B. V. Conquero.
La ley del aborto que aprobó el Partido Socialista en marzo
de 2010 permite a las mujeres abortar libremente durante las primeras 14
semanas de gestación.
Pero, superado este periodo, la norma incluye
excepciones, como la que recoge el artículo 15a, que permite interrumpir el
embarazo a una mujer «cuando no se supere las veintidós semanas de gestación y
siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así
conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico
o médica especialista distinto del que la practique o dirija. En caso de
urgencia por riesgo vital para la gestante podrá prescindirse del dictamen».
Esta excepción se está convirtiendo en norma en algunas clínicas abortistas,
que aceptan casos que superan las 22 semanas de gestación, siempre acogiéndose «al
grave riesgo para la salud psíquica de la madre», el gran coladero al que se
acoge el 98 por ciento de los casos en España.
LA RAZÓN ha tenido acceso a
algunos de los certificados psiquiátricos dentro de los que, bajo el amparo
terminológico del «riesgo psíquico», caben todo tipo de causas personales. En
estas clínicas privadas cobran, como mínimo, 286 euros por interrumpir el
embarazo de una mujer de hasta 12 semanas. Eso sí, la financiación corre a
cargo del presupuesto del Sistema Nacional de Salud de la comunidad autónoma en
la que trabaja el centro. Algunas interrupciones, con complicaciones, superan
los 3.000.
Como también refleja la norma, para poder realizar el
aborto un médico debe acreditar el riesgo psíquico que el embarazo produce en
la madre, pero no se especifica si el facultativo debe pertenecer a la Sanidad
privada o a la pública. Así, los propios médicos de las clínicas son los que
reciben a las mujeres y realizan un informe psiquiátrico para valorar su
estado. Lo más llamativo es que, como ha podido comprobar este diario, muchos
de ellos son idénticos y hasta copias literales.
Curiosamente, en cinco de
estos informes, la mujer «presenta: tristeza, pensamientos depresivos,
taquicardia, insomnio, cefaleas y ansiedad».
Ésta es una de las primeras
anotaciones que incluyen estos documentos, los cuales, en su mayoría, firma el
mismo psiquiatra.
Al margen de este primer argumentario, el experto pasa a
analizar la situación social. En este punto, las circunstancias sociales de las
jóvenes divergen, pero todas tienen un argumento común: no tienen apoyo social,
económico o ambos para seguir adelante con la gestación.
«Su relación de pareja se ha roto tras marcharse él
con otra mujer.
Él no tiene trabajo. Ella busca trabajo pero no encuentra. Vive
con sus dos hijos en casa de una amiga. Sus padres se han marchado.
Se siente
totalmente incapaz tanto económica como emocionalmente de asumir un tercer hijo
sola». Éste es un informe de mayo de 2012 al que le sigue el siguiente
diagnóstico: «Reacción de adaptación con características emocionales mixtas.
Estrés psicosocial grave». Con esta conclusión, el psiquiatra de la clínica
determina que se puede acoger al supuesto de «riesgo psíquico para la madre».
Uno de tantos.
Uno de los casos más llamativos y por el que el
Colectivo Manos Limpias interpuso una denuncia –aún sin resolución– en abril de
2011, lo protagoniza Camila –seudónimo de la mujer afectada–.
Embarazada de más
de 21 semanas, acudió a la Clínica Dator para interrumpir la gestación.
Superadas las 14 semanas, sólo podía acogerse al supuesto de «riesgo grave para
la salud psíquica de la madre».
El informe arranca igual que los ya citados:
«Ansiedad, taquicardia, pensamientos depresivos...».
En lo que se refiere a su
situación personal incluye que «su pareja ha desaparecido, ella trabaja en una
casa de externa (...) y teme intensamente perder su empleo si sigue con el
embarazo. (...)No se siente capaz ni económicamente ni emocionalmente de asumir
un segundo hijo sola.
Otro hijo, ahora y en sus circunstancias, rompería su
proyecto vital».
Tiene el mismo diagnóstico que el caso anterior:
«Reacción de
adaptación con características emocionales mixtas y estrés psicosocial grave».
Tras su encuentro con el facultativo de la Dator, Camila decidió no abortar y
ahora es madre de un niño.
Poco después de su decisión, la mujer, de 43 años,
acude a otro psiquiatra para comprobar si el diagnóstico de la clínica era
correcto y, como refleja la denuncia, el doctor José Carlos Mingote discrepa.
Es más, en su análisis afirma que «no presenta patología grave de la
personalidad», tampoco tiene «ningún síndrome clínico grave». Asimismo, en su
exploración concluye que el sentimiento de tristeza no proviene de su estado,
sino de los recuerdos que guarda de su madre porque «siente mucho su falta» y
se siente mal «por no haberse podido despedir de ella».
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