Pide que la Junta le entregue "a la mayor
brevedad posible" información sobre varios programas.
Pedro
de Tena
A la espera
del análisis de toda la documentación contenida en los cincuenta tomos del
sumario declarado parcialmente secreto hace meses y ahora levantado, Mercedes
Alaya ya ha encontrado otros tres fondos nuevos que investigar en su
búsqueda de ayudas ilegales de carácter sociolaboral. Se trata ahora de otros
18 millones de euros concedidos a través de los programas Fomento
Industrial, Desarrollo Tecnológico y Servicio Andaluz de Empleo, todos
ellos dependientes de la Consejería de Empleo. Recuérdese que asimismo se está a
la espera de su investigación sobre los fondos de formación, fondos
señalados ad hoc por el propio ex director general de Empleo de la Junta
y principal imputado por ahora en el caso de los ERE, Francisco Javier
Guerrero, como muy superiores a los manejados por él desde 2001.
Su investigación parte, según El País, de la propia Intervención General
del Estado que en su estudio sobre las ayudas sociolaborales solicitado como
pericial en el procedimiento, ha encontrado que hay ayudas a prejubilados que
"parecen haber sido concedidas no sólo con cargo al programa presupuestario
31L Administración de relaciones laborales, sino a otros programas
distintos" y así lo dijo la juez en su auto firmado el pasado 23 de mayo.
Ahora, tras el descubrimiento de nuevos fondos, Alaya quiere que la Junta le
entregue "a la mayor brevedad posible" información sobre los
programas Fomento Industrial por 3,2 millones concedidos en 2000, Servicio
Andaluz de Empleo por 2,9 millones en 2004 y dos de Desarrollo Tecnológico que
suman 11,4 millones entre 2003 y 2004. En total, 18 millones otorgados
supuestamente en ayudas sociolaborales.
La novedad
fundamental es que todos ellos dependían de Departamentos ajenos a la
Dirección General de Trabajo que es el núcleo base del fondo de reptiles
investigado hasta ahora. la Junta de Andalucía siempre ha defendido que ese era
el huevo de la serpiente pero la tramitación de estas ayudas sociolaborales por
18 millones no tiene que ver con el departamento del ex director general Javier
Guerrero, y atañe a otros responsables.
Además, la
juez pide a la Junta el nuevo listado de intrusos porque la
investigación interna que comenzó la Consejería de Empleo hace dos años está
concluida pero sus conclusiones no han llegado al juzgado. Hace tres semanas,
la Junta expuso haber hallado 235 irregularidades administrativas, entre las
que se incluían 71 intrusos y un fraude de 17 millones, de los que ya se habían
reintegrado 5,3 millones. Ahora Alaya quiere saber el nombre de estos intrusos
porque el decreto de la Junta del pasado octubre sobre extrabajadores afectados
por reestructuraciones de empresas, aclaraba que los contratos de seguros
debían ser revisados por una comisión técnica en el plazo de un mes para
confirmar que no existían intrusos. "Dado el tiempo transcurrido (siete
meses) la Junta debe conocer la identidad" de los intrusos, recuerda la
juez.
Alaya quiere
conocer asimismo los pagos de ayudas sociolaborales hasta la fecha actual y los
compromisos adquiridos, datos que la Junta debe tener ya clarificados después
de tantos meses de investigación interna y aclara en su auto "que constan
pagos posteriores por compromisos adquiridos" posteriores a 2010, cuando
se incorporó al frente de Empleo el exconsejero y diputado Manuel Recio.
Tema pendiente: los fondos de la formación
Los fondos
públicos que la Junta ha destinado a la formación son muy superiores a los 734
millones de euros que durante una década engrosaron la partida 31.L de los ERE,
la conocida como el fondo de reptiles. Pero entre ambos procedimientos aparecen
similitudes sorprendentes.
a) En las prejubilaciones
falsas, los sindicatos tuvieron un papel destacado y, según la juez Alaya,
cobraron comisiones con la justificación "peregrina" de ofrecer a las
compañías aseguradoras los datos de los trabajadores.Hubo pólizas colectivas de
rentas cuyos tomadores fueron federaciones sectoriales de los sindicatos, hubo
pagos a algunas de estas federaciones regionales en Andalucía, por ejemplo, en
el ERE de la Faja Pirítica de Huelva, y hubo comisiones de entre el 0,5% y el
1% a empresas vinculadas con los sindicatos, como Atlantis y Temiqui, por
participar en el proceso de los ERE. También en los cursos de formación de
la Junta los sindicatos UGT y Comisiones Obreras representan un papel
protagonista, ya que han sido los encargados de organizar miles de cursos en
toda Andalucía. Y por todos han cobrado más del 40 por ciento del total de la
subvención recibida según el único informe sobre estas subvenciones publicado
por la Cámara de Cuentas en 2002.
