El ya ex fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce
LORENZO
SILVA
Seguramente, no todo lo hizo
bien. Al ciudadano al que ahora le sorprende su partida le vienen a la memoria todas las
discusiones en que se vio envuelto, por decir que le parecía un fiscal general
diferente de los anteriores, mejor. Unos le echaban en cara que no le hubiera
picado espuelas al fiscal balear para que disparase a matar contra la hija del
rey. Otros se oponían al elogio señalándolo como el sicario del gobierno que se
querelló contra esos apóstoles del dret a decidir que desde despachos de la Generalitat habían cooperado con una consulta
suspendida por un tribunal (competente para ello, por lo demás).
En algo
erraría, no hay humano que no yerre, pero no le parece al ciudadano que ya
empieza a echarle de menos que ninguna de esas dos actuaciones sean indignas ni
prevaricadoras. El fiscal que decidió no acusar a una infanta sí le ha metido
mano a su patrimonio, pide vente años de trullo para su marido (en esto, no
parece muy inclinado a contentarla), muestra en todo momento una convicción
propia y razona profusamente sus decisiones. Que al ciudadano, como a otros
miles, no le parezcan acertadas, y desee mayor ejemplaridad y la exigencia de
una más rigurosa responsabilidad a quien se lucró con manejos basados en su
posición en la línea sucesoria a laCorona, no quiere decir que el
fiscal general tenga el deber de corregir a su subordinado, so pena de ser
considerado ineficaz o cortesano.
Tampoco
es necesariamente un baldón, ni cabe explicarlo sólo como la obediencia perruna
del fiscal general al gobierno que lo ungió, el hecho de que, tras meditarla y
debatirla en el Consejo
Fiscal, decida presentar una querella contra quienes, desde las
instituciones y la máxima representación del Estado en una comunidad autónoma,
hicieron oídos sordos a una decisión judicial emanada de los tribunales de ese
Estado y allegaron a su celebración el dinero público que falta para pagar
medicinas y servicios sociales perentorios a los ciudadanos. Cabrá cuestionar
que haya una desobediencia, según el criterio que cada cual elija respecto de
lo específica que debe ser la prohibición judicial de algo para entenderse
penalmente relevante el acto de ignorarla; pero que siquiera en el terreno de
los indicios podría darse una malversación punible parece difícil de rebatir.
Que en el trasfondo haya, innegablemente, una cuestión política, es asunto que
a los políticos incumbe, no a un fiscal general cuya actuación está sometida al
principio de legalidad.
Olvidan
muchos de los que le criticaron, aunque los rumores desatados con su dimisión
vendrán a refrescárselo, que este fiscal general supuestamente al servicio del
gobierno ha respaldado una y otra vez a los fiscales que bajo su dirección
procedían contra miembros del partido a la sazón en el ejecutivo. Altos cargos
del partido, antiguos y presentes parlamentarios, personas que han ostentado
presidencias autonómicas, y como colofón, una partida de concejales y alcaldes
de una de las joyas de la corona de dicho partido, la Comunidad
de Madrid. Todos ellos han caído, imputados y alguno incluso
encarcelado, porque ha cargado contra ellos un fiscal anticorrupción, sin que
jamás lo desautorizara su jefe. Antes al contrario: se ocupó de reforzar esa
fiscalía especializada y reclamó una y otra vez reformas en las leyes penales y
procesales para poder proceder con contundencia contra los amigos de meter la
mano en la caja de todos. Llegó a decir en las Cortes,
ante sus señorías, que lo que había actualmente parecía más encaminado a
encubrir y a la postre absolver a los corruptos que a darles su merecido.
Enlace articulo original: http://www.elmundo.es/espana/2014/12/21/549645efca47417b238b456b.html?a=02b4d57a9e7909974b259a744ac6eefa&t=1419146046
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