Cae una red de militares que estafó a Defensa
EP
Se servían de las indemnizaciones que
paga el Ministerio por cambios de residencia forzosos, en los que abona
mudanzas y dietas.
Un total de 27 oficiales y cinco
suboficiales del Ejército del Aire están acusados de estafar al Ministerio de
Defensa con facturas falsas de mudanzas, una trama liderada por un teniente que
gestionaba la entrega de documentos manipulados para cobrar las indemnizaciones
por cambio de residencia. El presunto cabecilla ideó el fraude e invitó
desde 2008 a otros compañeros, que han acabado imputados como él en la
causa que instruye un juzgado militar.
En concreto, se han encontrado indicios
contra un comandante, ocho capitanes, 17 tenientes, cinco sargentos y un ahora
exteniente, a los que se atribuyen presuntos delitos contra la hacienda militar
y de deslealtad, penados con hasta diez y seis años de prisión,
respectivamente, según el Código Penal Militar. También hay un civil, hermano
del cabecilla, implicado.
El fraude se servía de las
indemnizaciones que paga el Ministerio por cambios de residencia forzosos, en
los que abona mudanzas y dietas. El principal acusado presuntamente ideó
una trama en la que cumplía todos los trámites sin contratar a ninguna empresa:
presentaba presupuestos falsos de tres empresas y después adjuntaba una
factura falsa por las mudanzas, que nunca se hacían. Sin hacer ningún pago,
el militar que se trasladaba cobraba la indemnización, de la que el cabecilla
se embolsaba en torno al 25%.
Según el atestado policial remitido al
juez, al que ha tenido acceso Europa Press, los primeros indicios surgieron de
"forma casual", cuando un encargado de revisar los documentos
aportados para solicitar las indemnizaciones detectó un error en una
factura, por el que convocó a una de las empresas de mudanzas perjudicadas
pensando que se trataba de un simple fallo tipográfico.
Los responsables de esta empresa
descubrieron así que se había estado suplantado su identidad en varias facturas
por mudanzas para las que se habían pedido presupuestos, pero que nunca se
habían realizado. Esta empresa presentó una denuncia en julio de 2012,
representada por la abogada María Luz Jiménez Sánchez, que inició una investigación.
También envió una carta al Ministerio para informarle de la "utilización
fraudulenta de sus facturas y presupuestos" desde el año 2008.
"Vacaciones"
en residencias militares a cambio de no destapar la trama
Antes de que se presentara la denuncia,
y al conocer que el supuesto fraude había sido destapado, el presunto cabecilla
contactó con los propietarios de esta empresa y se citó con ellos en un centro
comercial de Madrid. Allí, según ha explicado, les pidió que no iniciaran
"ningún tipo de acción penal" y les "chantajeó",
ofreciéndole dinero y "unas vacaciones pagadas en Gran Canaria por un mes
en residenciales exclusivos para militares".
En su declaración ante la Guardia Civil,
la denunciante explicó que incluso se les ofreció implicarse en la trama,
realizando facturas sin hacer las mudanzas, por lo que podían tener "un
beneficio de alrededor de 50.000 euros al año".
Los propietarios de la empresa
rechazaron la propuesta y presentaron una denuncia ante un juzgado civil, que
remitió la investigación al Juzgado Togado Militar número 11 de Madrid, que
ha imputado a 31 militares. En un reciente auto, este juzgado ha dispuesto
su inhibición a los Juzgados Togados Centrales, ya que uno de los implicados es
un comandante, que es aforado y por ello no ha sido imputado aún.
Detenciones y
registros
Tras la denuncia, al comprobar la
ilicitud de las facturas, agentes de la Guardia Civil registraron el domicilio
y el lugar de trabajo del principal imputado, en la base aérea de Son San Joan,
de Palma de Mallorca. Fue detenido y puesto en libertad ese mismo día, el
pasado 11 de diciembre.
