Efe | Sevilla
La Guardia
Civil ha cifrado en 50 millones de euros los fondos públicos desviados
en la última fase de la investigación de los ERE fraudulentos, aunque esa cifra
"podría aumentar de manera significativa" a medida que se analice la
documentación incautada en los trece registros realizados.
Estos datos
han sido difundidos por el instituto armado en una jornada en la que la juez
Mercedes Alaya ha tomado declaración a Jesús Bordallo, ex director comercial de
la aseguradora Vitalia en Andalucía, que ha quedado en libertad sin
fianza, y Antonio Albarracín, directivo de esta aseguradora, que lleva más de
seis horas declarando.
Su abogado,
Francisco Rubiales, ha dicho que Albarracín era un mero trabajador y que se
deben pedir responsabilidades por este "enorme fraude" a los
responsables de la Junta de Andalucía.
La esposa de
Albarracín, detenida ayer, se encuentra desde entonces en calabozos policiales
a la espera de comparecer ante Alaya, mientras que en la puerta del juzgado
aguardan el intermediario Juan Lanzas y su abogado, que estaban citados
hoy, al igual que Patrocinio Sierra, esposa de Lanzas; Daniel Ponce, ex
director adjunto de Mercasevilla, y Juan Francisco Trujillo, chófer del ex
director general de Trabajo.
Las
investigaciones de la Guardia Civil en esta segunda fase, en la que han sido
detenidas veintidós personas de varias provincias españolas, han permitido
"descubrir el flujo irregular de dinero que seguían determinados
fondos procedentes de la Junta de Andalucía",
La actividad
de esta organización delictiva se asocia a los delitos de cohecho,
malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales, contra la Hacienda
Pública y falsedad documental, entre otros.
Esta segunda
fase de la operación supone, según el instituto armado, un "importante
paso cualitativo" en la investigación, ya que establece las bases para
identificar a los últimos beneficiarios y responsables de los hechos
investigados en la causa.
El director
general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha dicho en Baeza
(Jaén) que la operación "Heracles" continúa abierta y que están
pendientes "pasos muy importantes", que no ha concretado.
La consejera
andaluza de la Presidencia, Susana Díaz, ha calificado de "llamativo"
el que haya habido imputados que hayan tardado en ser llamados a declarar casi
dos años y ha pedido diligencia a la justicia para que "cuanto antes se
aclaren los hechos".
El
presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ha dicho que los ERE fraudulentos de
Andalucía están "en la puerta del despacho" del presidente de
la Junta, José Antonio Griñán, y ha mantenido que es una trama
"perfectamente orquestada", en la que están implicados el PSOE y
altos cargos de la Junta.
Ataques al honor
El número
dos del PSOE andaluz, Mario Jiménez, ha anunciado que la dirección regional de
su partido pondrá en manos de la Justicia cualquier "ataque al honor"
contra su secretario general, José Antonio Griñán, tras censurar la supuesta
"cacería" puesta en marcha por el PP, que ha tildado de
"obscena".
La
vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, ha indicado en
rueda de prensa que no se trata de un asunto de empresas mediadoras ni de
"cuatro golfos", sino de un "gran fraude" con el dinero de
los desempleados andaluces en el que "los que estaban inmersos eran
responsables y altos cargos del Gobierno andaluz".
El
expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha mostrado su confianza en
que la Justicia acabe lo antes posible su investigación y permita aclarar si es
verdad que se desvió a manos privadas dinero público, tras lo que ha
insistido en que fue su gobierno el que puso el caso en manos de los
tribunales.
El coordinador
federal de IU, Cayo Lara, ha señalado que corresponde a la Federación de
Andalucía decidir si sigue apoyando al PSOE en el Gobierno andaluz tras las
últimas acciones judiciales en el caso de los ERE fraudulentos, pero que cree
que hoy por hoy no están "por romper el pacto" de Gobierno.
Por su
parte, la dirección nacional de CUT-BAI, partido integrado en IULV-CA, ha
acordado solicitar que se incluya en el orden del día de la próxima Ejecutiva
de IULV-CA el asunto de los ERE, que "se debe debatir muy seriamente porque
ahora mismo no se sabe si se está gobernando con corruptos".
Enlace articulo original: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/21/andalucia/1363889379.html
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