Imagen de archivo de un investigador de la FAP contra la
'piratería'. | Sergio Enríquez-Nistal
- Unos publican sus cifras y
culpan al Ejecutivo de no dar un 'mensaje claro'
- Desde Cultura destacan su labor
de apoyo y aseguran que la ley se cumple
- El Gobierno va a 'reforzar' la
'Ley Sinde' y reformará la LPI 'en breve'
Pablo Romero | Madrid
Frente a la "decepción"
de la industria cultural por los resultados de las últimas medidas contra
las descargas no autorizadas en Internet durante el último año, el Gobierno
prepara nuevas reformas normativas encaminadas a luchar contra la
'piratería online'.
Fuentes de
la Secretaría de Estado de Cultura confirman que efectivamente se está
trabajando en una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) -anunciada
ya por el propio secretario de Estado de Cultura el pasado año-
que, si bien no se proporcionan plazos, será presentada "en breve".
De momento,
el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, se ha reunido con
las ocho entidades españolas de derechos de autor para abordar esta reforma,
según el diario ABC, que asegura que en
esta reforma estarán implicados también los ministerios de Industria y
Justicia.
El contenido
de esta reforma de momento no es público. Según una supuesta filtración reciente que no ha
sido confirmada de forma oficial, parte de la reforma estaría encaminada a
modificar el Código Penal para poder convertir en un hecho delictivo la
recopilación de enlaces a descargas no autorizadas, precisamente el hecho
contra lo que pretende luchar la llamada 'Ley Sinde' (aunque por la vía
administrativa).
Esta misma
semana, desde la Secretaría de Estado de Cultura, la directora general del
libro e industrias culturales, Teresa Lizaranzu (que ejerce además como
presidenta de la Sección Segunda de la CPI) anunciaba nuevas modificaciones legales para reforzar el
funcionamiento de la Sección Segunda de la CPI, la llamada 'Comisión Sinde', que es el órgano administrativo
encargado de la notificación y de ordenar la retirada de contenidos que
vulneran la propiedad intelectual en Internet. Esto sucede cuando se cumple un
año de la entrada en vigor de la llamada 'Ley Sinde'.
Entre otras
medidas, se va a permitir que se realicen solicitudes colectivas y sobre
catálogo, en lugar de la obligación de tener que realizar una solicitud a
la CPI por cada obra afectada por 'piratería', para agilizar el proceso.
Además, se
darán pasos para hacer más eficaces la notificación a sitios web con sede
fuera de España, con la ayuda de Bruselas y de las relaciones bilaterales
entre países. Por ejemplo, se va a crear un tablón electrónico para colgar las
notificaciones a las páginas web supuestamente infractoras y que no se
encuentran domiciliadas en España.
Fuentes de
Cultura destacan que las actuaciones van más allá de las medidas coercitivas.
Así, destacan la labor de concienciación social -para lo que consideran
crucial el papel de la propia industria- y el apoyo institucional a la
industria 'legal' de contenidos, traducido en una inversión el pasado año de
5,6 millones de euros y la presencia de los responsables políticos en actos
para dar mayor visibilidad a la oferta cultural, como sucedió en la reciente
presentación de la plataforma 'Yo soy de cine' o el apoyo a plataformas como
Filmotech o Filmin.
Reproches y 'decepción' de la industria
Todo ello, a
pesar de los reproches del sector, que acusa al Ejecutivo de
no haber lanzado un "mensaje claro" ni haber puesto "medidas que
pongan freno" a este fenómeno, afirmaba esta semana la presidenta de La
Coalición de Creadores e Industrias Culturales, Carlota Navarrete,
durante la presentación del informe del Observatorio de
Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales 2012.
La industria
se muestra "decepcionada" por las cifras un año después de la entraba
en vigor de la llamada 'Ley Sinde': en 12 meses se presentaron 363 solicitudes
que denuncian el uso de obras en la Red sin permiso, de las que 248 fueron
archivadas por defecto de forma, se han iniciado 30 procedimientos. En 19 de ellos
ha habido una retirada voluntaria de contenidos, mientras que 15 sitios de
enlaces han cesado en su actividad tras haber recibido una comunicación de
la Comisión, o han retirado -total o parcialmente- los contenidos denunciados.
De momento,
el sector cultural ha aportado nuevas cifras sobre la mesa para justificar su
exigencia de más medidas en contra de esos comportamientos en Internet, y
aumenta la presión al recomendar al Gobierno de EEUU que incluya nuevamente a
España en su lista de vigilancia de países más 'piratas'.
Aumento de notificaciones
Mientras,
las entidades que representan a la industria de contenidos han seguido
notificando posibles infracciones a la CPI. Según varias fuentes jurídicas,
se ha detectado un incremento en la actividad de la 'Comisión Sinde'.
Desde el
pasado día 21 de febrero han llegado varias notificaciones a responsables de
sitios web de enlaces, algunos de los cuales habían sido denunciados
previamente y cuyos casos han resultado desestimados en los tribunales. Desde BufetAlmeida
confirman dicho incremento de actividad. Por su parte, el abogado David
Bravo -especializado en casos relacionados con Internet- ha
comentado al Navegante que sólo esta semana ha tramitado alegaciones en cuatro
casos.
Desde
Cultura responden que lo que está sucediendo es que las notificaciones cada vez
son más rápidas porque, después de un año de funcionamiento de la 'Comisión
Sinde', las partes están más familiarizadas con el proceso y ello se traduce en
una mayor agilidad.
Enlace articulo original: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/02/navegante/1362214507.html
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