Ep. Pamplona.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de
Pamplona ha acordado citar a declarar como imputados al expresidente del
Gobierno de Navarra Miguel Sanz, al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y al
exconsejero de Economía y Hacienda Álvaro Miranda,
Las declaraciones tendrán lugar los días 12, 15 y 16
de abril, respectivamente, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de
Navarra en un comunicado.
La jueza María Paz Benito es la encargada de
investigar, entre otros asuntos, el cobro de dietas dobles y triples en un
mismo día por la asistencia a reuniones de la Comisión Permanente y la Junta de
Entidades Fundadoras (JEF) de Caja Navarra, lo que podría constituir a su
juicio un presunto delito de cohecho.
En una breve providencia de solo dos párrafos, la
jueza solicita al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra
que remita las autorizaciones que existan en relación al cobro de dietas por asistencia
y desplazamiento y las condiciones para percibirlas, así como "cualquier
otra condición o presupuesto que pueda haberse establecido para su cobro".
El pasado 21 de marzo, la jueza consideró en un auto,
en el que rechazó remitir esta investigación a la Audiencia Nacional, que el
cobro de dietas por asistencia a la JEF y a la Comisión Permanente de Caja
Navarra tiene un sustento legal "cuanto menos dudoso", calificable
incluso como un presunto cohecho.
Esta irregularidad en el cobro de dietas, según la
jueza, es "evidente" en el caso de la Permanente, un órgano que
formaron Sanz, Maya, Miranda y la actual presidenta del Gobierno de Navarra,
Yolanda Barcina, no imputada en esta causa.
En el auto, la jueza indicó que la Comisión Permanente
no fue regulada hasta la aprobación el 24 de junio de 2011 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento Interno de la entidad financiera, pero las dietas
se estaban pagando desde el 31 de agosto de 2010.
La jueza señaló el cobro de "importantes
cantidades" por asistencia a sesiones dobles y triples, "algunas de
las cuales tenían por objeto únicamente darse por enterados de que no había
habido ningún acuerdo nuevo por parte de los órganos de gobierno de la
entidad" y sin que hubiera "ningún tipo de participación activa"
por los asistentes a la Permanente.
La jueza apuntó además en el auto que la percepción de
cantidades de "dudosa justificación" por las mismas personas que
debían ejercer la inspección de la Caja por ser miembros del Gobierno Foral,
del Ayuntamiento de Pamplona o del Parlamento, podría ser igualmente
constitutiva de ilícito penal.
Acerca de los créditos concedidos a familiares de los
responsables de la Caja y empresas participadas a tipos de interés inferiores
al ordinario, la jueza estimó que "resulta clara" la posible
responsabilidad que puede existir por parte de quienes integraban los órganos
de la entidad.
La concesión de esos créditos, destacó, podría
constituir el delito de cohecho y/o prevaricación, puesto que "se ha
favorecido a personas concretas que eran o estaban relacionadas con las que
integraban los órganos de gobierno de la Caja y por tanto quienes debían
ejercer su inspección y función disciplinaria".
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco había
solicitado el traslado de este asunto a su juzgado para no dividir la causa
abierta en el alto tribunal sobre la gestión de la entidad financiera, tras
sendas denuncias presentadas por UPyD y la asociación Kontuz.
La magistrada sí aceptó la inhibición solicitada por
el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional respecto al
posible falseamiento de la contabilidad de Caja Navarra por su relación con la
posterior fusión en Banca Cívica y su salida a bolsa.
El juez Eloy Velasco solicitó hacerse cargo de estas
investigaciones después de que la Fiscalía le pidiera que asumiera la denuncia
de UPyD y que reclamara al juzgado navarro la parte de la denuncia de la
asociación Kontuz! contra el ex director general de Caja Navarra Enrique Goñi
por delitos societarios.
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