- Esgrime ante el Supremo que fue por «recomendaciones de la Policía», para sufragar los «gastos de seguridad» de dirigentes del PSOE.
Reproducción de los exteriores del chalet adquirido por el matrimonio
Blanco en diciembre de 2006, situado en la localidad madrileña de Pozuelo de
Alarcón. Hasta ahora, no se ha conocido de dónde procedía una parte importante
del coste de las reformas.
F. Velasco. Madrid.
Cuando el Tribunal Supremo está a la espera de recibir el informe de la
Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre las cuentas de
José Blanco y de su esposa, Isabel Mourenza, entre 2006 y 2011, para determinar
si el patrimonio del matrimonio justifica la compra y las obras de su chalet de
Pozuelo de Alarcón (Madrid), el ex ministro de Fomento en el Gobierno de
Rodríguez Zapatero ha entregado al juez que instruye el «caso Campeón», José
Ramón Soriano, una serie de facturas con las que intenta demostrar que 100.000
de los casi 170.000 euros que costaron las reformas de la vivienda fueron
pagados por el PSOE con cargo a la partida del Ministerio del Interior por
motivos de «seguridad». Y ello, de acuerdo con las directrices de la Policía.
En el documento entregado al magistrado, según informó ayer la Cadena Ser,
las obras estaban relacionadas con la seguridad y las abonó el partido con
cargo a la partida de Interior para sufragar gastos de seguridad de los
dirigentes de todas las formaciones políticas.
En relación con la adquisición de este inmueble, en diciembre de 2006, uno
de los informes de la UDEF, entregado el 24 de septiembre del pasado año,
sostenía que el pago de la vivienda se realizó mediante la entrega de tres
cheques: uno, por valor de 224.528 euros, para la cancelación de la hipoteca,
el segundo, de 1.039 euros, para hacer frente a los gastos de cancelación de la
hipoteca, y el tercero, de 444.431,99 euros, para hacer frente a la cancelación
de la misma. El precio declarado de la adquisición del chalet fue de 670.000
euros.
«Origen desconocido»
Sin embargo, la UDEF sostenía que el precio por el que se vendía era de
900.000 euros, por lo que «el precio declarado» es inferior al real,
«existiendo un desfase de, al menos, 230.000 euros. Esta cantidad, en lo que
constituye uno de los elementos clave del dictamen policial, fue abonado por
los compradores «con fondos de origen desconocido, de los que disponía directa
o indirectamente el comprador y que se ha hecho llegar al vendedor, empleando
para ello una fórmula ajena al sistema empleado para financiar la casa
(mediante cheque bancario)».
Por otro lado, la defensa de José Blanco, ejercida por el abogado Gonzalo
Martínez Fresneda, ha recurrido la decisión del instructor de la causa de pedir
a la UDEF el informe sobre relación con un desfase en el proceso de compra de
la mencionada vivienda.
En opinión de la defensa, la providencia del magistrado, dictada el pasado
22 de febrero, en la que acuerda recabar tal informe es nula, por la sencilla
razón de que cuando la adoptó la instrucción estaba ya finalizada: «La
instrucción ya está concluida, por lo que genera indefensión para las demás
partes, que no pueden proponer ninguna diligencia». La decisión del magistrado
de da por finalizada la instrucción fue confirmada hace apenas dos días, al
rechazar el recurso de la Fiscalía.
La Policía «toma la manija»
En ese escrito, el abogado del ex titular de Fomento critica que la UDEF
haya pedido los movimientos bancarios del matrimonio Blanco: «Estamos
convencidos de que la Policía encontrará docena y media de diligencias que
proponer después, a ver si esta vez tiene más suerte, y, en cualquier caso,
tendremos que soporte la indignidad de ver en primera página e un periódico
cuestiones que afectan a la vida privada». Las críticas a la mencionada unidad
policial, según el citado medio, no acaban ahí, sino que, por el contrario, van
más allá todavía, al afirmar que «por lo que se ve, ciertas unidades policiales
han tomado la manija del procedimiento».
Tacha igualmente la labor de la UDEF de «prospectiva» por alejarse del
origen de la investigación, que no era otro que el supuesto pago de 200.000
euros a Blanco en una gasolinera de Guitiriz (Lugo) a cambio de gestiones que
se ha probado falso a lo largo de la instrucción.
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