”
de la Agencia Tributaria en la remisión de los datos de las complementarias que
los Pujol tuvieron que hacer (aún no han cerrado este asunto del que queda
pendiente por cautela la multa tributaria (un 30% más). Incomprensiblemente, el
requerimiento del juzgado (8 de agosto) no se cursó adecuadamente y no fue
atendido hasta diciembre y la actual titular del Juzgado esperó a ese momento
para considerar imputados al clan Pujol. La Agencia Informó de la familia Pujol
afloraron otros 4,14 millones en renta (IRPF)
Tres magistrados en
cinco meses es un inconveniente objetivo que nuestra justicia añadió a la
complejidad del caso, como los dos fiscales, hasta llegar a Alejandro Luzón,
fiscal anticorrupción. Entre todos indicios de delitos asociados a esos
fondos no tenemos. Los instructores le han atribuido un gran valor probatorio
al testamento del padre de Pujol i Soley (Florenci Pujol) todo y que en su
declaración de inculpación el ex Presidente de la Generalitat decía que al
margen de ese testimonio, su padre le había dejado “un dinero en Andorra”. El
testamento no ha sido entregado.
Tantas manos en el
juzgado 31 han producido “daños colaterales, sobre todo en la obtención de
información a través de comisiones rogatorias en Andorra, Suiza o Liechtenstein.
Torpezas sum servanda
La primera respuesta a
las comisiones rogatorias es la de Suiza. El 15 de septiembre, responde que en
los delitos de blanqueo para tener colaboración y de acuerdo con el derecho
suizo hay que “hacer constar que delito previo dio origen al dinero
blanqueado”. La nota es todo un bofetón en la cara: “En este caso no se
indican ni la infracción de blanqueo, ni la infracción previa” por lo que “no
se puede dar curso a la solicitud”. Lo firma Florence Albertini, de
la Oficina Federal de Justicia de Berna.
El 29 de agosto, la
juez o Batlle de Andorra, Núria Garcia Val, contesta la Comisión
Rogatoria del Juzgado 31 de Barcelona, con un sonoro rechazo. Primero
porque no le precisan la condición procesal específica del clan Pujol (si
están o no imputados) y segundo, porque “no se ofrece una relación suficiente
de hechos delictivos investigados y datos aproximados de su comisión que
permitan valorar la existencia del criterio de doble incriminación”. Los
paraísos fiscales dan información de las cuentas de los sometidos a rogatoria
si los fondos tienen que ver con otros delitos, por ejemplo: la prevaricación,
el cohecho, la estafa; no el delito fiscal. Es la esencia del negocio de la
banca andorrana.
Por cierto, Jordi
Pujol Ferrusola denunció ante los tribunales andorranos a los bancos BPA
y Andbanc por presunta violación del secreto bancario prevista en el artículo
191 del Código Penal de Andorra... En el escrito se dice que los males del clan
provienen de información robada y divulgada en España (“El Mundo” 7 de julio de
2014).
El Fiscal
general de Liechtenstein, Robert Wallner, después de consultar a las entidades
financieras, ha decidido archivar la investigación sobre posible blanqueo de
dinero del ex presidente del Gobierno catalán, Jordi Pujol i Soley y su
familia. “No tienen cuentas aquí”, ese es el resumen de esta investigación que
viene a dar la razón a lo dicho por el propio Pujol el 22 de octubre. Las
autoridades de Liechtenstein no investigaban a los Pujol por propio interés,
sino a instancias del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de
Capitales e Infracción Monetaria) de España basado en Brantridge Holdings, la
empresa que utiliza el primogénito Pujol Ferrusola, dirigida por Herbert
Rainford Towning, “el mago”, banquero británico retirado que mueve el
dinero de Jordi Pujol.
¿A que venía la
filtración interesada de Interior que levantó, a mediados de octubre, la
hipótesis de cuentas en Suiza de los Pujol? ¿Por qué Fernandez Díaz declaró a
TVE (13 de octubre) había hecho una llamada “para confirmar la
información” de prensa? ¿Es eso lo que esperamos de un ministro del
Interior? Ahora será el Juzgado 31 de Barcelona el que recorra con su
comisión rogatoria los senderos de Liechtenstein- Los investigadores del
“Fürts” (Príncipe de Liechtenstein, Hans Adam II) son muy buenos tanto que han
llevado a averiguar que Jordi Pujol i Soley estuvo hace 20 años allí, apenas
unas horas, de visita después de acudir al Foro de Davos en el que tuvo
intervenciones públicas.
El canto de la UDEF
Al juez Pablo Ruz no
le gustaba la denuncia de la amante de Pujol Ferrusola, María Victoria
Álvarez. Le obligaron a instruirla, y eso deja poso. El entusiasmo de la
fiscal María Belén Suárez con el dinero descubierto por Vicky
Álvarez en el coche que les llevaba de Andorra a Lérida para llevarlo
luego a Madrid en Ave, las mochilas de 500 euros, no contagió a Ruz. Quizá por
ello, juez y fiscal de fueron de vacaciones en agosto 2014, dejando para
mediados de septiembre la declaración de Jordi Pujol Ferrusola. Para entonces,
el terreno de los indicios estaba poco sembrado. La UDEF, retada en el
terreno de la opinión por Pujol padre con aquello de “¿Pero quién coño es la
UDEF?”.
La UDEF apenas ha
sabido llevar al Juzgado indicios de posibles cobraos de empresas muy afines a
Pujol padre, de pujolistas de “pata negra”, caso de los Sumarroca (Emte), Grupo
Copisa Constructora Pirenaica, Tecsa y unas pocas operaciones de intermediación
inmobiliaria o FCC Medio Ambiente o Isolux (Luis Delso).
Poquita cosa que dejaba las “mordidas” sin “testigo de cargo” no merecedoras de
que Ruz decretara medidas cautelares contra el primogénito de Pujol, cuyo
despacho era conocido en Barcelona como “el nido del cuco” por ser el lugar
donde se decidían concesiones, licencias, adjudicaciones y contratas de la
administración que conducía su padre.
Enlace al artículo
original: http://www.gaceta.es/noticias/clan-pujol-dejado-evidencia-instituciones-23122014-1912
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