Profesor
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas.
Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins
University
En la discusión actual sobre la supuesta inviabilidad
del sistema de pensiones públicas se está haciendo toda una serie de
aseveraciones, reproducidas algunas de ellas por la llamada Comisión de
Expertos sobre las Pensiones, que requieren una reconsideración a la luz de la
evidencia existente. En tal discusión se asumen erróneamente varias
suposiciones, presentándolas como hechos y realidades, cuando en realidad la
evidencia científica existente las cuestiona. Entre ellas están las siguientes
declaraciones:
1. El hecho de que la esperanza de vida de los
españoles haya crecido seis años en los últimos treinta años quiere decir que
las personas ancianas viven seis años más. Esto no es así. Hay que saber
cómo se calcula la esperanza de vida. Si España, por ejemplo, tuviera solo dos
ciudadanos, uno la Sra. García, que vive hasta que tiene 80 años, y otro, el
pequeño Juanito, que muere al poco de nacer, entonces la esperanza de vida
promedio de España sería (80+0)/2=40 años. Suponga el lector que treinta años
más tarde España continuara teniendo solo dos ciudadanos. Uno la Sra. Pérez
que, como la Sra. García, muere a los 80 años, y el otro ciudadano, Manuel, que
vive hasta los 20 años. La esperanza de vida de esta España reciente sería de
(80+20)/2=50 años, es decir, diez años más que la España de ayer. Pero esto no
quiere decir, como constantemente se malinterpreta, que la Sra. Pérez viva diez
años más. En realidad, continúa muriendo a los 80 años. Lo que ocurre es que el
bebé que moría antes, ahora ya no muere y vive 20 años más.
Y esto es lo que ha ocurrido en España, la mortalidad
infantil ha estado bajando mucho (lo cual ha estado ocurriendo también en la
mayoría de países de la Unión Europea) y con ello la esperanza de vida (que es
el promedio de años de vida que el ciudadano medio vivirá) ha subido. Pero el
aumento de la esperanza de vida no repercute automáticamente en el mismo
aumento de años de vida de los ancianos.
2. Como consecuencia de que las personas vivan más
años, existe la necesidad de que también trabajen más años. Si viven seis años
más, deberían trabajar seis años más. Este supuesto ignora la enorme
variabilidad en las tasas de mortalidad que existe en España entre las personas
pertenecientes a distintas clases sociales. Un catedrático de Universidad, por
ejemplo, es probable que viva siete años más que la mujer de la limpieza de la
Universidad en la que él trabaja. Es una medida profundamente injusta exigir a
la segunda persona –la mujer de la limpieza- que trabaje dos años más (y
algunos están incluso hablando de cinco años más) para pagarle la pensión al
primero –al catedrático-. El retraso indiscriminado de la edad de jubilación es
profundamente injusto. Y es, sin embargo, el criterio que se está utilizando y
promoviendo. Hoy, en España, la persona del decil superior de renta vive diez
años más que la persona del decil inferior. Hacer una propuesta “igual para
todos” sin tener en cuenta la enorme desigualdad de condiciones de vida y
muerte debería ser rechazado por inmoral y antidemocrático.
3. A mayores años de vida adicionales de la
población, mayor es su capacidad y obligación de trabajar. Esta
observación, derivada de la anterior, continúa ignorando que no solo la
esperanza de vida varía mucho según la clase social, sino también su calidad de
vida. La calidad de vida de los años añadidos a la longevidad de una persona
jubilada varía también de una manera muy evidente y clara según el tipo de
trabajo y empleo (y, por lo tanto, de clase social del individuo) que ha tenido
durante su vida laboral. A menor nivel de renta de la persona, y a menor
autonomía, creatividad y condiciones satisfactorias del trabajo y empleo que la
persona haya desarrollado, mayor es la discapacidad y limitaciones “propias de
la edad”, con menor deseo de continuar su trabajo. De esta realidad se deriva
el principio aplicado en muchos países –pero no en España- de que la jubilación
es un derecho más que una obligación. Para la mujer de la limpieza es una
bendición el poder dejar de trabajar. Pero no así para un catedrático, o para
un médico, o para un profesional que goza en su trabajo. La aplicación del
principio de considerar la jubilación como un derecho (como ocurre ya en muchos
países a los dos lados del Atlántico) implica el derecho a que no haya
obligación de jubilarse. Como profesor de Hopkins yo no tengo el deber de
jubilarme. Siempre y cuando el trabajo esté al nivel que se exige de un
profesor de universidad, la institución no puede jubilarme, como resultado de
la ley que prohíbe la discriminación a los ancianos (una ley, por cierto, que
sería muy necesaria en España, donde la discriminación en contra de los
ancianos es muy acentuada).
4. El mayor problema que determina la necesidad de
reformar el sistema de pensiones es el demográfico. A más gente anciana que
vive más años y menos gente joven, mayor será el problema de la financiación. Esto no es así, pues se ignoran muchas realidades.
En los sistemas de financiación a base de contribuciones sobre el trabajo (las
cotizaciones sociales), el escenario no consiste en jóvenes versus ancianos,
sino en trabajadores versus pensionistas. E incluso más importante es la
cantidad de la aportación, que depende del salario y de la productividad. De la
misma manera que ahora el 2% de la población que trabaja en agricultura produce
más alimentos de los que producía el 18% que trabaja en el campo hace cuarenta
años, un trabajador dentro de cuarenta años producirá y contribuirá muchas
veces lo que produce y contribuye un trabajador ahora. En realidad, el mayor
problema que tiene el sistema de financiación actual de las pensiones no es el
demográfico, sino el laboral, es decir, el escaso porcentaje de puestos de trabajo,
consecuencia, en parte (no de la siempre supuesta rigidez del mercado laboral)
de la escasísima producción de puestos de trabajo (e incluso más escasa
producción de buenos puestos de trabajo) resultado de un escaso desarrollo de
la infraestructura social y humana del país. Si España tuviera el mismo
porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios del Estado del
Bienestar que tiene Suecia, España tendría cinco millones más de puestos de
trabajo. Es esta escasez de puestos de trabajo el problema de las pensiones
contributivas, tema que ni está ni se espera en la citada Comisión.
Es
lamentable que la solución que predeciblemente aparece como más factible sea la
reducción de las prestaciones en lugar de aumentar los recursos para
mantenerlas e incluso expandirlas.
Para profundizar leer Lo que debes saber para que
no te roben la pensión (Espasa, 2013) de Vicenç Navarro y Juan Torres.
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