El presidente cita en
La Moncloa a los directores de la Policía, la Guardia Civil y el CNI para
cuadrar sus muy diferentes versiones sobre el estado actual de la banda.
ETA está muerta, acabada y no volverá a
actuar jamás. ETA está inoperativa, muy tocada, pero podría tener capacidad de
reacción. Y ETA solo está hibernada y podría atentar de nuevo. Son las tres
conclusiones muy distintas que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha tenido
estos días y al mismo tiempo encima de la mesa en La Moncloa. Y no son tres
opiniones cualquiera. Son las tres opciones que le entregaron por escrito al
presidente, en sendos informes sobre el estado actual de la banda, los máximos
responsables de los principales cuerpos de seguridad del país: el director del
Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán; el
director general de la Guardia Civil, Arsenio
Fernández de Mesa, y el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó. Como las
versiones eran tan opuestas y contradictorias, el presidente Rajoy optó, en
primer lugar, por intentar poner un poco de orden en esas ideas y les citó a
todos, por separado y con el ministro del Interior, Jorge Fernández, como
interlocutor, en el palacio de la Moncloa. Todos ellos mantuvieron las tesis de
sus distintos servicios de información. No se pusieron de acuerdo. Rajoy tomó
nota y no les reveló a ellos a favor de quién se decantaba. Si es que lo hizo.
La cita del presidente Rajoy con los mandos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvo lugar en La Moncloa a mediados
del pasado mes de abril. Al presidente le habían llegado a su despacho los
informes mensuales que los servicios de información del CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional le
reportan periódicamente sobre el estado de la banda terrorista ETA. Cuando la
situación lo requiere, por alguna noticia o actuación excepcional, esos
informes pueden incluso ser quincenales.
Tras más de
un año de parálisis total desde que ETA ordenó el cese de su actividad armada,
en octubre de 2011, periodo en el que el Gobierno tampoco ha movido ninguna
ficha, la dirección de la banda emitió uno de sus esporádicos y recurrentes
comunicados. Fue el 26 de marzo, en plena Semana Santa, justo cuando Rajoy
estaba en París visitando al presidente francés François Hollande. El
texto llevaba fecha del día 17 de marzo y aportaba, junto a la habitual queja
ante la “actitud negativa y obstaculizadora” del Gobierno español y el francés,
un mensaje nuevo más amenazante: “La disolución del espacio de diálogo
constituye un paso atrás muy claro y traerá
consecuencias negativas, que dificultan y retrasan la resolución del
conflicto”. Rajoy compareció esa tarde en el Eliseo para restar trascendencia a
esa advertencia y para remachar que el Ejecutivo no estaba dispuesto a plantearse
ningún movimiento hasta que ETA anunciase su disolución. Pero los expertos en
la lucha antiterrorista sí tomaron buena nota del aviso. Aunque el problema es
que cada cuerpo policial lo interpretó de forma diferente y según sus
intereses.
El Gobierno
de Mariano Rajoy ni se ha reunido ni se quiere reunir con nadie que esgrima
representar a la banda terrorista ETA. Rajoy no ha dado a nadie ese mandato,
que sí concedió en su día José María Aznar. Pero los terroristas sí pensaron
que ese diálogo sería posible hasta hace poco. Muy poco. En el comunicado de la
banda del 26 de marzo, similar en gran parte al de esta misma semana en sus
reproches sobre los presos, se cuestionaba la resistencia del Ejecutivo de
Rajoy a enviar algún emisario para encontrarse con José Antonio Urrutikoetxea,
Josu Ternera, David Pla e Iratxe Sorzábal, la pretendida comisión negociadora
que se había recluido durante este tiempo en Oslo (Noruega). Era otro lamento
con aviso para entendidos. Ternera, expulsado de ETA por ser considerado un
blando, y los otros interlocutores pedían una cita. No se la dieron. A cambio
se supo que habían sido expulsados en febrero de ese país nórdico de gran
tradición negociadora en este tipo de procesos.
Fuentes de
la lucha antiterrorista en España relacionan precisamente esa expulsión de Oslo
y su traslado a algún lugar de Francia, Bélgica u otro país de centroeuropa a
que todos los interlocutores implicados en este proceso comprendieron que esa
reunión nunca sería posible en las actuales condiciones.
