Europa Press | Palma
La
Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha fijado para el
próximo 20 de mayo la vista
para deliberar y fallar sobre la procedencia o no de citar a declarar a la
Infanta Cristina como imputada en el marco del caso Nóos, según
la providencia dictada este viernes por el tribunal que se encargará de
resolver al respecto.
La
Sala, con su presidente en funciones Diego Gómez-Reino como ponente del asunto,
deberá dirimir de este modo sobre el recurso de apelación interpuesto por
la Fiscalía Anticorrupción contra el encausamiento de la hija del Rey
Don Juan Carlos, que fue acordado por el juez instructor, José Castro. Una
impugnación a la que se adhirieron la defensa de la propia encausada, de Iñaki Urdangarin, del
secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, y la
Abogacía del Estado.
Mientras
tanto, el tribunal
también tiene sobre la mesa las alegaciones presentadas por el sindicato Manos Limpias,
personado como acusación popular, en favor de emplazar a declarar a la Infanta
a fin de que arroje luz sobre los hechos investigados, además del resto de
actuaciones que el juez Castro ha elevado a la Audiencia para la deliberación.
En
su auto de imputación, Castro, quien dejó sin efecto la citación que acordó
para el 27 de abril a la espera del pronunciamiento de la Audiencia, apuntaba
hacia la Infanta como cooperadora necesaria en los delitos que su marido
presuntamente cometió al frente del Instituto Nóos, de forma que sin su
presencia en la entidad así como sin "el aparente y consensuado refuerzo
de la Casa Real", Urdangarin y su exsocio Diego Torres no habrían podido
obtener los fondos de las Administraciones públicas que supuestamente
desviaron.
Sin
embargo, el fiscal Pedro Horrach, en su
recurso de apelación, descartaba
que ésta ejerciera una "influencia delictiva" sobre las Instituciones
que contrataron con Nóos, e incidía en que si los responsables
políticos "supuestamente influenciados" desconocían que la Infanta
fuera vocal en Nóos y no trató o gestionó de algún modo con ella temas
vinculados a esta entidad, "¿cómo podía ejercer aquélla una influencia
delictiva?".
De
hecho, la defensa de la Infanta sostiene que "no tiene sentido" un
encausamiento con "nulas posibilidades de prosperar" ante la falta de
indicios penales, máxime cuando la Fiscalía y la Abogacía del Estado han
mostrado su disconformidad con la decisión del juez y teniendo en cuenta que un
imputado no puede llegar a la fase del juicio si contra él las acusaciones no
han formulado acción alguna.
Por
su parte, la Abogacía del Estado se adhirió a la impugnación del fiscal Pedro
Horrach únicamente en relación al presunto fraude fiscal investigado en el caso
Nóos, que se eleva a unos 470.000 euros, debido a que su personación en la
causa se limita a la defensa de la Agencia Tributaria (AEAT) como perjudicada
por la supuesta comisión de delitos contra la Hacienda pública.
En
su escrito, la Abogacía aseveraba que su apoyo a la impugnación del Ministerio
Público"viene
limitado, por su legitimación, exclusivamente a la instrucción, averiguación,
acusación y defensa de la AEAT" en lo referente a las
anteriores infracciones penales y no en cuando al resto de delitos, en
particular el de tráfico de influencias".
De
este modo, la acusación aseveraba que no existe "un sólo indicio
incriminatorio" respecto a la hija del Rey Don Juan Carlos "más allá
de ser titular en un 50 por ciento de la sociedad Aizoon", de la que es
copropietaria junto a Urdangarin.
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