El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, durante una de sus
visitas a los juzgados
F. Velasco.
Directivos vinculados a ochos importantes empresas de
construcción declararán ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz a
finales del próximo mes de mayo por la querella interpuesta por Izquierda Unida
al aparecer esos nombres en los conocidos como «papeles de Bárcenas». En
relación con ello, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)
de la Policía Nacional ha elaborado un informe, fechado el pasado 29 de abril,
a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso LA RAZÓN, en el que se analiza ese
extremo y se pone en relación con las adjudicaciones de contratos públicos por
parte de las distintas administraciones, y, especialmente, por aquellas gobernadas
por el Partido Popular.
Llama la atención que los encargados de redactar ese
informe no se han centrado en analizar lo relacionado con el periodo temporal
objeto de controversia, sino que se han extendido hasta finales de 2012, cuando
los populares habían regresado al Gobierno tras las elecciones de noviembre de
2011. Junto a ello, se admite que en los apuntes de las «fotocopias» de
Bárcenas figuran otras personas, además de los empresarios y de los políticos
vinculados al PP que reconocieron haber recibido dinero del partido, al margen
de su sueldo oficial, para distintas «partidas» –ayudar a rehabilitar una
vivienda de una mujer víctima de un atentado de ETA, un préstamo o para
subvenciones de dos fundaciones–, que no ha sido posible identificar. «Figuran
otras personas que, en estos momentos y con la documentación disponible no es
posible su identificación de forma plena», se señala al respecto.
En cuanto a los empresarios que aparecen como
«donantes» del PP, los mismos están vinculados a estas firmas: Constructora
Hispánica, OHL, Obrascón Huarte, Grupo Sando, Sacyr Vallehermoso, FCC, Grupo
Rubau, Aldesa, Sedesa, Copasa, Copisa/Sirigué, Urazca y Azvi. La UDEF realiza
un análisis de «la contratación pública de los aportantes de fondos», del que
no se puede extraer ningún tipo de conclusión. Directivos de las ochos primeras
empresas son los que han sido citados por el juez Ruz en calidad de
querellados.
En todo caso, se constata que en muchos casos las
contrataciones públicas realizadas en periodos de gobiernos del PP disminuyen
en comparación al número de contrataciones realizadas por parte de otras
administraciones públicas, en otros periodos o en administraciones que no
estaban gobernadas por la citada formación política. Así, se observa en este
punto que sólo tres de esas ocho empresas recibieron contratos de
administraciones públicas gobernadas por el PP tras los correspondientes
concursos públicos, de los que no se menciona irregularidad alguna.
En cambio, hay otras cuatro empresas que recibieron
muchos más contratos por otras entidades públicas, ya fuese a nivel central,
autonómico o local, cuando existían gobiernos distintos al popular, mientras
que una quinta recibió prácticamente la mitad y otras tres sí obtuvieron más
adjudicaciones de ejecutivos del PP.
De esta forma, en el informe policial al analizar, por
ejemplo, las contrataciones de OHL, se observa cómo entre los años 2002 y 2009
–periodo al que se refiere el dictamen policial a este empresa– fue
adjudicataria de un total de 615 obras concedidas por las distintas
administraciones, de las que sólo 215 fueron otorgadas por las gobernadas por
el PP. Estos datos indican que sólo el 34,7 por ciento de los contratos
logrados lo fueron bajo gobierno popular.
Un resultado más llamativo es el referido al grupo
Sando, donde en el periodo entre 2002 y 2012, de los 222 contratos sólo 51 lo
fueron por órganos públicos gobernados por el PP, o, lo que es lo mismo, el
86,64 por ciento de su volumen de contratación se produjo con administraciones
regidas por formaciones políticas distintas al PP.
Pero incluso llama más la atención los datos del grupo
de empresas Azvi, ya que en esos diez mismos años, de las 802 adjudicaciones
sólo 21 lo fueron por administraciones regidas por gobiernos populares, lo que
representa un escaso 2,61 por ciento.
En ese mismo periodo de tiempo, la empresa Sacyr
Vallehermoso recibió 377 adjudicaciones públicas, de las que 117 –un tercio del
total– fueron otorgadas por gobiernos del PP; y respecto a Constructora
Hispánica, los datos indican que, prácticamente, la mitad de las contrataciones
las obtuvo por entes públicos gobernados por el PP y por otros partidos. En
cambio, las empresas FCC y Rubau sí lograron más adjudicaciones por parte de
las distintas administraciones cuando eran gobernadas por el Partido Popular.
Enlace articulo original: http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/2107238/espana/la-mayoria-de-empresas-que-aparecen-como-dona
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