El ex ministro de Fomento y diputado del PSOE José Blanco. |
Foto: Bernardo Díaz.
- Pide el suplicatorio para
juzgar al ex ministro por tráfico de influencias
- El PP dice que el Congreso
'nunca ha negado un suplicatorio'
- El escrito de 28 folios detalla
indicios de delito a raíz de lo investigado
María Peral | Madrid
El fiscal
del Tribunal Supremo Manuel Dolz ha pedido esta mañana al magistrado José Ramón
Soriano, instructor del 'caso Campeón', la causa abierta a José Blanco, que tramite al Congreso el suplicatorio
necesario para proceder contra el ex ministro de Fomento y ex
vicesecretario general del PSOE por un posible delito de tráfico de
influencias consistente en haber intervenido ante el Ayuntamiento de Sant
Boi para que concedieran a la empresa Azkar la licencia necesaria para construir
una nave de transportes próxima al aeropuerto de El Prat.
Para el
fiscal, lo que hizo Blanco fue "conseguir una resolución favorable a
los intereses particulares de su amigo José Antonio Orozco", que era
vicepresidente de Azkar e íntimo del ex ministro desde la infancia.
El escrito
del fiscal, de 28 folios, se apoya no sólo en las intervenciones telefónicas
que desvelaron las peticiones de Orozco a Blanco para que le ayudara en Sant
Boi y las contestaciones del ex ministro sobre las gestiones que se iban
realizando desde el Ministerio, sino también en los sucesivos informes
desfavorables del técnico municipal encargado de la licencia.
Este
funcionario acabó realizando un dictamen favorable después de que el
alcalde Jaume Bosch, del PSC, recibiera en su despacho al vicepresidente de
Azkar a instancias de Isaìas Táboas, secretario de Estado de Transportes, al
que Blanco pidió que contactara con Orozco para solventar los problemas de la
licencia.
En esa
reunión entre Bosch y el empresario amigo de Blanco "desde fuentes
municipales se rellenó a Orozco un impreso de presentación de documentación en
el que se cambió la nomenclatura formal de la actividad para la que se
solicitaba la licencia sin variar su objeto".
Ello
permitió a Azkar obtener la autorización deseada y, además, sin tener
que desembolsar una cantidad de 175.00 a 500.000 euros que le hubiera supuesto
la instalación de medidas de protección de incendios que le estaban siendo
exigidas por el técnico municipal.
El portavoz
del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, no ha querido opinar sobre el
suplicatorio de José Blanco. Simplemente ha respondido a los periodistas que
"el Congreso nunca ha negado un suplicatorio: nunca ha habido el más
mínimo obstáculo judidicial a la acción de los jueces", informa Luis Ángel
Sanz.
Requerido
por los periodistas por si tenía alguna recomendación o consejo que dar al PSOE
a este respecto, ha evitado entrar en polémicas y sólo ha dicho que "no
voy a dar consejos, porque es muy difícil dar consejos al Partido
Socialista".
Este paso
dado por la Fiscalía se produce después de que el fiscal general del Estado, Eduardo
Torres-Dulce, la autorizara tras consultar a los cuatro fiscales de Sala de
lo Penal, tal y como informa este martes EL MUNDO. [Leálo en ORBYT]
Chalé en Las Rozas
Además, se
ha investigado si Orozco, a cambio de esos favores, hizo aportaciones
económicas a Blanco para la compra y las obras de reforma del chalé que adquirió el ex ministro en la localidad
madrileña de Las Rozas.
En un último
auto, con fecha del 27 de febrero, el juez Soriano indicaba que "en
ausencia de petición de diligencias por parte del Ministerio Fiscal, de la
defensa y del instructor, la aportación de las que se ordenaron a la policía
judicial (UDEF) o ésta pudo haber practicado (...) son suficientes para que el
fiscal y, en su caso, la defensa soliciten el sobreseimiento de la causa o la
petición de suplicatorio por alguno de los hechos investigados".
Antes de dar
por cerrada la causa el juez accedió a las peticiones de la UDEF de
investigar en mayor profundidad la compra y las obras de reforma del chalé
de Blanco en Las Rozas.
La defensa
de Blanco, que ejerce el abogado Gonzalo Martínez Fresneda, recurrió la
semana pasada esta última resolución de Soriano y, unido al recurso, aportó al
juez los justificantes de los pagos de esas obras, ya que de la compra
recordaba que los aportaron el pasado 31 de enero.
Sobre los
gastos en seguridad, la defensa indicaba que tuvieron un coste de 101.395 euros
que pagó el PSOE, gasto que fue "contabilizado y declarado ante
Hacienda, tanto por el partido como por la empresa constructora", mientras
que "la parte de las obras que no se correspondían estrictamente con la
protección del edificio" fueron abonadas por el exministro y su esposa y
costaron 68.440 euros.
Este pago se
hizo en dos veces, la primera, por valor de 30.000 euros, "se realizó mediante
transferencia" y la segunda, de 38.440 euros, "se realizó en
metálico, empleando para ello dinero donado por sus padres", pagos
ambos "reconocidos y declarados".
La principal
queja de Blanco en este recurso se refiere al requerimiento dirigido a la
Agencia Tributaria para que facilite a la UDEF los datos de "los números
de cuenta bancaria y entidad" de Blanco y su esposa durante los años 2006
y 2011, además de aportar los extractos bancarios de las cuentas.
La defensa
considera nula esta diligencia "de investigación prospectiva" por
dirigirse contra la esposa de Blanco, "que no está imputada", y el
hecho de "someter a escrutinio policial los movimientos de todas sus
cuentas" la coloca "en una situación de indefensión total".
La
investigación a Blanco en el Supremo partió de las declaraciones prestadas en
el juzgado de Lugo que investiga estos hechos del principal imputado en la
'operación Campeón', el empresario Jorge Dorribo.
Éste aseguró
que instantes antes de verse con el ex ministro en una gasolinera de Guitiriz (Lugo), entregó a
un primo político de Blanco, Manuel Bran, un sobre con 200.000 euros
en billetes de 500 y que supone que éste dio luego el dinero al entonces
titular de Fomento.
Enlace articulo original: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/12/espana/1363081451.html
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