La Guardia Civil les ha solicitado un informe sobre las comisiones percibidas por labores de «asesoramiento»
Francisco Javier Guerrero, Juan Lanzas, Juan Francisco
Trujillo o María José Marcos son los principales nombres de esta trama
J. M. Zuloaga / F.Martí. Madrid / Sevilla.
La Guardia Civil ha solicitado al Ministerio de
Hacienda datos concretos sobre los ingresos que percibieron los sindicatos
Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores en Andalucía, y que
puedan estar relacionados con la investigación sobre los ERE fraudulentos. En
concreto, los agentes rastrean las comisiones percibidas por ambas centrales
por su participación en el asesoramiento de los Expedientes de Regulación de
Empleo financiados con cargo al Presupuesto de la Junta de Andalucía durante
los años 2001 y 2012.
Fuentes de la investigación, consultadas por LA RAZÓN,
no quisieron dar detalles concretos de la solicitud que se ha realizado a
Hacienda en relación con los ingresos de los sindicatos. En cualquier caso, se
trataría de dinero que, por su origen y naturaleza, debería haber sido
declarado. Otra cosa es que se haya hecho o no, dato que se deberá determinar
ahora y las cuantías. Los datos que proporcione a Hacienda permitirán verificar,
una vez realizados los correspondientes «cruces», si se ajustan a los que ya
dispone la Guardia Civil por las diligencias que ha practicado o salta alguna
nueva «sorpresa» en el escándalo de los ERE.
La juez Mercedes Alaya, en el auto que ordenó la
prisión sin fianza para el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín, expuso
que la empresa mediadora había pagado 4.291.384,10 euros a «los entornos» de
UGT y CC OO por su intervención en los ERE. Se trataría de cantidades que
saldrían del presupuesto público en concepto de «sobrecomisiones» y que luego
se introducirían en el circuito financiero a través de empresas pantalla y
testaferros.
En el caso de UGT-A y CC OO-A su participación en los
ERE era conocida. A través de Atlantis Asesores y Temiqui cobraban un
porcentaje que oscilaba entre el 0,5 y el 1 del volumen de la póliza. Se
trataba de servicios de asesoramiento porque participaban en las negociaciones
en representación de los trabajadores afectados. Todas las cantidades salían de
la Consejería de Empleo. En concreto de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social. Así lo reconoció en su declaración ante la instructora
Francisco Javier Guerrero.
Esos importes deberían, posteriormente, declararlos a
la Agencia Tributaria. Eso es lo que quieren comprobar los investigadores. Los
4,3 millones se corresponden sólo a comisiones de operaciones en las que
intervino la empresa Vitalia. En los últimos años, la mediadora Uniter –con
sede en Jerez de la Frontera (Cádiz) y cuyo responsable declarará mañana–
también intervino en numerosos ERE. De hecho, Hacienda informó de que entre
2006 y 2010 ambas empresas percibieron en comisiones de la Junta 34,5 millones.
UGT –al igual que y CC OO– aseguró ayer en un
comunicado que no ha obtenido «en su actuación de defensa de los trabajadores
en los ERE en los que ha intervenido y sigue interviniendo, en toda España y
también en Andalucía ingresos ilegales» de los ERE. Hoy está prevista la
comparecencia en rueda de prensa en Sevilla del Secretario de Acción Sindical en
la Ejecutiva Confederal de UGT, Toni Ferrer, acompañado por el secretario
general de UGT-A, Manuel Pastrana.
En cualquier caso, el negocio era redondo para todos
los intervinientes. Según la magistrada, «la Consejería de Empleo, previo
ofrecimiento de dádivas por el inculpado o a su instancia –Albarracín–,
obviaría la celebración de un concurso público para la adjudicación de los
servicios de mediación de seguros, y permitiría a Vitalia por su gestión de las
pólizas unas sobrecomisiones elevadísimas en relación al precio del mercado,
superiores en un 15 por ciento, que serían soportadas en su mayor parte por la
Junta».
Los sindicatos también sacaban tajada y los
trabajadores se prejubilaban con una póliza de rentas que le garantizaba unos
ingresos mensuales similares a los que tenían cuando trabajaban hasta alcanzar
la edad de jubilación.
Políticamente, la Junta se aseguraba la «paz social»
–argumento utilizado por la Consejería de Empleo en sus alegaciones cuando la
Intervención General alertó de que el procedimiento vulneraba la normativa en
materia de subvenciones–. Hasta 15 informes elaboró el órgano de control sin
que la Junta cambiara. Uno de los destinatarios de esas auditorías era el
actual presidente de la Junta José Antonio Griñán cuando ocupaba la consejería
de Economía y Hacienda en el Gobierno de Chaves.
Sin resultados en la búsqueda del zulo
de lanzas
La búsqueda de dinero en una finca propiedad de uno de
los implicados (ya en prisión), Juan Lanzas, que precisamente perteneció a la
UGT, no ha dado, de momento, resultados positivos. El terreno sobre el que
realizan las pesquisas con la ayuda de un georadar está en la localidad
jienense de Albánchez de Mágina. Según la instructora, el «conseguidor» de los
ERE se apropió de 13 millones de euros de forma presuntamente ilícita desde el
año 1990, cantidad que explica, entre otras cosas, su incremento patrimonial:
cuatro casas y un apartamento en la playa, según se recoge en el auto que
decretó prisión sin fianza para él. La Benemérita trata de hallar 2,7 millones
de euros que esta persona habría amasado con el fraude. Durante un registro en
una de una de sus propiedades en Jaén, un perro adiestrado encontró 82.000
euros en sobres dentro de un maletín que contenía una máquina de escribir.
Enlace articulo original: http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/1618799/espana/hacienda-revisa-los-ingresos-de-ugt-y-cc-oo-p
No hay comentarios:
Publicar un comentario