Rocío Ruiz.
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(Lomce) que aprobó el viernes el Consejo de Ministros fulmina la polémica
asignatura de Educación para la Ciudadanía que ha generado 55.000 objeciones de
conciencia de alumnos, casi 3.000 procedimientos judiciales reclamando el
derecho a objetar y 400 demandas ante el Tribunal de Derechos Humanos de
Estrasburgo contra el Estado español por vulnerar derechos fundamentales. Pero
la norma no entrará en vigor antes del curso académico 2014-2015, ¿qué pasa hasta
entonces con los objetores, con los que se quedan en el pasillo, en el patio o
en la biblioteca mientras se imparte una asignatura que las familias consideran
adoctrinadora? ¿se seguirá suspendiendo a los objetores? ¿se les impedirá
conseguir el título de la ESO por no presentarse a los exámenes de Ciudadanía?
Porque los alumnos tendrán que «sufrir» esta asignatura hasta septiembre de
2014 en el mejor de los escenarios.
Profesionales por la Ética, una de las plataformas más
beligerantes contra la polémica asignatura considera razonable que, hasta que
la ley entre en vigor, se resuelva la situación académica complicada en que ha
puesto a estos alumnos el «dañino experimento ideológico» del PSOE en las
aulas. Por eso piden que, durante la tramitación parlamentaria en el Congreso,
se incorpore una disposición transitoria en la Lomce en la se anulen todos los
efectos académicos indeseables que ha generado la objeción a esta asignatura a
cientos de alumnos.
Así, proponen que la ley incluya tanto para los alumnos
de Primaria como de Secundaria que «cuando el alumno haya alcanzado todas las
competencias que la ley establece para la etapa, aun cuando por razones de
conciencia no hayan cursado las asignaturas de Educación para la Ciudadanía en
su expediente se señalará que el alumno ha alcanzado todos los objetivos de esa
etapa educativa». También proponen que cuando el estudiante tenga una
evaluación negativa a causa de su negativa a cursar dicha materia «promocionará
al curso siguiente aun cuando tenga evaluación negativa en tres materias por
considerar que el suspenso de Ciudadanía no le impide seguir con éxito el curso
siguiente».
Profesionales por la Ética pretende que estas medidas
tengan efecto retroactivo para todos los alumnos que hayan terminado esta etapa
educativa con posterioridad a 2006.
Mientras, son muchas las familias y los alumnos que
han sufrido y siguen padeciendo las consecuencias de una asignatura que el
mismo Consejo de Estado admite que ha generado un enorme «conflicto social».
«Mi hija, que es muy buena estudiante, y que ahora se encuentra estudiando el
Bachillerato de excelencia, pasó un verdadero calvario con la asignatura cuando
se encontraba estudiando 2º de la ESO. Decidió objetar a Ciudadanía, y no fue a
ninguna clase, pero para que el centro no viera ningún tipo de mala voluntad
decidimos que la niña se presentara al examen. Sacó un 6,8, pero finalmente la
suspendieron con un 4 con la excusa de que no había ido a clase en todo el
curso», explica Alicia Rubio, una madre objetora, además de profesora en un
instituto madrileño. Su pelea no terminó aquí, «decidimos acudir a la
inspección y el día 1 de septiembre me comunicaron que mi hija seguía suspensa
y que al día siguiente tenía el examen de recuperación. Mi hija se puso muy
nerviosa y, al final, acordamos que no se presentara». Alicia decidió entonces
recurrir a la vía contenciosa y, después de dos años, un juez acabó dándole la
razón y reconociendo su aprobado. «El instituto nos pidió disculpas pero mi
hija lo pasó fatal durante este tiempo. Pudimos comprobar que muchos profesores
habían hecho de comisarios políticos por pura ideología».
Otro hijo de Alicia también se vio perjudicado por
objetar. «Tenía todo el curso aprobado excepto Ciudadanía por objetar. No pudo
matricularse en junio de las optativas que quería porque, al tener una
suspensa, tenía que esperar a septiembre. Para entonces esas optativas, que
eran las que más exito tenían, ya estaban cubiertas por los alumnos que
aprobaron en junio». Alarmante es el caso de dos alumnas del instituto público
de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) se quedaron en 2011 sin el título de la
ESO por la objeción de sus padres a las asignaturas de Educación para la
Ciudadanía (3ºESO) y Educación Ético-Cívica (4ºESO). Los progenitores
decidieron que sus hijas no cursaran ambas materias porque les adoctrinaban
sobre cuestiones morales contrarias a las suyas. Las alumnas, que empezaron 1º
de Bachillerato con una «matrícula condicionada», tuvieron que inscribirse de
nuevo en 4º de Secundaria para adquirir todos los conocimientos necesarios para
superar la etapa.
Al tener pendientes las dos asignaturas, la obtención
del título de ESO dependía del criterio docente. Entonces los profesores
argumentaron que las alumnas carecían de las competencias básicas y los
objetivos generales que les harían merecedoras del título. Los conocimientos
que argumentaron que les faltaban eran los relativos a la Constitución o el
sistema de partidos políticos. María Menéndez, otra madre de familia, tuvo que
cambiar a sus hijos del centro en el que estudiaban en Madrid después de que el
director la amenazase con que si sus hijos objetaban a la asignatura se les iba
a dar por suspensos y no iban a conseguir la titulación. «Hasta los propios
compañeros decían a mis hijos: ¿qué le has hecho a esa profesora para que te
mire siempre con cara de perro?», dice María. «Aahí quedan los suspensos, los
días en los que nuestros hijos se quedaron en los pasillos mientras se daba
Ciudadanía, o en el patio pasando frío...Ahí queda todo lo que hemos luchado en
los tribunales porque no adoctrinen a nuestros hijos. Hasta que no se deje de
impartir Ciudadanía, los objetores seguiremos existiendo».
Un decreto para descafeinarla
Ya dijo la consejera de Educación de Madrid, Lucía
Figar, que la asignatura de Educación para la Ciudadanía ha sido un «quebradero
de cabeza nacional» y hasta que no entre en vigor la Lomce, en 2014, no
terminará la polémica. El Ministerio de Educación se vio obligado a aprobar un
decreto hace meses con el que «descafeinaba» o liberaba de parte de la carga
ideológica a la asignatura. Los editores de libros de texto tuvieron que
introducir separatas en los manuales en las que se orientaba a los profesores
sobre las partes que debían de ser eliminadas según la disposición ministerial.
El nuevo rediseño de la materia no fue del gusto de los objetores, que
consideraron que los cambios introducidos por el ministro Wert no respondían a
sus expectativas. En su opinión, la propuesta del Ministerio de Educación
solamente maquillaba la versión socialista. «Proponer un mero cambio de
contenidos no es de recibo: lo inaceptable es la existencia de una materia con
pretensiones moralizantes».
Enlace articulo original: http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/2330471/sociedad/victimas-del-experimento-de-educacion-para-a-c#.UZh3UaebuM8
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