Las autonomías
pagarán, pero los pacientes adelantarán el dinero y abonarán la diferencia del
coste
Si requiere
hospitalización hay que pedir permiso
Reyes Rincón Sevilla 
Operación en un hospital de Marsella (Francia). / jean-paul pelissier (Reuters
El principio del
libre mercado europeo llega a la asistencia sanitaria. El Consejo
Interterritorial de Sanidad tiene previsto aprobar la próxima semana el
proyecto de real decreto que establece las normas para la atención sanitaria
transfronteriza. Según el texto, cualquier español tendrá derecho a tratarse en
otro país de la UE con cargo a su comunidad autónoma y los europeos podrán
venir a España a recibir atención, pagarla y reclamar luego el importe a su
país. El texto considera que alrededor de 50.000 españoles que llevan en lista de espera para operarse
más de 180 días (el plazo máximo establecido para 700 procedimientos
quirúrgicos) tendrán derecho a ser operados fuera y exigir el reembolso a su
comunidad. Si el 10% de estos pacientes elige esa opción, que es lo que calcula
el Gobierno, a las comunidades autónomas les costará 27,5 millones de euros al
año.
La norma que ultima
el Ministerio de Sanidad adapta a España la directiva europea de atención sanitaria transfronteriza,
aprobada en 2011 y que promueve la libre movilidad de pacientes dentro de la
UE. El decreto entrará en vigor en octubre y ha creado grandes expectativas
entre los hospitales privados españoles, que se preparaban desde hace meses
para recibir a pacientes extranjeros que quieran venir a España a tratarse con
cargo a la sanidad pública de su país.
Pero la movilidad
funcionará también en sentido contrario: los españoles que opten por recibir
fuera de España un servicio incluido en la cartera básica de salud podrán
acordar con el centro que quieran esta atención, abonarla de su bolsillo y
exigir luego el reembolso a su comunidad autónoma o a las mutualidades de
funcionarios. Esta opción, pues, solo estará al alcance de los ciudadanos que
puedan pagar la intervención por adelantado, una condición que exige el
proyecto de real decreto que verá la próxima semana el consejo interterritorial.
Además, las comunidades solo tendrán que pagar el importe correspondiente a lo
que le hubiera costado esa atención en su territorio y será el paciente el que
deberá que abonar la diferencia si elige tratarse en un país más caro.
La libre elección
será total para la mayoría de los tratamientos que no requieran
hospitalización, ya sean intervenciones de cirugía mayor sin ingreso (como la
mayoría de las cataratas, los juanetes o las extirpaciones de hernia), pruebas
diagnósticas o tratamientos, por ejemplo, de rehabilitación.
El proyecto pone en
evidencia una gran paradoja: un ciudadano de Madrid no puede optar por operarse
en otra comunidad autónoma o en un hospital privado y pasarle la factura a la
sanidad madrileña, pero sí podrá hacerlo en un centro de otro país de la UE.
“En los términos actuales de legislación española y comunitaria, un paciente
español tendría derecho al reembolso de una intervención en territorio europeo
pero no al de una realizada por un hospital privado español”, advierte el texto,
que admite que esto supone una “diferencia de trato” que puede originar
reclamaciones económicas.
Las intervenciones
que requieran pasar al menos una noche de hospital y las prestaciones más
complejas sí necesitarán autorización previa por parte de la comunidad
autónoma. Y, para evitar que los pacientes se salten las listas de espera, el
decreto establece entre las causas de denegación del permiso aquellos
tratamientos que en su comunidad se puedan prestar en un plazo que sea
“médicamente justificable”, un criterio subjetivo pero que se intenta afinar
con una evaluación clínica y, en el caso de las operaciones, tomando como referencia los 180 días de plazo máximo que garantizan
las comunidades para 700 procedimientos quirúrgicos.
La atención a
extranjeros que quieran tratarse en España no supondrá, en principio, un coste
extra para las comunidades. Adelantarán el importe y sus países lo reembolsarán
después. Pero el texto sí alerta del peligro de que esta asistencia acabe
repercutiendo en un incremento de las listas de espera para los españoles.
Supondría, advierte la norma, un “deterioro de la situación” que se traduciría
en un coste “no valorable en términos monetarios sino de pérdida de confianza y
eficacia del sistema”.
Enlace articulo original: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/18/actualidad/1374174463_867926.html
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