M. CALLEJA/ MADRID
La
vicepresidenta pide un «cambio de mentalidad» para afrontar un nuevo modelo de
Administración para el siglo XXI
EFE
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros
La reforma de la Administración
requiere un «cambio de mentalidad».
El mensaje es de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,
quien también ha pedido generosidad, responsabilidad, altura de miras... Todo
apunta a una reforma más profunda de lo que muchos pensaban, y en la que el
Gobierno quiere trabajar a fondo para transformar las Administraciones Públicas
y empujar así a una nueva etapa de crecimiento económico con un sector público
mucho más ajustado y racional.
Santamaría ha
advertido de que esta reforma no se hace en una hora. Mensaje dirigido a
los que meten prisa, como la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre,
que exige un cambio radical cuanto antes. Lo cierto es que antes del 30 de
junio debe estar el informe en el que trabaja la Comisión para la Reforma de
las Administraciones.
La ordenación
de las competencias será una parte
fundamental de las reformas. Se acabarán las duplicidades, los solapamientos y
la prestación de servicios sin financiación. Pero la reforma llegará mucho más
alla, y puede tocar la espina dorsal de la estructural territorial y autonómica
del Estado. Todos tendrán que ceder, la Administración General, pero también
las Comunidades y los ayuntamientos. El control del gasto (del despilfarro) de
las comunidades será mucho más estricto.
Con la reforma se
pretende revisar por completo las trabas burocráticas que dificultan la
tramitación de los procedimientos administrativos con el fin de conseguir una
mayor simplificación que redunde en beneficio de los ciudadanos y empresas.
También se
identificarán actividades de gestión que, por ser similares o de la misma
naturaleza, puedan desempeñarse de forma unificada o coordinada, aprovechando
así en mayor medida los medios públicos. Pero además se hará un análisis
preciso de los entes que configuran la Administración institucional, para
eliminar todo lo insustancial, unificar y mejorar los realmente válidos.
En la reforma de la
Administración se incluye el Anteproyecto de Ley para la racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, que será remitido a las Cortes
Generales en el mes de julio, y que supondrá un ahorro estimado de 8.000
millones de euros entre los años 2014 a 2015. Supondrá un cambio de mentalidad
en los ayuntamientos, con una ordenación de tareas, servicios y financiación.
La Ley persigue cuatro objetivos
principales: clarificar competencias municipales para evitar duplicidades,
racionalizar la estructura organizativa, garantizar un control financiero y
presupuestario más riguroso y favorecer una regulación favorable a la
iniciativa económica privada. Para ello, la norma incide en la estructura de la
administración local buscando el equilibrio financiero, la eficiencia en
el ejercicio de sus actividades y una mayor profesionalización en toda la
función local, tanto la desempeñada a nivel político como a nivel
administrativo.
El número de asesores se reducirá en función de la población de los municipios y los
Presupuestos Generales del Estado fijarán los límites máximos de las
retribuciones de cargos electos, los empleados públicos y los directivos del
sector público local. Respecto a los salarios de los empleados públicos se
establecerán baremos para que no haya tantas diferencias entre los funcionarios
de las distintas administraciones.
Enlace articulo original: http://www.abc.es/espana/20130504/abci-gobierno-soraya-administracion-201305032141.html
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