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La Fiscalía pide cuatro años para un edil de Huelva por construcción ilegal
y dos para otro de Granada por adjudicación supuestamente fraudulenta del
servicio de grúa.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva ha solicitado cuatro años de
prisión, nueve de inhabilitación y una multa de 4.800 euros para el alcalde
de Los Marines (Huelva), el socialista José Ramón Rodríguez, por un
delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación, tras
acusarlo de construir ilegalmente una vivienda en suelo protegido.
Además, el escrito del Ministerio Público también implica al teniente de
alcalde, Benjamín Aranda, y a una arquitecta municipal, a los que acusa
de prevaricación. Pide dos años de cárcel y nueve años de inhabilitación para
Aranda y otros nueve años de inhabilitación y una multa de 4.800 euros para
ella.
Según se desprende del texto, adelantado por diario Huelva Información,
el fiscal señala que el alcalde llevó a cabo, en calidad de promotor, la
construcción de una vivienda de 75m2, con tejado a dos aguas, sótano y porche
de 19 metros en la finca de su propiedad sita en el paraje del Agua en la
localidad.
Esta edificación se encuentra situada en suelo no urbanizable de especial
protección por estar enclavada dentro del Parque Natural de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche, por lo que el acusado y promotor, siendo alcalde
de la localidad desde 1995, solicitó en el año 2005 la autorización de la
Dirección del Parque Natural, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía, para caseta de aperos de 40m2 y 3,5 metros de altura en
una sola planta.
La licencia municipal de obras, dado que el solicitante era el alcalde, fue
concedida en julio de 2006 en los mismos términos que la autorización del
Parque, por el teniente de alcalde, siendo plenamente consciente que la
intención del regidor como promotor “era contar con una segunda vivienda
incompatible con la normativa urbanística”.
La dirección del espacio natural y, tras una denuncia de un agente de medio
ambiente, abrió en septiembre de 2006 un expediente sancionador que terminó con
una multa de 650 euros, pagada por el acusado en 2007. A su vez, ese
mismo año y, con la intención de realizar una piscina en la misma finca, el
alcalde solicitó licencia para alberca de riego y concedida ésta, especificando
la prohibición de cloración o de cualquier tratamiento químico del agua, se
autoconcedió licencia de obras en 2008, “y firmando como si fuese el teniente
de alcalde y vulnerando de nuevo las autorizaciones, construyó una piscina con
elementos de flotación para pastillas de cloro”.
Por otra parte, la Fiscalía de Granada ha solicitado dos años de cárcel,
ocho de inhabilitación especial para cargo público y otros ocho de
inhabilitación absoluta para el alcalde de Santa Fe (Granada), el socialista Sergio
Bueno, por la adjudicación supuestamente fraudulenta del servicio de grúa
por el Consorcio Vega Sierra Elvira cuando él ostentaba su presidencia. En el
caso está también imputado el que fuera su secretario en el Consorcio,
Prudencio R.M., que, como Bueno, está acusado de dos delitos contra la
administración pública, uno en su modalidad de prevaricación administrativa
perpetrada por funcionario público y otro de fraude y exacciones ilegales, tal
y como ha informado el diario Ideal.
Según consta en el escrito del Ministerio Público, los dos procesados, con
la “pretensión de enriquecerse ilícitamente” y “favoreciendo a terceros” a
costa de los fondos públicos, iniciaron en marzo de 2010 un procedimiento de
supuesta licitación por el procedimiento de negociado y sin publicidad para
llevar a cabo la adjudicación o contratación del servicio de retirada de
vehículos abandonados en la vía pública en los términos municipales integrados
en el Consorcio.
Sería por un importe de 60.000 euros por dos años, y resultó adjudicataria
provisional la mercantil Bueno Mar Sociedad Limitada, pero, al no hallarse
inscrita registral ni tributariamente, tuvieron que renunciar a tal adjudicación,
tras denunciarse tales irregularidades.
“El siguiente 3 de agosto promovieron una nueva adjudicación del servicio,
ahora con una duración de un año por 50.000 euros, concurriendo al mismo Grúas
Anias, Grúas Cijuelas, Bueno Mar y Grúas Taboada. Las ofertas se abrieron el 30
de agosto de 2010 y resultó de ello la adjudicación, el 28 de septiembre, a
favor de Bueno Mar, que por ello recibió entre el 22 de noviembre de 2010 y
hasta un año después un total de 49.560 euros en pagos del Consorcio.
El fiscal alude al hecho de que entre el primer y segundo anuncio el
servicio a licitar aumentase casi el doble, y señala que la empresa era en
realidad Abogados Asociados Bueno Mar S.L, que carecía de la dedicación y
capacidad material para asumir el servicio contratado, de forma que tuvo que
subcontratar a su supuesta competidora Grúas Anias.
Enlace Articulo
original: http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/alcaldes-socialistas-andalucia-se-enfrentan-carcel-20130818
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