S.P.
El magistrado instructor sospecha que el
chalé pudo ser financiado por su amigo Orozco. El auto avala la labor de la
UDEF al encontrar un desfase económico.
El magistrado del Tribunal Supremo José
Ramón Soriano hizo público ayer dos autos en los que defiende la investigación
patrimonial de las cuentas conjuntas del ex ministro José Blanco y su esposa,
Isabel Mourenza, así como la actuación de la UDEF en el caso Campeón. De esta
manera el Alto Tribunal rechazó los recursos presentados por la defensa del
mandatario del PSOE contra las últimas diligencias de investigación
practicadas.
En una de estas resoluciones, según
Europa Press, el magistrado señala que las pruebas realizadas por la UDEF,
entre ellas la investigación de las cuentas del matrimonio entre 2006 y 2011
así como la nueva transcripción de las conversaciones telefónicas entre Blanco
y el vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, están justificadas porque
“se hallan en la línea de la investigación del hecho en trance de agotar la
práctica de diligencia con inicial virtualidad esclarecedora”.
Igualmente, defiende las gestiones de la
UDEF en aras a aclarar un presunto desfase en el proceso de compra del chalé de
Blanco en Las Rozas (Madrid) porque “en la causa existen datos para entender
que la casa de Madrid en alguna medida se la debía a su amigo Orozco”, según
conversaciones telefónicas atribuidas a este último. Ello da pie para
investigar, a juicio del instructor de la causa, “si existían recursos
económicos que no procedieran de sueldos, percepciones o ingresos legítimos del
aforado, todo ello dentro de la investigación del delito de cohecho impropio
por percepciones de cantidades dinerarias en consideración a su cargo”.
En términos igualmente duros, el
magistrado Soriano respalda la labor de la policía judicial, criticada
reiteradamente en sus recursos por el abogado de Blanco, Gonzalo
Martínez-Fresneda, pues las incardina dentro de la labor propia de los agentes,
que califica de “responsable y correcta” y realizada “en forma de dación de
cuenta e impulso de la investigación con conocimiento del fiscal”.
En sus recursos, el letrado tachaba la
labor de la UDEF de “prospectiva” por alejarse del origen de la investigación,
que no era otro que el supuesto pago de 200.000 euros a Blanco en una
gasolinera de Guitiriz (Lugo) a cambio de gestiones que se había probado falso
a lo largo de la instrucción según esta parte. A este respecto, el magistrado
que investiga la implicación de Blanco en una presunta trama de obtención
fraudulenta de ayudas públicas afirma que no cabe pasar por alto que las
imprecisiones del denunciante de estos hechos, el empresario farmacéutico Jorge
Dorribo, “no indican que todo lo declarado por este sea falso”.
“A ello se une la anomalía de la parada
del señor ministro en el área de servicio de la gasolinera de Guitiriz para
recoger al señor Dorribo”, según el magistrado del Supremo, a lo que se suma
“alguna conversación telefónica”, lo que justifica que se le investigue en aras
a “determinar cualquier incremento patrimonial llamativo o anómalo, que no
resulta justificado, como dato indiciario de la percepción del dinero que se
dice recibido por el aforado”.
Régimen de gananciales
No obstante, el
magistrado reconoce que, respecto a los hechos presuntamente acaecidos en la
estación de servicio existe una “ausencia de actos incriminatorios después de
una exhaustiva investigación”, lo que favorece la posición de Blanco al
respecto.
Tampoco puede calificarse de diligencia
prospectiva, a juicio de Soriano, el examen de las cuentas de Isabel Mourenza
pues no se investiga a una persona distinta, “sino a la esposa del imputado en
aspectos económicos, habida cuenta de que se halla casada en régimen de
sociedad de gananciales con aquel”.
En un segundo auto se rechaza el recurso
contra la nueva transcripción de las conversaciones telefónicas entre Blanco y
el empresario Orozco porque no producen indefensión en el imputado, “ya que el
cotejo de las transcripciones son elementos instrumentales que facilitan el
acceso al contenido de las conversaciones” y además la defensa ha tenido acceso
a las mismas. A principios del pasado mes de marzo, la defensa de Blanco
solicitó la anulación de las providencias que validaban los trabajos de la
UDEF.
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