Ilustración: Luis Parejo
- ¿Está en el ADN nacional? No,
dicen los expertos
- Espoleada por el 'boom'
urbanístico; ahora amenaza a la contratación pública
Olalla Novoa Ojea
| Madrid
En los
tribunales se tramitan más de 1.600 casos de corrupción y no pasa un día
sin que afloren titulares involucrando a
alcaldes, consejeros, partidos políticos, hasta a la Casa Real en procesos
judiciales por abuso de poder. Sólo el paro preocupa más: un 44,5% de los
españoles, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) piensa que la corrupción es una de las grandes lacras del país, por
delante incluso de los problemas de índole económica.
"Los
españoles perciben que somos un país de corruptos", explica Javier Noya,
investigador del Real Instituto Elcano y director del Observatorio de la Marca
España. Aunque el juicio es más duro en casa que en el extranjero, en países
como Reino Unido y Alemania empieza a hacer mella el flujo de noticias desde la
piel de toro, multiplicando la desconfianza hacia lo español.
¿Está la
corrupción en el ADN nacional? No, coinciden los expertos.
"Si la gente que tiene
ejemplaridad, que nos gobierna y marca las leyes, practica la corrupción están
diciendo: 'hazlo tú también'"
Para
empezar, "en el caso español, si comparamos las percepciones de la corrupción
y las experiencias personales de los ciudadanos hay una gran disonancia",
precisa Víctor Lapuente, especialista en temas de administración pública y
corrupción del Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de
Gotemburgo (Suecia). A diferencia de lo que ocurre en otros países, como Grecia
o Rumanía, la vida diaria no está mediatizada por el pago de sobornos o
corruptelas en servicios básicos, como la educación, la sanidad o la seguridad
ciudadana. En las bajas esferas estamos 'limpios'. El problema no es la
corrupción administrativa, sino la corrupción política.
Tampoco es
un problema nuevo. Los casos que ahora salen a la luz con tanto revuelo
"se desarrollaron desde la expansión económica, a partir del año 93" vinculados
en especial al terreno urbanístico, señala Manuel Villoria. El catedrático
de la Universidad Rey Juan Carlos y Director del departamento de Gobierno y
Administración Pública del Instituto Ortega y Gasset constata que "más que
a nivel del Estado, la corrupción se ha concentrado a nivel autonómico y
sobre todo local, donde hay menos controles y más discrecionalidad".
Recalificar terrenos era una forma fácil y relativamente 'segura' de ganar
dinero rápido con pocos riesgos.
Manifestación contra la corrupción en febrero en Madrid. |
A. Heredia
¿Qué pasará
ahora que el sector de la construcción ha colapsado? "La corrupción se ha
desplazado a otras áreas, probablemente la contratación pública, las
concesiones, las privatizaciones...", enumera Villoria, que incide en los
problemas de la falta de transparencia en las adjudicaciones y de las famosas
'puertas giratorias', cuando los políticos pasan a trabajar en empresas del
sector donde anteriormente ejercía su cargo público.
En el
ranking que cada año elabora la organización Transparencia Internacional sobre
percepción de la corrupción España aparece a la altura de Botsuana, estancada
en torno a la posición número 30 del índice y por detrás de la mayoría de la
antigua UE de los 15.
¿Quién no ha usado nunca un 'enchufe'?
"Con el
'boom' se hizo la vista gorda, crecieron las oportunidades, pero eso también
indica que la corrupción no está en nuestros genes, no está en nuestra
cultura. No debemos resignarnos a esa idea", afirma Lapuente, que cree
que la gente responde a los incentivos. Villoria coincide: "Yo creo que no
somos peores que los ingleses o los suecos. El español ve claramente lo que
esta bien o mal, es muy riguroso. No hay grandes diferencias en cuanto a las
actitudes frente al crimen, otra cosa es que, como todo el mundo lo hace, a la
hora de ponerlo en práctica la cosa cambie".
"El Estado nos ha convertido en
un país de corruptos al tratar al ciudadano como un estafador, imponiendo sanciones
y cargas desproporcionadas"
El quid de
la cuestión está en los mecanismos sociales que pueden poner en marcha un
dominó corrupto: "La gente hace lo que cree que los demás hacen. Si la
gente que tiene ejemplaridad, que nos gobierna y marca las leyes, practica la
corrupción están diciendo: 'hazlo tú también'", apunta Concepción
Fernández, profesora de Psicología Social de la Universidad Complutense de
Madrid.
Así, de poco
sirve aprobar normas si no se cumplen. "Los ciudadanos participan en
actividades corruptas o poco éticas ante la percepción generalizada de que hay
mucha corrupción, de que es posible saltarse las leyes y hasta es justificable.