b) El ex
alto cargo de la Junta Juan Rodríguez Cordobés, imputado en el caso de los
ERE, aparece como intruso en la póliza de prejubilaciones de la empresa
Calderinox, en la que nunca trabajó. Pero es que este ex alto cargo, además,
cobró de la partida de los fondos de formación una indemnización de 21.512
euros tras cesar en 2008 de su puesto como director gerente de la Escuela de
formación de Artesanos del municipio sevillano de Gelves. El último informe de
la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre subvenciones de la Consejería de
Empleo, advertía de que la indemnización por cese de Rodríguez Cordobés no era
susceptible de ser subvencionada con cargo a los fondos de formación de la
Junta.
El citado
informe pone de manifiesto que, de los 44,56 millones de euros en
subvenciones otorgadas por la Junta para el funcionamiento de los 14
consorcios escuela de formación para el empleo, entre los años 2008 y 2009, no
se justificaron más de 3,5 millones.
Indicios de una trama
Juan Ignacio Zoido, presidente del PP andaluz, pidió la extensión de la investigación a los fondos de formación. El caso Pallerols fue el primer
aperitivo que señaló el camino por el que circulaban subvenciones destinadas a
la formación que terminaban, en parte, en manos de un partido, o sindicatos, o
particulares. De hecho, la Cámara de Cuentas de Andalucía ya reflejaba en su
informe sobre la formación profesional ocupacional cómo los sindicatos UGT y
CCOO en 1997 se quedaban casi con el 50 por ciento del dinero recibido en
concepto de gestión, coordinación, seguros, energía, etc. De la calidad de los
profesores y de su eficacia, esto es, a cuántos alumnos parados consiguieron
colocar, ni una palabra.
Pongamos
algunos ejemplos. La Junta ha gastado 76,6 millones en formar a la plantilla
de Delphi y la mayoría de sus componentes sigue sin recolocarse. Ese dinero
equivale al coste que tiene la construcción de tres hospitales de alta
resolución y dos veces y media lo que la Administración autonómica preveía
recaudar al año con la subida del Impuesto de la Renta para las Personas
Físicas (IRPF) a los que ingresan más de 80.000 euros.
En la
empresa Formación Integral para el Empleo SL, que administra Ana María
Rodríguez, esposa de José Sivianes Sánchez, y en la que ha estado como
administrador el socialista Juan Luis Ferrer, sólo aparece un empleado fijo
desde 2009 a 2011 y apenas llega a 3 trabajadores temporales en las cuentas
del Registro Mercantil. Sin embargo, recibió más de 6 millones de euros de
subvenciones entre 2008 y 2012.
Otro
ejemplo: El entramado de empresas y fundaciones del ex consejero de Hacienda de
la Junta, el socialista Ángel Ojeda Avilés, recibió 34 millones de euros de
la Consejería de Empleo en apenas año y medio –entre 2009 y 2010– para la
formación de los ex empleados de la multinacional Delphi. A partir de mayo de
2011, sería su propia cuñada, Teresa Florido Mancheño, la que iba a decidir la
adjudicación de muchos de estos cursos al ser nombrada directora general de
Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio
Andaluz de Empleo (SAE).
Recuérdese además el caso de la empresa de la esposa del exnúmero dos del
PSOE-A, Rafael Velasco, que recibió más 700.000 euros en subvenciones para
formación profesional poco después de su creación. El caso provocó la
dimisión de Velasco.
Entre los escándalos
de empresas que recibieron importantes subvenciones y cuyos propietarios
pertenecen al entorno del PSOE aparecen asimismo exconcejales en Écija que
recibieron más de 600.000 euros; el de la peluquería del marido de la
exalcaldesa de Martos (Jaén), que ha recibido hasta 550.000 euros; o el
exalcalde socialista de San Fernando (Cádiz), socio de un empresa con la hija
de una senadora socialista que recibió más de 800.000 euros.
Particularmente
llamativo, por su condición de exdelegado provincial de empleo, es el del
cordobés Antonio Fernández, fundador de una autoescuela que recibió 843.000
euros.
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