El magistrado José
Castro y el fiscal Pedro Horrach han puesto contra la cuerdas la corrupción en
Baleares. Han llevado al banquillo al expresidente balear Jaume Matas y ahora
investigan a Iñaki Undangarin. Son independientes, enormemente trabajadores e implacables
El juez Castro, que investiga al Instituto Nóos es aplaudido
por el público a su llegada al juzgado, el pasado 25 de febrero / ULY MARTÍN
Ha sentado en el
banquillo a un expresidente de Baleares.
Ahora tiene en el punto de mira nada menos que a Iñaki Urdangarin, el yerno
del Rey. Antes, ganó uno de los primeros combates contra la corrupción política
en España: instruyó en 1992 el pionero caso
Calvià, el intento de compra por el PP del voto de un concejal
socialista para cambiar la mayoría política y urbanizar más el litoral. José Castro, un
cordobés de 66 años, que practicó esgrima japonesa (kendo), es un juez
que inspira respeto a unos y otros, implacable y poco dado a efusiones
públicas, al que posiblemente no le gustó recibir el aplauso ciudadano cuando
se dirigía hacia los interrogatorios a Urdangarin. “Respeta y hace respetar la
ley, con severidad, y busca conocer la verdad a fondo”, asegura un fiscal.
Impone, pero a veces su estilo es campechano, popular. A un detenido, un ladrón
de motocicletas, le espetó una vez: “¡Macho, acompáñame!”. Fueron al
aparcamiento del juzgado y le pidió: “Esta es mi moto, muéstrame cómo haces el
puente”.
Pepe Castro —él pide
que le llamen así en confianza— alteró las pasadas Navidades el ritmo
informativo en España. En alianza con el fiscal anticorrupción Pedro Horrach
imputó al yerno de don Juan Carlos por supuestos negocios sucios. Investigan la
presunta malversación en la gestión de las partidas de seis millones de euros
de dinero público de Baleares y Valencia. Lo que tratan de aclarar son las
actividades privadas del duque de Palma a través de su Instituto Nóos, que no
tenía ánimo de lucro.
El
tándem instructor-acusador tuvo “al señor Urdangarin” durante 23 horas en el
banquillo, cercándole con casi 1.000 preguntas sobre supuestos hechos
ilícitos. Castro hizo prólogos extensos a cada una de sus 500 cuestiones y
Horrach usó un estilo más seco y más directo. Estos tres hombres fueron
protagonistas de un estreno histórico: la presencia de un miembro de la familia
real en un juzgado en calidad de imputado.
“Su excelencia” se
convirtió en el “ciudadano Urdangarin”. Pudo callar, contestar y mentir, como
cualquier otro en su lugar. “Apenas concretó. Derivó las culpas a otros. Negó y
alegó ignorancia. Parecía entrenado para no decir nada que no se le preguntara.
No se extendió en explicaciones para no decir inconveniencias en el proceso”,
resume un defensor. Tanto esta como las demás personas consultadas para este
reportaje han exigido el anonimato.
Castro, que practicó
el kendo, una disciplina medieval de la que sus tres hijos
—profesionales del Derecho— han sido campeones de la UE en este deporte, está
separado y tiene novia. Es un profesional no adscrito a asociaciones judiciales
ni a los foros sociales. Minucioso y trabajador, fue capaz de tirar de un hilo
en el caso Palma Arena
sobre la presunta corrupción y enriquecimiento del expresidente de Baleares,
Jaume Matas, del PP, y construir con los fiscales hasta 25 piezas penales
distintas. No es lento ante tal magma. Conoce la pirámide del sistema desde la
base: ha sido funcionario de prisiones, secretario judicial, juez de lo social
y, desde 1990, magistrado de instrucción. Rechazó ascensos y nombramientos.
Castro respeta y hace respetar la ley,
con severidad, y busca conocer la verdad a fondo", dice un fiscal
En el caso
Calvià, Castro admitió, para respaldar la acusación, una cinta que el
denunciante había grabado a los delincuentes mientras le ofrecían el soborno.
Mandó a la cárcel, preventivamente, a un comisionista y a un político del PP y
les impuso una fianza de 600.000 euros. La Audiencia de Palma condenó a los autores
por cohecho impropio y el Tribunal Supremo en pleno validó la sentencia y el
diseño del novedoso delito penal.
En 1996, el juez que
ahora escruta al yerno del Rey investigó una derivada del caso Calvià destapada
por las peleas, chantajes y más grabaciones entre condenados y no juzgados,
dirigentes del PP, por el pago de las penas de multas. La trama quedó al
descubierto, pero el asunto penal había prescrito. “La instrucción fue
magnífica”, según reconoce uno de los acusadores del caso Calvià.
