Iñaki Urdangarin y su abogado,
Mario Pascual. (EFE)
Cuando Mario Pascual, abogado de Iñaki
Urdangarin, contrató, a comienzos del año pasado a un “forense informático”
para recuperar los 30.000 correos electrónicos que su cliente había enviado en
los últimos años, no se imaginó la que se le venía encima. El encargado de recuperar
esos correos fue Matías Bevilacqua, un experto informático que, a pesar
de su juventud, tenía un curriculum impresionante, con una intensa trayectoria
como directivo en varias empresas de investigación, el asesoramiento de un
sistema de escuchas para el Gobierno venezolano y su intervención en varios
proyectos del CNI. Pero Bevilacqua recuperó algo más que los correos.
Cuando fue detenido, en su poder se
encontraron más de 143.000 euros en efectivo, varios discos duros de
ordenador y CDs con información sensible del Ministerio de Defensa, una
lista de 30.000 correos electrónicos del Duque (de ellos, 10.000 habían sido
borrados, pero logró recuperarlos) y, lo más importante, la contabilidad
interna del Instituto Nóos.
Los documentos de Defensa, según ha podido
conocer este diario, estaban encriptados, aunque los investigadores pudieron
acceder, finalmente, a su contenido. En el momento de su detención, Bevilacqua
se encontraba en su despacho, a donde se desplazó su esposa (hermana de un
conocido abogado barcelonés) para entregar un ordenador personal, en el que
también se encontró información sensible.
Gracias a los documentos que tenía en su
poder, el juez José Castro, que investiga el escándalo de Nóos, tuvo
indicios más que evidentes de los movimientos de dinero dentro de la fundación
del Duque de Palma. Tras ese hallazgo, las investigaciones se aceleraron,
aunque luego llegaron los correos electrónicos que el exsocio de Urdangarin, Diego
Torres, guardaba en la manga.
Los números secretos del Duque de Palma
Pero lo importante ya había llegado a manos
del juzgado: las millonarias transacciones que el Instituto había realizado
durante los últimos años. Lo curioso del caso es que la información llegó
de la forma más fortuita: a raíz de la investigación sobre la extensa red de
espionaje que se enmarcaba bajo el nombre de Operación Pitiusa.
En el sumario judicial sobre la amplia red de
espionaje de la Operación Pitiusa hay claras evidencias de la intervención de
Bevilacqua en distintas operaciones de hackeo de ordenadores.
En
términos estrictamente jurídicos, lo más interesante que descubrió esta
operación policial no fue que Ignacio López del Hierro, marido de María
Dolores de Cospedal, había
sido espiado. O que a Carlos Estévez, exconsejero delegado de Minas
Río Tinto, le
habían pinchado el ordenador; o que la cúpula de las multinacionales
Unilever y DuPont habían ordenado espiar
a directivos y trabajadores; o que altos cargos de varias empresas
utilizasen métodos dudosos para espiar
a sus empleados; o que una conocida actriz no está casada en realidad ni
vive donde dice que vive, por lo que puede tener problemas con la custodia de
su hijo. En realidad, lo más importante fue descubrir los números secretos del
Duque de Palma y su emporio “sin ánimo de lucro”.
Y, junto a ello, descubrir también a uno de
los hombres que el CNI ha utilizado puntualmente para culminar algunas de sus
operaciones. Cuando fue detenido, Matías Bevilacqua justificó la posesión de
los 143.000 euros diciendo que provenían del Ministerio de Defensa.
Además, afirmó que estaba a las órdenes de un mando operativo que responde al
exótico nombre de “Don Aquiles”. El teléfono que facilitó de éste estaba
registrado a nombre del CNI, pero al otro lado de las ondas nadie ha respondido
todavía al juez.
Los servicios de inteligencia, como han hecho
tradicionalmente, no quieren verse mezclados en asuntos judiciales.
Y
menos si quien aparece implicado es sólo un colaborador ocasional y no un
agente operativo. Porque en el sumario judicial sobre la amplia red de
espionaje de la Operación Pitiusa hay claras evidencias de la intervención de
Bevilacqua en distintas operaciones de hackeo de ordenadores. Se ha
probado, al menos, su participación en distintas incursiones de los ordenadores
de directivos y empleados de Unilever, Minas Río Tinto y Du Pont. Un asunto
demasiado escabroso como para asociarlo al CNI y poner a las cloacas del Estado
bajo la lupa de la opinión pública. Pero su implicación con al menos dos
despachos de detectives (hay otro bufete de Barcelona para el que también había
realizado trabajos sensibles, pero el asunto se está investigando aún)
le han jugado una mala pasada, aunque no tanto como al abogado del Duque de Palma,
que le contrató y, al final, le salió rana. Y es que a los hackers, como
a las armas, los carga el diablo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario