El aborto no es cuestión de clases

·    Seis de cada diez mujeres que interrumpen su embarazo tienen ingresos propios

·    El 90% acudió a clínicas privadas

J. V. Echagüe.  Madrid.

No resulta prudente hablar de perfiles, y mucho menos de clases sociales, a la hora de hablar del problema del aborto. Sobre todo cuando la estadística revela una realidad distinta. Durante estos días, el PSOE ha iniciado una campaña contra la inminente reforma de la ley que ultima el Ministerio de Justicia aludiendo al perjuicio que va a ocasionar a aquellas madres que no van a poder abortar por falta de recursos económicos. Sin embargo, los últimos datos sobre las interrupciones del embarazo, pertenecientes a 2011 y recopilados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, no muestran precisamente que el aborto sea una práctica a la que recurran las mujeres sin recursos.

Así, tras la aprobación de la «Ley Aído», que supuso 118.359 interrupciones en 2011, el porcentaje de mujeres con ingresos propios que abortaron fueron mayoría: el 59% del total. De hecho, la ley del aborto de 2010, pensada en principio para que las mujeres sin recursos accedieran a las intervenciones, apenas supuso un aumento del 4%: del 37% de mujeres sin recursos al 41%.

Del mismo modo, la estadística refleja que más de la mitad trabajaba, bien por cuenta ajena –un 49,31%, la situación más común– o propia –el 3,10%–, mientras que apenas un 23,13% se trataba de mujeres desempleadas. Además, destaca el hecho de que una inmensa mayoría optó por recurrir a la Sanidad privada para interrumpir su embarazo. El 89,11% acudió a una clínica, mientras que el 8,17% se sometió a la intervención en un hospital privado. El porcentaje de abortos que se llevó a cabo por la Sanidad pública fue prácticamente residual: menos de un 3%. Por último, en cuanto al nivel de formación, sólo un 2,30% de las mujeres eran analfabetas o no tenían estudios.

«Cuando analizamos estos datos, vemos que están muy repartidos», explica Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Familiar (IPF). Así, a tenor de las cifras, Hertfelder estima que el aborto «es un problema generalizado en toda la sociedad».

«Después de 28 años desde su implantación, y como se ha producido además un aborto libre de hecho, se ha culturizado dentro de nuestra sociedad». Y, dentro de esta situación, «cualquier persona de cualquier estrato social ha accedido» al aborto.

Por ello, desde el IPF se considera que se ha educado en esta cultura a toda la sociedad, «jóvenes y no tan jóvenes, en la misma proporción y con pequeñas variaciones». No en vano, hay que recordar que el número de abortos en nuestro país aumentó en torno al 5% con respecto al año anterior.

Conrado Giménez, presidente de la Fundación Madrina, cree que el aborto «incluye todo tipo de clase social. Atañe a la mujer y su maternidad, de todo tipo de condición social, sin condicionantes».

Con todo, por su experiencia en la Fundación Madrina–ONG que ayuda a aquellas madres que, bien se ven abocadas al aborto, bien tratan de buscar una alternativa–, sí que detectan una serie de perfiles de aquellas mujeres en riesgo de abortar. Así, estarían por un lado aquellas menores de 20 años cuya causa para interrumpir el embarazo se encontraría «en la desestructuración familiar que las rodea. No tienen un acogimiento, pasan más tiempo en la calle, sufren fracaso escolar... Es un perfil que ha crecido debido a la desestructuración familiar».

Giménez apunta también a aquellas mujeres de entre 20 y 30 años que piensan en abortar debido a su trabajo. «Piensan que, si tienen un hijo, o no van a conseguirlo o no van a mantenerlo», afirma. De hecho, dentro de este perfil, la Fundación ha detectado que en el 60% de los casos se dan situaciones de violencia machista. «Son situaciones en las que la pareja no quiere que la madre tenga un hijo», asegura. Dentro de este perfil, también hay mujeres por encima de los 30 años que, siendo ya madres, terminan abortando debido a la falta de políticas en la conciliación familiar y laboral. «Son clases más altas, y las mujeres tienen que decidir entre la maternidad y el empleo», explica Giménez.

Por último, la población inmigrante ha sido el sector más atendido por la fundación. «Un bebé puede poner en peligro su estabilidad». Giménez llega a la conclusión de que aquellos países que sufren una mayor crisis económica han sido «los que más han apostado por medidas contraceptivas». «El aborto ha acabado convertido en una medida económica».

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