Sobre Castro sobrevuela una leyenda de instructor desordenado, al que tumban
sumarios. Sin embargo, un magistrado de rango de la Audiencia palmesana lo
niega: “No es una característica suya ser un mal instructor. Es un buen juez”.
En el laberinto de
Baleares, SA, 20 años después del caso Calvià y a 15 años de la caída del
expresidente balear Gabriel
Cañellas por cobro de comisiones del caso Sóller, una
investigación de Castro y el fiscal Horrach, llevó a juicio el pasado enero a
otro expresidente autonómico y exlíder regional del PP, Jaume Matas, que
anteriormente había sido ministro con José María Aznar.
Al expresidente
balear, el juez Castro le fijó en 2010 una fianza de tres millones para
esquivar la cárcel, a la vez que le reprochaba que parecía que “se burlaba de
los mortales”. En el primer juicio a Matas —uno de los muchos que habrá por el
llamado caso Palma Arena— el fiscal Horrach pidió más de ocho años de cárcel
para el expolítico del PP por malversación, fraude y falsedad. Horrach, con
vehemencia, mostró su “indignación” porque Matas descargara “sin escrúpulos” la
responsabilidad de los hechos en sus subordinados. En los próximos días se
sabrá la sentencia.
Matas arrastró a
Urdangarin y ambos están imputados en una pieza separada del caso Palma Arena
por parecidas sospechas penales sobre malversación de caudales. El esposo de la
infanta Cristina y su socio Diego Torres al frente del Instituto Nóos y su trama
de empresas lograron 2,3 millones del Gobierno de Matas y 3,8
de la Generalitat Valenciana, presidida por Francisco Camps. La
ausencia de presupuestos y la no justificación de los gastos se evidenciaron al
aparecer vacías las carpetas de los acuerdos de Nóos con Baleares. Esa
documentación llegó por casualidad al juzgado de Castro.
Fijó una fianza de tres millones a
Matas, a la vez que le reprochaba que parecía que "se burlaba de los
mortales"
El tsunami judicial
creció durante meses, tanto por su magnitud como por aludir a un familiar del
Rey. El caso Urdangarin estalló, hace semanas, con récord de audiencias en
todos los medios de comunicación de medio mundo. El monarca apartó de la agenda
oficial al marido de la infanta Cristina, por comportamiento “no ejemplar”.
Antes de que este fuera imputado, el Rey recordó en su mensaje navideño del
pasado 24 de diciembre que “la justicia es igual para todos”.
Cien días atrás, en
los círculos del juez Castro y del fiscal Horrach ya se consideraba
“inevitable” emplazar a Urdangarin a partir de los indicios de los documentos
intervenidos en sus empresas y, en especial, por las declaraciones de sus
socios en Nóos. El asesor y el contable en su firma particular Aizóon, cuya
propiedad comparte con la Infanta, no le ayudaron. Además, los políticos que
negociaron y firmaron con Nóos, en Palma y Valencia, están imputados.
Los togados que
investigan a Urdangarin no han sufrido presiones. Castro no recibió ninguna
llamada. “Ni siquiera me telefoneó por año nuevo un familiar que está en el
Supremo”, le comentó a un colega.
La Fiscalía es
distinta. Horrach operó solo, aunque empotrado en una estructura jerárquica. La
cúpula de la Fiscalía Anticorrupción, ligada a la Fiscalía General del Estado,
recibía cada día informes de sus pesquisas sobre un asunto que salpicaba a un
integrante de la familia real. Era “un caso más”, pero con la fuerza simbólica
del relieve social que resaltaban los medios de información.
Saltó un chispazo.
La derecha política valenciana activó sus conexiones con el ámbito del Poder
Judicial el día en que el fiscal mallorquín se presentó en Valencia para
ampliar su investigación sobre presuntas facturas e informes falsos detectados
allí. Horrach y los funcionarios, autorizados por el juez, interrogaron como
testigos a varios empresarios (los hermanos Francisco y Fernando Roig y Juan
Bautista Soler) que abonaron sumas millonarias a Urdangarin y Torres. Otros ex
altos cargos del PP de la Generalitat Valenciana encabezada por Francisco Camps
quedaron implicados por sus convenios y pagos a Nóos.
