Una vez estudiadas
las diez últimas declaraciones de renta
GACETA.es | AGENCIAS
El juez José Castro ha
pedido a la Agencia Tributaria que amplíe la investigación sobre la hija del
Rey tras incluir a la causa las diez últimas declaraciones de la Infanta.
Ordena también la declaración como testigos de 25 personalidades que la defensa
del expresidente del Govern balear Jaume Matas, imputado en la causa, había
solicitado para tratar de demostrar la utilidad pública de sus contratos con el
Instituto Nóos.
El juez instructor del caso Nóos,
José Castro, ha decidido ampliar y profundizar la investigación sobre la participación
de la infanta Cristina en la sociedad Aizoon, que compartía con su marido,
Iñaki Urdangarin, para aclarar si pudo cometer delitos fiscales o de blanqueo
de capitales.
Castro, titular del juzgado número 3 de
Palma, ha dictado hoy un auto en el que ordena a la Agencia Tributaria
nuevas diligencias sobre la actividad de Aizoon, el uso de sus fondos, sus
ingresos y sus liquidaciones fiscales, y ha reclamado también un informe sobre
las cuentas corrientes en las que la infanta sea titular o apoderada y su
patrimonio mueble, inmueble y financiero.
El juez basa su petición en el auto de la
Audiencia de Palma que el pasado 7 de mayo dejó sin efecto la imputación de la hija menor del Rey pero
expresó "recelos -dice Castro-" sobre el informe de la Agencia
Tributaria de Cataluña que descartaba que pudiera haber cometido delitos contra
la Hacienda Pública como socia de Aizoon.
Por ello, ordena que se aclaren las
objeciones de la Audiencia y que se practiquen "cuantas diligencias de
investigación" sean precisas para "descartar de plano" que la
infanta Cristina haya sido partícipe del delito fiscal que la Agencia
Tributaria sí atribuye a Iñaki Urdangarin por sus declaraciones de la renta de
2007 y 2008.
El instructor, que también requiere que
se cuantifique "la cuota supuestamente defraudada" por el esposo de
la infanta, ha decidido que las declaraciones del IRPF de doña Cristina que
aportó la Agencia Tributaria sean incorporadas a la causa. Castro aclara que la
prescripción del fraude que se le pudiera atribuir a la infanta se interrumpe
el pasado día 7, una vez que la Audiencia Provincial "hizo patente su
parecer sobre la posibilidad" de que doña Cristina "hubiera cometido
delito fiscal y/o de blanqueo de capitales".
El juez define el pronunciamiento de la
Audiencia como una invitación a "asumir" la investigación del
supuesto delito fiscal y agrega que este ofrecimiento "es sin reservas
aceptado a través" de la resolución dictada hoy.
A Barcerá y Cotino les pregunta si son
diputados
El instructor incluye en su resolución
la petición a la Agencia Tributaria para que adscriba a su juzgado como asesor
"en materia tributaria y de blanqueo de capitales" a un determinado
funcionario de Vigilancia Aduanera al que elogia por su "eficaz
labor" en la investigación. El auto, en su último punto, solicita al
presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, que certifique si el expresidente
de la Comunidad, Francisco Camps, y la alcaldesa de su capital, Rita Barberá,
tienen acta de diputados autonómicos.
Camps y Barberá han sido señalados por
algunos encausados como los responsables últimos de las negociaciones que
condujeron a la celebración en Valencia de tres foros deportivos que organizó
el Instituto Nóos y que la Fiscalía Anticorrupción considera que fueron una
fuente de malversación de fondos públicos.
Por otro lado, Castro requiere a la
representación legal de Diego Torres, el exsocio en Nóos de Urdangarin, que
"se abstenga de presentar cualquier documento que implique una intromisión
en la esfera de la intimidad ajena", en referencia a los correos
electrónicos que viene aportando.
No obstante, descarta establecer una
fecha límite para que presenten todos los correos que quiera incorporar a la
causa, como le sugería la Audiencia, ya que aunque en la instrucción se ha
producido "todo el repertorio de desviaciones abusivas de las garantías
procesales", no puede limitar el derecho a la defensa de un procesado.
El juez instructor introduce en el mismo
escrito, que cuenta con veintisiete puntos en su parte dispositiva, la citación
como imputado de Miguel Zorío, un empresario que colaboró con Nóos, el próximo
día 10.
Ordena también la declaración como testigos de 25 de las 35 personas que
la defensa del expresidente del Govern balear Jaume Matas, imputado en la
causa, había solicitado para tratar de demostrar la utilidad pública de los
foros sobre turismo y deporte que organizó el Instituto Nóos en Palma.
Castro desestima además los recursos
contra la admisión como acusación particular del grupo municipal socialista de
Valencia y rechaza el archivo de la causa en relación al exdirector de
Illesport Gonzalo Bernal.
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