Rajoy lo sentenció posteriormente en
una comparecencia en la que fue interpelado al respecto en el Congreso de los
Diputados: “Para dejar las cosas claras: si esas personas estaban o no en
Noruega, si dejaron o no de estar, nada tiene que ver con las decisiones del
Gobierno que yo presido. Nada que ver”. El Gobierno por ahora ni se reúne ni
dialoga ni cambia su política penitenciaria.
El informe
más duro y menos contemplativo ante las supuestas intenciones de la banda ETA
fue el de la Comisaría General de Información de la policía. Sobre el contenido
de ese texto remitido a Rajoy a mediados de abril ofrece una pista clara el
documento hecho público
este pasado 25 de abril por Europol, la Oficina Europea de Policía:
“Se cree que el grupo mantiene su estructura logística y continúa su función
como organización clandestina (...) Preocupa que los sectores más radicales de
ETA puedan tratar de retomar las actividades terroristas si fallaran en la
consecución de sus objetivos políticos”.
En los días
siguientes, además, la policía francesa informó de un robo de una furgoneta
Renault Máster cerca de Hendaya con el operativo habitual de ETA, se sucedieron
conatos de kale borroka en distintas localidades del País Vasco, y
algunos medios de comunicación en España publicaron noticias sobre un
hipotético repunte de la actividad terrorista. Incluso algunas fuentes de la
lucha antiterrorista planteaban el temor de que ETA estuviese tentada a dar
algún tipo de golpe de efecto o acción aislada para dejarse ver. Esas
especulaciones han sentado especialmente mal a los expertos del CNI, que las
rechazan totalmente y creen que proceden de filtraciones interesadas.
El Gobierno,
y en especial el Ministerio
del Interior, hace tiempo que constata que ETA está efectivamente
más debilitada que nunca, pero no se puede atrever a descartar del todo una
respuesta descontrolada. Esa es la tesis que defiende en su informe sobre el
estado actual de ETA la Guardia Civil. Es también de las mismas fechas,
mediados de abril. Los responsables de los servicios de información de la
Guardia Civil, que son los únicos que mantienen desde hace años unidades
operativas en territorio francés, no son tan pesimistas como los de la policía.
Las fuentes de la lucha antiterrorista que han tenido acceso a ese documento lo
califican de “equidistante y equilibrado”.
Es decir, en
sus conclusiones relatan que ETA está realmente muy tocada y que no tiene
prácticamente capacidad de acción, pero también corroboran que entre su sector
más joven conviven grupos muy radicales que no quieren hacer caso a los
mensajes componedores de los más veteranos, que sí están por la labor de
negociar y cerrar definitivamente la puerta a un eventual regreso de la
violencia.
La señal de
alerta que más alteró la visión de Rajoy sobre cómo de confuso está este
problema se la proporcionó el texto que le remitieron los expertos espías del
CNI. Los estrategas del CNI, con información facilitada por sus servicios en el
exterior y por sus infiltrados en el entorno más cercano de la banda, sí
consideran que ETA se acabó. Y también que ni quiere ni puede volver a actuar.
Rajoy se
quedó desconcertado tras leer los tres documentos de sus expertos en la
materia. Tan solo unos días antes, el 10 de abril, se había
visto en secreto en La Moncloa con el actual lehendakari, Íñigo Urkullu,
que le entregó su plan de reinserción de presos para activar la enquistada
situación en las cárceles. Rajoy mantiene una buena relación política y de
confianza con Urkullu. Pero todavía no le ha respondido a ese plan. No sabe muy
bien cómo actuar en estos momentos.
Rajoy mandó llamar a los máximos
responsables de los tres cuerpos y les pidió explicaciones. No les juntó. Lo
hizo por separado. No le dio la razón a ninguno. Eso sí, les reclamó
información sobre en qué datos o fuentes se basaban para llegar a sus muy diferentes
conclusiones. La Guardia Civil esgrimió la experiencia de sus unidades sobre el
terreno. El CNI, sus espías en el extranjero, sus contactos internacionales y
sus infiltrados. La policía, su desconfianza total hacia todas esas señales.
Enlace Articulo original: http://politica.elpais.com/politica/2013/05/04/actualidad/1367698168_978732.html
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