No ha habido ninguna presión. " Ni
siquiera me llamó por año nuevo un familiar que está en el Supremo",
confió Castro
En un pendrive, un
lápiz de memoria de 32 megas, caben esta y otras causas. Castro y Horrach
tienen en su bolsillo una copia de esos sumarios gigantescos, y, cuando se van
a casa, siguen trabajando en ellos.
El juez y el fiscal
han construido el caso Urdangarin y lo han desmenuzado en claves y
epígrafes. Descubren las agujas en el pajar de miles y miles de folios,
manuscritos, correos electrónicos y facturas intervenidas en las empresas y bufetes
de la trama Nóos, en Barcelona y también en Valencia. Existen decenas de
relatos de testigos e imputados… y también nimiedades.
El fiscal Horrach,
de 45 años, “es muy brillante, incisivo y contundente en sus actuaciones; es un
hombre capaz y un encanto de persona”, observa un juez de Mallorca.
Independiente, como Castro, sin activismo ni significación, es un hombre
vocacional. Con nervio jugó al squash, al tenis, al futbito, y fue
polideportivo, aunque ahora no puede practicar. “Ve una pelota y sale tras
ella”, explican sus amigos.
Hijo de una familia
de profesionales adinerados, dueños de hoteles, padre de una hija adolescente,
está casado con Ana Zácher, de Bilbao, una alta funcionaria a la que conoció en
Madrid. Ambos preparaban oposiciones con el fiscal del Supremo José María
Luzón, un jurista conservador.
"Horrach es brillante, incisivo y
contundente en sus actuaciones; es un hombre capaz y un encanto de
persona"
“Horrach tiene un
carácter fuerte y no se arruga y en su estrategia es un poco zorro”, anota un
abogado que le impugnó, por dos veces, en relación con el asunto que tiene
entre manos. “Al interrogar, es brillante, con estilo de abogado”, reconoce el
letrado. El fiscal trabaja apoyado por policías especializados en delincuencia
económica, inspectores tributarios, informáticos y guardias civiles, según los
casos. Él mismo protagoniza los registros sorpresa e interroga personalmente en
comisarías.
Un penalista catalán
cuestiona “la función instructora del fiscal, que interroga sin presencia de abogados”
y la aparente acción “inquisitorial” del juez, “sin el secreto debido”. Un
empresario de Palma, imputado en un escándalo de Unió Mallorquina (UM), narra
su experiencia de detenido ante Pedro Horrach: “Me pareció áspero y agresivo
tras pasar por el calabozo, donde no han mandado ni a Jaume Matas, Maria Antònia Munar
(expresidenta de Mallorca y de UM), ni al mismo Urdangarin. ¡Póngalo!”.
Otro comerciante
encausado observa: “No olvidaré jamás el trance de tener que acudir al juzgado.
Horrach y el juez Castro fueron duros, aunque respetuosos. Creo que no saben de
balances, ni de facturas ni de sociedades. Buscan y no hallarán”.
Al modo italiano y
norteamericano, Horrach suscita pactos de confesión de imputados que explican
la verdad de los hechos y sus protagonistas y reparan el daño. Un arrepentido,
por su colaboración con la justicia, merece ver reducida su posible pena. El
yerno del Rey, precisamente, cayó finalmente imputado tras la confesión
detallada de un amigo deportista, el
ex director general José Luis Pepote Ballester, que tramitó con Matas
las propuestas millonarias del duque. Los tres se reunieron en el palacio
de Marivent, jugaron una partida de pádel y trataron de negocios al lado del
despacho del Rey, con otro amigo, el inmobiliario Jorge Forteza.
El esposo de la
infanta Cristina fue imputado de oficio por el juez Castro y la Fiscalía
General no puso objeciones. Horrach, con sus jefes, rechazó hace unos días la
petición del seudosindicato ultraderechista Manos Limpias de investigar a la
hija del Rey. El ministerio público la ve ajena a las presuntas actividades
ilícitas de su consorte.
En el complejo
damero de los casos de corrupción, el juez Castro sabe que la Fiscalía General
del Estado, con Gobiernos del PP y del PSOE, intervino al menos en tres
ocasiones para evitar la imputación de Matas, reclamada por los fiscales
baleares y los jueces, mientras era ministro de Medio Ambiente o presidente de
Baleares.
La cúpula fiscal
decidió excluir a Matas del caso Formentera, de 1999, sobre compra de votos de
españoles en Argentina; tampoco se le indagó, en 2000, en el caso Bitel de espionaje
a los emails del PSOE y, finalmente, en 2009, intentó vetar su implicación en
el caso Palma Arena, la raíz de la causa que afecta a Urdangarin.
