La Infanta
Cristina en una imagen reciente por las calles de Barcelona.
- La decisión ha sido votada por
dos de los tres jueces
- Dejan la puerta abierta a un
posible delito fiscal
- Exigen a Castro que pida los
mails a Diego Torres
María
Fuenteálamo | Eduardo Colom
| Palma
La Sección
Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha emitido un auto, que ha
notificado esta mañana a puerta cerrada, por el que suspende la imputación de
la Infanta
Cristina. Esta decisión de dejar sin efecto la imputación ha sido
votada por dos de los tres jueces que conforman la Audiencia, tan solo el
magistrado Juan Jiménez se ha mostrado a favor de mantener la
imputación.
En cualquier
caso, la sala ha acordado "estimar en parte el recurso de apelación y
dejar sin efecto la citación de la Infanta". Es decir, en su escrito, la
Audiencia anula imputación por la actividad de la hija del Rey en Nóos, pero
deja la puerta abierta al posible delito fiscal.
Con este
escrito, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial deja a la vez abierta la
posibilidad de imputar a la Infanta por el "posible delito contra la
hacienda pública y/o blanqueo de capitales", a la espera de que el juez
reciba toda la información de la Agencia Tributaria.
Además, la
Audiencia pide a Castro que concrete más el supuesto delito fiscal en el
que habría incurrido la hija del Rey.
En el auto,
la Audiencia también ha exigido al juez José Castro que pida los correos
electrónicos al ex socio de Urdangarin, Diego Torres. A este respecto, además
de solicitarlos, la sala le indica a Castro que le imponga un plazo a Torres
y que "cumplido el mismo, no le admita más".
En este
sentido, se "insta a Castro a que requiera a la defensa de Torres y a este
úlitmo para que aporte los correos que, sin tener contenido incriminatorio para
él, pretenda utilizar en su defensa y en perjuicio de otros imputados".
Cooperadora
necesaria
La Sala, con
su presidente en funciones Diego Gómez-Reino como ponente del asunto, ha
estudiado de este modo el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía
Anticorrupción contra el encausamiento de la hija del Rey Don Juan Carlos, que
fue acordado por el juez instructor, José Castro. Una impugnación a la que se
adhirieron la defensa de la propia encausada, de Iñaki Urdangarin, del
secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, y la Abogacía del
Estado.
En su auto
de imputación, Castro, quien dejó sin efecto la citación que acordó para el 27
de abril a la espera del pronunciamiento de la Audiencia, apuntaba hacia la
Infanta como cooperadora necesaria en los delitos que su marido presuntamente
cometió al frente del Instituto Nóos, de forma que sin su presencia en la
entidad así como sin "el aparente y consensuado refuerzo de la Casa
Real", Urdangarin y su exsocio Diego Torres no habrían podido obtener los
fondos de las Administraciones públicas que supuestamente desviaron.
El fiscal Pedro Horrach,
en su recurso de apelación, descartaba que ésta ejerciera una
"influencia delictiva" sobre las Instituciones que contrataron
con Nóos, e incidía en que si los responsables políticos "supuestamente
influenciados" desconocían que la Infanta fuera vocal en Nóos y no trató o
gestionó de algún modo con ella temas vinculados a esta entidad, "¿cómo
podía ejercer aquélla una influencia delictiva?".
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