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La jueza tiene abundante información para acometer las nuevas fases tras
hallar la pista del dinero en el entramado de mediadores y testaferros
El material incautado en los registros llegó a los
juzgados Manuel Olmedo
J. M. Zuloaga / A. Muriel. Sevilla.
La Guardia Civil ha entregado a la jueza Mercedes
Alaya, instructora del caso de los ERE irregulares de Andalucía, el resultado
de las últimas investigaciones realizadas, que se recogen en un atestado de más
de 1.400 folios, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto.
La Benemérita incluye en dicho documento las pesquisas
realizadas que permitieron a la magistrada, tras seis meses de baja, reactivar
el sumario de una forma espectacular, con un total de 22 nuevas detenciones.
Actualmente hay seis personas en la cárcel de forma preventiva. Los directivos
de la mediadora Vitalia: Eduardo Pascual, María Vaqué y Antonio Albarracín,
además del ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, el
«conseguidor» Juan Lanzas y su presunto testaferro Eduardo Leal. Un cuñado de
Lanzas, Ismael Sierra, salió de prisión tras reunir en tiempo récord la fianza
de 50.000 euros.
Las citadas fuentes señalaron que el atestado, que se
encuentra bajo el secreto que todavía pesa sobre el sumario, es un documento
pormenorizado, en el que han trabajado decenas de agentes, y que ha permitido
confirmar, prácticamente al cien por cien, las expectativas de investigación
que se había marcado la Guardia Civil en esta fase de las pesquisas.
Tal y como adelantó este periódico, la Unidad Central
Operativa (UCO) se marcó hasta cinco líneas de actuación, que los distintos
agentes que han participado en la operación han seguido con la tenacidad y
rigor que caracteriza a la Guardia Civil, hasta completar el trabajo que se
recoge en los más de 1.400 folios del atestado y que se suma a los más de
26.000 que acumula el caso en manos del juzgado de Instrucción número 6 de
Sevilla. Las cinco líneas de investigación son las relativas a ayudas
sociolaborales; ayudas directas a empresas; estudio de la gestión de las ayudas
y los pagos realizados; investigación de las «mediadoras»; y, finalmente,
análisis de la forma con la que trabajaban los supuestos implicados y la forma
de abortar los presuntos delitos que se estaban cometiendo.
La denominada «operación Heracles» es el resultado de
una de las principales líneas de investigación del juzgado y la Guardia Civil,
centrada en averiguar cómo se repartía y se introducía en el sistema financiero
el dinero proveniente de las abultadas sobrecomisiones. Para ello hay una serie
de actores fundamentales: comisionistas, despachos de abogados, testaferros,
empresas pantalla y también los sindicatos. CC OO y UGT son una pieza más del
engranaje que convirtió los procesos de expedientes de regulación de empleo en
un «negocio». El directivo de Vitalia Antonio Albarracín, en prisión, relató a
la jueza que la mediadora para la que trabajaba pagó a los entornos de los dos
principales sindicatos de clase 4.291.384,10 euros a través de dos empresas
satélites: Temiqui (UGT) y FQT (CC OO). Para propiciar este «negocio» era
imprescindible que la Junta inflara el dinero que pagaba a las aseguradoras.
Éstas a su vez pagaban a las mediadoras y éstos a los sindicatos.
Las amistades peligrosas de Lanzas con
Ruiz Mateos y Zarrías
El vínculo entre Rumasa y el «conseguidor» Juan Lanzas
fue estrecho. En el «holding» de la abeja tuvo el ex ugetista uno de sus
mejores clientes. Sólo por su intervención en cinco ERE del grupo, Lanzas
recibió cinco millones de euros.
La jueza Mercedes Alaya recoge en un auto las
«relaciones» entre la conocida familia de empresarios Ruiz Mateos y el ex
sindicalista, a quien atribuye un «exagerado enriquecimiento» de más de 13
millones de euros gracias principalmente a las sobrecomisiones del 20 o incluso
29 por ciento. Tan estrecho es el vínculo que Lanzas consiguió también
«colocar» a dos cuñados como prejubilados intrusos en Dhul, propiedad de
Rumasa. Es significativa la intermediación de Lanzas en el ERE de Primayor, que
absorbió a antiguos trabajadores de la fábrica jienense Cárnicas Molina, objeto
de uno de los expedientes germen de la trama. En el ERE de Primayor Lanzas
negoció directamente con el ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías. Éste ha
esgrimido en alguna ocasión que su interlocutor era el «representante de los
trabajadores» y por eso negoció con él: «Hice todo lo que estaba en mi mano y
un poco más. Y si había que hablar con el diablo, se hablaba con el diablo».
Enlace articulo original: http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/1674790/espana/la-guardia-civil-aporta-1-400-folios-sobre-el
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