La Guardia Civil estrecha el cerco de la investigación
tras la última oleada de detenciones.
Juan Ignacio Guerrero es conducido al furgón policial Manuel Olmedo
A. Muriel / J. M. Zuloaga. Sevilla / Madrid.
La principal línea de investigación que sigue en este momento el juzgado
del caso de los ERE, sobre el destino de las sobrecomisiones que se pagaron en
la trama, estalló a primera hora de la mañana. La Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil detuvo a 24 personas, entre las que hay
comisionistas, abogados o testaferros aunque, según pudo conocer este periódico
de fuentes de la investigación, no se descarta que se produzcan más en los
próximos días. Nueve imputados fueron citados a declarar ante el juzgado y se
realizaron 13 registros en Sevilla, Cádiz, Jaén, Granada, Madrid, Barcelona y
Las Palmas de Gran Canaria.
La espina dorsal de la operación son las empresas mediadoras, que cobraron
por intervenir en los ERE comisiones que llegaron en unos casos al 20 por
ciento. De ahí que, entre los detenidos, se encuentren nueve responsables de
Vitalia y de Eurobank en Barcelona. Vitalia, junto con Uniter, eran las dos
principales empresas comisionistas, que se embolsaron, según calculan los
investigadores, en torno a 50 millones de euros. La juez Mercedes Alaya, que se
reincorporó al juzgado hace dos semanas, después de seis meses de baja por
enfermedad, citó también al administrador de Uniter José González Mata.
El hilo que sigue la Guardia Civil es el de la introducción y lavado del
dinero. Para ello ya estaba rastreando más de 400 cuentas bancarias. En este
engranaje ilícito eran piezas importantes una serie de empresas pantalla y un
grupo de «hombres de paja». La Guardia Civil ya detuvo al testaferro Juan
Francisco Algarín Lamela. En esta operación, denominada Heracles, la UCO
arrestó a otro más, Eduardo Leal del Real, administrador de Estudios Agenciales
SL y Atrado Mensajería. Cobró 47 cheques que rondarían los 1,5 millones de
euros entre 2003 y 2007.
La última equis por despejar, y fundamental, es si este dinero volvió a los
que otorgaron las ayudas. No hay que perder de vista que el primer testaferro
ya dijo a la Guardia Civil que ejercía de correo, llevando dinero en metálico
desde Mercasevilla y bares próximos a la Consejería de Empleo hasta una
cafetería en los bajos de la delegación de Trabajo en Sevilla. Fuentes de la
investigación confirmaron a LA RAZÓN que la Guardia Civil ha detectado que las
mediadoras establecían comisiones sobredimensionadas en todos los aspectos, con
el fin de que todos los que participaban se beneficiaran, «incluyendo a altos
cargos de la administración andaluza».
De las detenciones en Barcelona, destacan las de directivos de Eurobank.
También se produjo el arresto del cuñado del conseguidor Juan Lanzas, Ismael
Sierra; de José Luis Leal, hermano del abogado de Estudios Jurídicos Villasís
imputado en la causa; del hijo del hotel Posada del Moro, en Cazalla de la
Sierra, «Goyo» Martínez Piñero, quien, según declaró el ex chófer de Guerrero
en el juzgado, era el encargado de suministrar la cocaína que se pagó
supuestamente a cargo de los fondos públicos; y de la mujer del directivo de
Vitalia Antonio Albarracín. La investigación apunta que de los 24 detenidos, 22
puedan acabar enprisión.
Además del administrador de Uniter, la Guardia Civil citó al juzgado al ex
director general de Empleo Francisco Javier Guerrero; el ex directivo de
Mercasevilla condenado por cohecho Daniel Ponce; el abogado de Estudios
Jurídicos Villasís Carlos Leal; y el conseguidor Juan Lanzas, que aún no ha
pasado por el juzgado. La mitad puede acabar, según fuentes de la
investigación, en la cárcel de forma preventiva. Con más probabilidad: González
Mata y Juan Lanzas. Los registros se practicaron en Jaén capital y Albánchez de
Magina, el municipio jienense del conseguidor Juan Lanzas. Además de en
Sevilla, Madrid o y Jerez de la Frontera, donde tiene sede Uniter.
La Guardia Civil se enfrenta ahora a un trabajo ingente. La investigación
se ha dividido en cinco ramas diferentes. Ayudas sociolaborales; ayudas
directas a empresas; estudio de la gestión de las ayudas y los pagos
realizados; investigación de las empresas mediadoras; y análisis de la forma
con la que trabajaban los supuestos implicados y la forma de abortar los
presuntos delitos que se estaban cometiendo. Precisamente, de la investigación
de las «mediadoras», se permite determinar que «el negocio» se dirigía a
empresas y colectivos de trabajadores. Les ofrecían financiación pública para
llevar a cabo procesos de reestructuración de plantillas. Esta financiación,
que estaba sobredimensionada en todos los aspectos, proporcionaba al empresario
un ahorro importante al no tener que afrontar los cuantiosos gastos que
conllevaban dichas reestructuraciones. Igualmente, los trabajadores admitían
las distintas reestructuraciones al ofrecérseles condiciones muy ventajosas,
vinculadas generalmente a la adquisición de pólizas de seguros que les
confirmaban un sueldo hasta la jubilación, equiparable al que venían cobrando
en su puesto de trabajo.
Enlace articulo original: http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/1563445/local+andalucia/el-reparto-de-comisiones-llego-a-altos-cargo
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