Efe | Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado este
viernes el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que, entre otras
cosas, persigue simplificar el despliegue de nuevas infraestructuras de
telecomunicaciones mediante la eliminación de la necesidad de obtener
diversas licencias municipales.
La normativa, que modifica la vigente desde
2003, ofrece un nuevo marco jurídico para que los operadores lo tengan más
fácil a la hora de desplegar redes y prestar servicios, lo que redundará
en "mejores ofertas para los ciudadanos y empresas", así
como en menores precios y mejor cobertura, ha explicado hoy la vicepresidenta
del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría.
La vicepresidenta ha destacado que, además,
da seguridad jurídica al compendiar toda la normativa vigente, y supone un
importante avance en la reformas de las administraciones públicas, ya que facilita
su coordinación en términos de redes y simplifica el proceso de licencias.
En este sentido, el ministro de
Industria, José Manuel Soria, ha destacado que uno de los principales
objetivos de la ley es que los ciudadanos puedan beneficiarse de precios más
competitivos, uno de los efectos positivos de la liberalización del sector,
iniciada en 1998, "que aún no se ha trasladado por completo" a los
usuarios.
La nueva ley era "muy necesaria",
puesto que hoy el mundo de las telecomunicaciones tiene "muy poco
que ver con el que había hace 10 años", ha destacado Soria, quien
ha recordado la importancia del sector en la generación de actividad económica,
inversiones y empleo.
El desarrollo de la cuarta generación de
telefonía móvil, la banca ancha y las redes ultrarrápidas obligaban a la
reforma, ha apuntado.
Entre otros objetivos, la ley persigue
impulsar la competencia, mejorar los servicios al ciudadano, recuperar
la unidad de mercado poniendo freno a la dispersión normativa y
simplificando los trámites administrativos que dificultan las inversiones y
facilitar el despliegue de redes.
El anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones
fue aprobado en diciembre de 2012 y ahora será remitido a las Cortes después de
haber sido informado por el regulador del sector (CMT), las autoridades de
competencia (CNC) y el Consejo de Estado, entre otros.
Enlace artículo
original: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/13/navegante/1379076758.html
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