Esto destruye el armazón de la sociedad y es muy preocupante",
incide Villoria. Por ejemplo, todo el mundo se queja de los 'enchufados' pero,
¿quién, teniéndolo, no ha echado mano de un 'enchufe' alguna vez?
Para otros,
el problema es más profundo. "El Estado nos ha convertido en un país de
corruptos al tratar al ciudadano como un estafador imponiendo sanciones
y cargas desproporcionadas", denuncia Juan Antonio Herrero, director del
Máster en Ética y Política Pública del Centro Universitario María Cristina del
Escorial. En su opinión, el resultado de esta "ingeniería social",
que toma decisiones políticas sin tener en consideración criterios éticos,
genera un "sufrimiento tremendo sobre la población" que deviene en un
proceso de desmoralización y opta por defenderse saltándose las normas.
"Si el Estado fuese justo la gente actuaría de otra manera", insiste
Herrero.
Corrupción para todos los gustos
Esa falta de
ecuanimidad permea también a otros niveles. "Somos un país con mucha
impunidad hacia la corrupción. Ha habido mucha tolerancia desde las altas
esferas, especialmente para la gente que tiene más poder, porque tiene más
posibilidad de escapar de las normas", apunta Fernández. La experta en
psicología social de la Complutense cree en que las consecuencias de este "desmoronamiento
de normas" pueden ser muy graves. "Hay mucho malestar que tiene que
ser encauzado".
"Haría falta un pacto nacional
contra la corrupción y una serie de medidas básicas: reducir el poder de los
partidos, reducir la politización de la Justicia, mejorar la labor del Tribunal
de Cuentas..."
El Banco
Mundial define la corrupción como el abuso de poder para beneficio privado.
"Normalmente identificamos la corrupción jurídicamente perseguible
-soborno, malversación, cohecho...- pero hay otra más sofisticada y compleja de
la que no hay casi información en España", incide Villoria, en referencia
a la financiación de los partidos y la influencia de grupos de presión a
la hora de elaborar leyes y marcar políticas.
¿Qué podemos
hacer? Para Lapuente, la solución "debe centrarse en mejorar la calidad
del gobierno más que perseguir la corrupción con medidas policiales o
especiales, pero esto también puede dar lugar a que el sistema tradicional de
partidos salte por los aires, como pasó en Italia, sin que cuaje una alternativa,
y sea un mal equilibrio sostenido en el tiempo".
Otros van
más lejos. "Haría falta sin lugar a dudas un pacto nacional contra la
corrupción y una serie de medidas básicas: reducir el poder de los partidos
políticos y hacerlos más responsable frente a los ciudadanos, reducir la
politización de la Justicia, mejorar la labor del Tribunal de Cuentas,
establecer un sistema de denuncias...", repasa Villoria, miembro del
Consejo de Dirección de Transparencia Internacional.
Los expertos
coinciden en que la transparencia es fundamental. Sin embargo, la ley que
prepara el Gobierno no se ha librado de las críticas. "Está por debajo
de los estándares internacionales", afirma Jacobo Elosua, cofundador
de la Fundación Civio, volcada en proyectos sobre transparencia y rendición de
cuentas. En su opinión, se queda corta al incluir el silencio administrativo
negativo; por la falta de independencia de la autoridad supervisora, que queda
bajo el paraguas ministerial; al no considerarse el acceso a la informacion como
un derecho fundamental; por la limitación del tipo de documentos que se pueden
solicitar; y exclusiones de entidades como la Casa Real y los sindicatos o
partidos políticos, que parece que finalmente sí estarán incluidas.
Una factura abultada
La corrupción
tiene un claro impacto económico, explica Noya, porque "mina la
legitimación del gobierno y dificulta poner en práctica más medidas de ajuste;
por otra parte, las empresas quieren seguridad jurídica, garantías, a la hora
de invertir en un país". Según el Banco Mundial, la corrupción puede
reducir el PIB de un país en más de un 0,5%, esto es, el equivalente a lo
que ha retrocedido la economía del país en el primer trimestre
del año. "La corrupción actúa como un impuesto regresivo, y castiga a
los ciudadanos más pobres y a las empresas más pequeñas. Restringe el
acceso de los ciudadanos más vulnerables a los servicios y se la vincula con
una menor calidad de los servicios públicos. Representa un gran costo para las
empresas", afirmaba el presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim
recientemente.
La entidad,
además, ha presentado datos muy ilustrativos, recuerda Villoria: "Implica
que hay más gasto público, sobre todo en áreas de infraestructuras, pero reduce
mucho los ingresos públicos. Es como si a los impuestos a las empresas le
aplicáramos una tasa marginal de hasta 10 puntos, y reduce la inversión, sobre
todo a largo plazo, que es la más productiva".
Enlace
articulo original: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/17/espana/1368783277.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario