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La Ley de Transparencia enterrará la opacidad con la que realizan sus
actividades
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El Gobierno quiere extender la ley a todas las entidades que reciban fondos
públicos.
Fernández Toxo y Méndez han hecho de sus sindicatos dos
maquinarias económicas muy poco transparentes
Carmen Morodo. Madrid.
El escándalo de los ERE en Andalucía ha colocado
también en el centro de la polémica a los sindicatos. Según ha informado este
periódico, UGT y CC OO cobraron más de 2 millones de euros a través de
sociedades participadas. Otros casi 3,5 millones fueron para asesorías con
vínculos sindicales y recibieron además casi 30 millones en ayudas del mismo
«fondo de reptiles» de los ERE.
La falta de transparencia con la que los sindicatos vienen
realizando sus actividades desde el inicio de la democracia ha favorecido, sin
duda, que al final puedan producirse situaciones irregulares como ésta. Aunque
las dos principales centrales sindicales lo niegan, en el caso andaluz la juez
Mercedes Alaya insiste en acusarles de haber cobrado sin realizar trabajo
alguno y de haber proporcionado información a la mediadora sobre empresas en
crisis.
La demanda de una mayor transparencia sindical va a
tener finalmente su respuesta en la nueva ley en esta materia que tramita el
Congreso de los Diputados. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría,
quiere que el proyecto no deje ningún margen de duda sobre el compromiso del
Ejecutivo a la hora de la levantar todas las alfombras y de perseguir cualquier
sombra de corrupción. Ella es la que está dirigiendo las modificaciones que se
están introduciendo en el proyecto de ley para perfeccionar sus efectos y
favorecer, además, el acuerdo parlamentario.
En el caso sindical, la intención es que a partir de
la aprobación de la nueva ley tengan que publicar sus retribuciones y rentas,
que dejen de estar en tierra de nadie, sin ni siquiera una fiscalización
obligada por parte del Tribunal de Cuentas. En esa dirección está trabajando el
Gobierno con los grupos parlamentarios en la Comisión Constitucional del
Congreso. El debate, al hilo de la Ley de Transparencia, está centrado en ver
cómo se articula de la manera más efectiva posible la aplicación del sentido de
esta ley a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, ONG y toda
entidad privada que reciba importantes cantidades de dinero público y cuya
labor tenga trascendencia pública y social. Desde el Tribunal de Cuentas han
recomendado que se haga a través de sus correspondientes leyes específicas en
vez de incluir a estas entidades particulares en el proyecto de ley que afecta
al sector público.
Con independencia del citado criterio del Tribunal de
Cuentas, el Gobierno defiende que la Ley de Transparencia sí que afecte a
partidos, organizaciones empresariales y demás entidades que se financien con
fondos públicos, y esto incluye a los sindicatos. El margen es amplio ante la
actual ausencia de controles y de publicidad. Al igual que los partidos, las
centrales sindicales también deberían quedar obligadas a hacer un depósito de
sus cuentas anuales en un registro público. A su fiscalización por el Tribunal
de Cuentas y a la regulación de la publicación de sus declaraciones
tributarias, de bienes y de actividades.
En este estudio sobre cómo ampliar los efectos de la
Ley de Transparencia a otras instituciones que reciben dinero público va a
haber cambios que llegan incluso a la Casa Real, con matices y afectando
exclusivamente a aquellas cuestiones que dependen del presupuesto público. Es
decir, que la nueva norma regulará los gastos de la seguridad o los servicios
que se satisfacen a través de distintos ministerios. Esto incluye al personal
de la Casa del Rey, que está adscrito al Ministerio de la Presidencia; los
edificios que utiliza la Familia Real y que dependen de Patrimonio Nacional;
los relacionados con seguridad y vigilancia dependientes de Interior y los
demás servicios que presten otros ministerios a la Jefatura del Estado. El
Pacto por la Transparencia propuesto por el Gobierno incluye, asimismo, la
creación de un grupo de interés en las Cortes para controlar la actuación de
los «lobbies»; el establecimiento de un código de conducta con actividades,
límites y obligaciones; la reforma del Código Penal para endurecer la sanción a
los delitos de corrupción; la agilización de los procesos judiciales y la
ampliación de periodo de prescripción; una Ley Orgánica reguladora del
ejercicio de las funciones políticas; y una Ley Orgánica de control de la
actividad económica y financiera de los partidos políticos.
Enlace articulo original: http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/1687927/espana/las-rentas-de-los-lideres-sindicales-al-descu
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