Según consta en el atestado, encontraron
"diferentes indicios incriminatorios de la confección de facturas y
presupuestos falseados, así como quiénes son sus autores materiales y quiénes
las utilizaban de manera fraudulenta". También aparecieron correos
electrónicos que implicaban directamente a un capitán en la elaboración de
facturas falsas.
Días después, la Guardia Civil también
registró el domicilio y lugar de trabajo de este capitán, en la base aérea de
Zaragoza, a quien se tomó declaración en calidad de detenido antes de su puesta
en libertad. El teniente le había avisado por teléfono, por lo que el capitán,
según reconoció, pudo borrar archivos.
En los documentos encontrados, se
constata que ambos eran presuntamente los encargados de elaborar todos los
documentos falsos por los que se acreditaban unas mudanzas que nunca se
llevaron a cabo y de la que se beneficiaron al menos una treintena de
oficiales.
Los cabecillas se
quedaban el 25%
Estos "ilícitos clientes"
pagaban por estas gestiones a los creadores de la farsa un porcentaje de "alrededor
del 25% del valor de lo presupuestado", según consta en el atestado.
La mayoría de los pagos se hicieron en metálico, según han admitido a la
Guardia Civil, aunque algunos se ingresaron en una cuenta a nombre del hermano
del teniente.
Además de la empresa denunciante
representada por María Luz Jiménez Sánchez, la trama realizó facturas falsas de
otras cuatro empresas reales que, también "de forma totalmente
involuntaria y desconocida", aparecen en los documentos presentados para
solicitar indemnizaciones. También utilizaron "empresas ficticias"
para sus fines, como una supuesta compañía que bautizaron 'Mudanzas Pérez'.
En total, la Guardia Civil considera
acreditado que el dinero obtenido "de las arcas del Ministerio de Defensa
de forma engañosa y fraudulenta" por parte de estos militares asciende a 92.234
euros, aunque no descarta que puedan aparecer "más defraudadores".
De hecho, la abogada apunta que "con toda probabilidad" van a
"aparecer nuevas empresas de mudanzas" y el importe defraudado podría
superar "con creces" la cifra acreditada en la actualidad.
En sus declaraciones ante la Guardia
Civil, los militares presuntamente implicados reconocieron haber recurrido al
teniente para solicitar indemnizaciones por traslado, después de que éste les
ofreciera sus gestiones tras enterarse de sus cambios de residencia o por
recomendaciones de terceros. Entre ellos, hay once con destino en Palma de
Mallorca, además del cabecilla, cinco en Torrejón de Ardoz y cinco en Cuatro
Vientos.
Negocios con una
avioneta en Marruecos
Además, ante la Guardia Civil, el capitán
que realizaba las facturas con el teniente admitió haber recibido un correo
electrónico en el que el teniente le felicitaba por ser "un gato
operativo" y añadía: "A ver si cuando empecemos a subir el
estrecho con golosinas somos tan operativos jeje".
El capitán explicó que el teniente le
comentó que "pensaba hacer negocios con una avioneta civil" porque
"quería traer cosas de Marruecos" que no le comentó
"exactamente" qué era, aunque podía referirse a "drogas"
cuando hablaba de "golosinas".
El teniente es el único de los imputados
del que constan antecedentes. En concreto, fue detenido por la Guardia Civil
en julio de 2009 por los supuestos delitos de detención ilegal y amenazas con
arma de fuego y por la Policía Nacional en enero de 2010 por un supuesto delito
de malos tratos. Además, tiene una infracción al reglamento de circulación por
alcoholemia en diciembre de 2012.
En un comunicado hecho público la semana
pasada, el Ejército del Aire informó de esta procedimiento que, según decía, se
había destapado tras "una investigación interna" en la que se habían
detectado "presuntas actividades irregulares en la tramitación y
liquidación de las indemnizaciones por traslado de residencia" y que había
finalizado con 3 detenidos y 31 imputados. Según indicó, se ha solicitado
la suspensión de funciones para los militares imputados, mientras se resuelven
los expedientes.
Enlace articulo original: http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/cae-una-red-militares-que-estafo-defensa-20130314
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