El juez reclamó para
sí la investigación de los fiscales, la Guardia Civil y Hacienda sobre el
patrimonio de Matas y la unió a sus trabajos sobre la construcción del
velódromo Palma Arena y después imputó a Matas. Sin ese requiebro, una acción
autónoma del juez, no hubiera habido caso Matas, ni su hijuela el caso Urdangarin.
Ahora Castro fintó también con rapidez.
Horrach lleva meses
centrado en esas historias alambicadas. Las ha memorizado. Amante de las motos,
tiene un deportivo rojo, trabajó en Sevilla, Ibiza y llegó a Mallorca, su
tierra, en 1995. Es uno de los cerebros de la Fiscalía Anticorrupción, que ha
destapado decenas de escándalos con sus colegas (el precursor Juan Carrau y el
duro Miguel Ángel Subirán). Los tres cuidan como propia la macrocausa del caso
Palma Arena. “Horrach es atrevido y riguroso. Al interpelar indignado
parece que asume la voz del pueblo”, apunta un penalista.
Los fiscales
implacables han desnudado a los autores de decenas de grandes escándalos en
Mallorca, entre ellos, el caso Andratx de 2006, cerrado con numerosas
sentencias firmes, con tres penas de cumplimiento de cárcel. Cinco excargos
políticos (cuatro del PP y uno de UM) cumplen condena en la prisión de Palma,
tras las investigaciones dirigidas por diferentes jueces, menos famosos que
Castro.
Los adversarios de
Castro y Horrach están localizados. El juez sorteó la investigación, ya
archivada, del Poder Judicial, por supuestas filtraciones del sumario. Saltó
por una denuncia de otro imputado, el expresidente Matas, que ha zaherido con
recursos, apelaciones, denuncias y querellas al magistrado, con el fin de
apartarlo del caso. Dice Matas que Castro le tiene “fobia política y enemistad
manifiesta”.
No están politizados
ni son progres con toga. No hay un discurso político en sus documentos. Un
laboralista ignora cuáles son sus afinidades políticas: “Es imparcial,
independiente, recto. Es de los mejores, estudia los temas y no se deja
influenciar, actúa con libertad de criterio y da juego a las partes. También
correcto, afable, gran trabajador. Pero nunca intimé con él en 30 años”.
José Castro y Pedro
Horrach, junto los fiscales Juan Carrau y Adrián Salazar, han demostrado tener
sangre fría y coraza de galápago. Han sido blanco de programadas campañas de
descrédito, bastas, en medios marginales. Se les acusó de cometer delitos. Dos
periódicos digitales de Mallorca, un diario ultra de Madrid y su canal
televisivo, auspiciados por personas imputadas de Palma, pendientes de juicio o
de sentencia, usaron un informe elaborado a propósito y lanzaron sospechas
insidiosas sobre los patrimonios y la familia del juez y los fiscales.
Publicaron la imagen de la esposa de un fiscal y vieron ilegal su sueldo
público, además de divulgar un correo electrónico de Horrach. Nada se denunció,
era la trampa tendida para provocar motivo de inhibición de esos profesionales.
Esas embestidas han
recrecido con el tsunami Urdangarin. Al cabo de 23 horas de declaración, a las
tres de la madrugada del lunes 27 de febrero, Castro salió a zancadas y se puso
al volante de un pequeño deportivo alemán negro que alterna con la bicicleta.
Allá, ante el mar en Es Molinar, apenas cenó y se puso a leer una novela para
evadirse de la otra trama real.
El fiscal Horrach,
después del largo interrogatorio judicial, tomó una copa en un bar para
trasnochadores, con ruido de tragaperras. Llegó satisfecho a su ático en la
parte alta de Palma. El 1 de enero salió del hotel donde pasó la Nochevieja y
se fue a fiscalía a contestar un recurso.
Tras la maratón
Urdangarin, Castro apareció en su juzgado. Ojeó los titulares de los periódicos
y espetó: “No me veo reflejado”. Tenía el día libre y le tocó ejercer una hora
de canguro de su nieto de dos años. Bajo el volcán apareció el abuelo cariñoso.
“Pepe Castro es el
mejor, es mi ídolo, el más valiente. No se arruga ni desfallece ante esos casos
complejos”, desgrana con alegría un juez del grupo de 12 instructores de Palma,
que cada viernes comen juntos. “En casas de menú y sin hablar de trabajo. A donde
vamos, le jalean”. También al fiscal Horrach le para la gente por la calle para
felicitarle.
Enlace articulo original: http://politica.elpais.com/politica/2012/03/02/actualidad/1330726741_817149.html
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